Daniel Portero (Dignidad y Justicia): ‘¿A qué espera la Fiscalía para aplicar la ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’?’
También se pregunta a qué espera la Fiscalía para imponer las directrices de Europa de 2018 para que no se permitan los homenajes a terroristas y que queden impunes
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13/10/2022 13:19
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Actualizado: 13/10/2022 20:36
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El pasado domingo, 9 de octubre, se conmemoraron 22 años del asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero García a manos de ETA, en el portal de su domicilio, en Granada, con 59 años.
Casado y con cuatro hijos, y cuñado del entonces alcalde de Málaga, ejercía, además, como profesor e investigador de Derecho Penal en distintas universidades. Pocos días antes de su asesinato había solicitado protección porque se sentía en peligro.
Desde entonces, su hijo Daniel lucha incansable contra la banda terrorista y por Dignidad y Justicia para todas las víctimas del terrorismo.
Recientemente, ha denunciado en redes sociales que coincidiendo con tan señalado día se celebraba un homenaje al etarra Juan Ignacio Erdoizia Larraza, alias «Axio», -ya fallecido- en Echarri–Aranaz (Navarra). «Uno de los que destrozó la vida a muchos», señala Portero, y critica que la Fiscalía «no hace nada» frente a ello. «En los Colegios Mayores de Madrid si actúa, con las víctimas del terrorismo nada de nada», lamenta.
En el cartel del acto figuraba, en euskera: «43 años desde que fue asesinado por la Policía». Este etarra murió el 8 de octubre de 1979, en San Sebastián, en un tiroteo contra la Guardia Civil. Los agentes repelieron un ataque que los terroristas perpetraban con metralletas.
No es la primera vez que se le homenajea.
En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó, por mayoría, el informe de conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo, en las que pedía expresamente a los Estados miembros que “prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme” y crearan “mecanismos jurídicos para tipificar como delito la apología de un determinado acto de terrorismo, ya que es una forma de humillar a las víctimas y provocar la victimización secundaria”. Sin embargo, siguen produciéndose. Covite ha contabilizado 325 actos de apoyo a ETA en los seis primeros meses del año, un 406% más que en 2021.
Actos que no son solo una humillación a las víctimas, sino también «una peligrosa manera de reescribir la historia y borrar el daño y la condición de terroristas de quienes tuvieron a nuestro país amenazado durante décadas y sembraron el miedo en el País Vasco y en toda España», advierte Maite Pagazaurtundúa, también víctima del terrorismo. ETA asesinó a su hermano Joseba, militante del PSE, en 2003 tras años de amenazas, acoso y agresiones.
Daniel Portero de la Torre, presidente de la asociación Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, analiza en Confilegal la situación en materia de lucha contra el terrorismo en España. «¿A qué espera la Fiscalía para aplicar la ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’?», plantea.
«Salvaríamos 430 asesinatos, incluidos los del 11 de marzo, de una prescripción casi segura», explica.
¿Por qué se permiten en España los homenajes a terroristas y que queden impunes?
La Fiscalía investiga una serie de actos como los del Colegio Mayor, que por supuesto están mal, pero cada vez que hay humillaciones a las víctimas del terrorismo parece como si nosotros fuéramos de piedra y tuviéramos que soportarlo todo.
Me resulta absolutamente paradójico y denigrante para cualquier víctima del terrorismo, y manifiesta una clara actitud de la Fiscalía con una parcialidad que no es su principio dentro del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que habla de la imparcialidad.
Una cierta parcialidad totalmente influida por los medios de comunicación y por las presiones políticas. Porque en el momento en el que el presidente del Gobierno reaccionó sobre los hechos en el Colegio Mayor, inmediatamente la Fiscalía se puso manos a la obra. Sin embargo, cada vez que hay un homenaje a un etarra, no se investiga, salvo que lo denunciemos las asociaciones de víctimas.
Es decir, hay una doble vara de medir que creo que vamos a ver durante muchos años, hasta que cambie la actitud de la Fiscalía porque la dirija un fiscal general o una fiscal general que imponga claramente las directrices de Europa de 2018. ¿A qué espera?
¿Qué es lo que más le preocupa en materia de lucha contra el terrorismo?
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al llegar al cargo en 2018 se comprometió con las víctimas a no acercar presos de ETA con delitos de sangre al País Vasco, pero los ha acercado a todos.
Lo ha incumplido, como prácticamente ha hecho con todo lo que ha dicho respecto a las víctimas. Para nosotros ha sido una decepción absoluta.
Cuando ves que una persona no tiene palabra, alguien que ha sido juez y que ahora es político, te das cuenta de que la judicatura no ha tenido mucho sentido. Y sobre todo porque ves que su actitud ahora es absolutamente proclive a favorecer a su partido de apoyo, que es Bildu. Eso es lo triste.
Entre esos etarras se encuentra Igor Solana, condenado por el asesinato de su padre junto a Harriet Iragi Gurrutxaga como autor material del crimen, mientras que Juan Antonio Olarra Guridi, como inductor del atentado. Ya están los tres en cárceles vascas… A instancias de Dignidad y Justicia, el Parlamento Europeo pidió el pasado mes de abril que se investiguen los crímenes de ETA sin resolver como delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasos se han dado ya en España en este sentido?
El Parlamento Europeo ha dicho que se tienen que buscar todas las vías posibles para esclarecer los asesinatos sin resolver, ya sea de los jefes, de los autores intelectuales incluso aunque no fueran jefes, los colaboradores necesarios… Todas las vías. Sin embargo, esto tampoco se está explorando por mucho que lo haya dicho Europa. El Ministerio Fiscal no está por la labor.
Frente a ello, 24 asociaciones y fundaciones hemos pedido en el Congreso de los Diputados a todos los grupos democráticos que mientras los herederos de ETA, que es Bildu, no ayuden a esclarecer los asesinatos sin resolver, le hagan un «cordón sanitario», mientras sus miembros y los jefes de ETA que se están beneficiando de los acercamientos de presos no colaboren en la resolución de 379 asesinatos que aún continúan sin esclarecer.
En el manifiesto de esta iniciativa recordamos que el Parlamento Europeo cifró en este número los atentados sin autor conocido, casi la mitad del total perpetrados por ETA, y destacó que hasta la fecha no conocía ni un solo caso de miembro de la organización que hubiera colaborado en la resolución de alguno de estos crímenes. Mostró su preocupación por esta impunidad que permiten las instituciones españolas y pidió a éstas que hicieran todo lo posible por contrarrestarla.
Tras cinco años de investigación de la Eurocámara, no hay etarras ni miembros de Bildu que colaboren en el citado esclarecimiento, por lo que entendemos que es necesario hacer algo más contundente. No podemos permitir que una agrupación política amparada por la legislación democrática no coopere en la resolución de los asesinatos. Por eso, hacemos este llamamiento a los partidos a que no comiencen iniciativa parlamentaria alguna de la mano de Bildu. Sus votos de sangre no pueden ser blanqueados por el resto de formaciones.
Ningún partido democrático debe desentenderse de la insoportable situación que sufren las víctimas de estos asesinatos sin resolver que hacen de España un estado anómalo y un paraíso de impunidad terrorista.
¿Y qué iniciativas está llevando a cabo su partido en la lucha contra el terrorismo y en defensa de las víctimas?
El PP ha llevado al Congreso una Proposición No de Ley en esa línea, para su debate en el Pleno, que insta al Gobierno a adoptar, a la mayor brevedad posible, la adopción de acciones para evitar el “blanqueo» de los crímenes de ETA, el de los presos de la organización terrorista y el de sus herederos políticos, así como para garantizar la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia para con las víctimas del terrorismo etarra.
Esta iniciativa es de octubre de 2020, el pasado mes de septiembre la registramos de nuevo y todavía no se ha votado en el Pleno.
En julio de este año también llevamos a la Cámara Baja una PNL, para su debate en la Comisión de Constitucional, por la que se instaba al Ejecutivo a la adopción de determinadas acciones para evitar los actos de violencia política de la izquierda abertzale y se condenara el acaecido contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), en las pasadas fiestas de San Fermín.
El PSOE presentó una enmienda al texto, pedía la suspensión del punto sobre los pactos con el partido de Arnaldo Otegi y la inclusión de un nuevo apartado para apoyar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de sus funciones y en su trabajo continuo en la prevención de cualquier delito, de acuerdo con la legislación vigente.
El PP no aceptó la enmienda del PSOE y la PNL se votó en sus tu términos, siendo rechazada por los socialistas y sus socios habituales. Recibió 16 votos a favor y 18 en contra. Como dijo mi compañera Ana Beltrán, «los cachorros de Bildu se sienten impunes y protegidos por el Gobierno de Sánchez y por el Ejecutivo de Chivite».
Por otra parte, en la Ley Ómnibus que se va a aprobar en la Comunidad de Madrid dentro de poco, se está valorando la posibilidad de que el propio gobierno madrileño se persone como acusación popular contra los homenajes de etarras y humillaciones a víctimas.
En vísperas del 12 de octubre Bildu publicó este mensaje en Twitter: «Frente a los esfuerzos por negar nuestra identidad nacional y la presencia de fuerzas de ocupación, nuestra es la soberanía. ¡Nosotros #Abante! ¡Nosotros #A12NBilbora! El 12 de octubre, en el País Vasco no tenemos nada que celebrar». Lo acompañaron con la imagen de un guardia civil, de espaldas, junto a una maleta bajo el lema ‘Alde hemendik, bake garaia da’ (Fuera de aquí, es tiempo de paz). ¿Qué opina de esto? Los guardias civiles instan a investigar como delito de odio esta campaña de EH Bildu pidiendo su expulsión del País Vasco.
No se podía esperar menos de los herederos de ETA.
ETA asesinó a casi 250 guardias civiles y si contamos los familiares, a 270 personas en total de los 856. Es decir, casi un tercio de las víctimas son de la Guardia Civil. Evidentemente, los herederos de esa asociación que asesinó a tantos agentes no desean nada que tenga que ver con la Benemérita.
Esto es la demostración, una vez más, de que son correa de transmisión de sus antecesores de armas y bombas.
¿Qué frentes judiciales tiene abiertos Dignidad y Justicia?
Ya hemos acabado todos los macrojuicios contra ETA y ahora, principalmente, estamos contra los jefes, contra todas las cúpulas de todas las épocas.
También estamos intentando conseguir que la imprescriptibilidad del delito de terrorismo comience en 1990 y no desde 2010. Dignidad y Justicia ha presentado ante la Audiencia Nacional la ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’ para evitar la impunidad de los crímenes de ETA. ¿A qué espera la Fiscalía para aplicar esta doctrina? El fiscal general ha convocado a la Junta de fiscales de Sala para finales de octubre para analizar la Imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, donde se analizará si tiene que incluir o no a Iñaki de Rentería entre los imputados por el asesinado de Miguel Ángel Blanco.
El informe de la ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’, elaborado por nuestro abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, se apoya en el Convenio Europeo sobre la Imprescriptibilidad de 1974, pero vigente desde 2003, el cual declara la no prescripción de los crímenes de guerra, lesa humanidad y «otras conductas de naturaleza comparable» a las que el Estado quiera dar tal categoría.
Este tratado del Consejo de Europa establece en su artículo 2.2 que cuando el Estado miembro en cuestión lo incorporara a su ordenamiento interno debía aplicarse a todos los crímenes que tuvieran dicha consideración, incluidos los que se hubieran cometido antes, siempre que su plazo de prescripción aún estuviera abierto.
España introdujo la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas en el artículo 131.3 del Código Penal mediante una ley orgánica de 23 de diciembre de 2010, siendo hasta entonces el plazo general de caducidad de estos crímenes de 20 años. Por ello, entendemos que el Convenio Europeo permite retrotraerse esos 20 años desde 2010 para considerar imprescriptibles todos los asesinatos terroristas cometidos desde el 24 de diciembre de 1990, fecha que marca la línea roja divisoria, con lo cual salvaríamos 430 asesinatos, incluidos los del 11 de marzo, de una prescripción casi segura. En concreto, 198 asesinatos perpetrados por ETA, 225 cometidos por yihadistas, cinco del GRAPO y dos del IRA, con lo que serían imprescriptibles.
Esta situación se debe a que el legislador no incluyó expresamente en la reforma penal de 2010 los estándares de imprescriptibilidad del Consejo de Europa…
Fue una oportunidad perdida.
Probablemente, ese silencio de la Ley Orgánica 5/2010, cuando pudo y debió pronunciarse expresamente respecto a su alcance aplicativo, a la luz del artículo 2.2 del Convenio Europeo, sea el mayor daño legislativo ocasionado a las víctimas del terrorismo en este país.
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