Los representantes sindicales de los taxistas han demostrado su descontento con la ausencia de los representantes legales del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en la vista del Tribunal de Justicia en la Unión Europea (TJUE) en la que se discutía la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que podían ofrecer sus servicios en la zona.
Maciej Szpunar, abogado general del TJUE, anunció al finalizar el procedimiento que leerá sus conclusiones sobre el caso el próximo 15 de diciembre.
La AMB había estipulado en su primer Reglamento del AMB en 2018 que se debía limitar el número de licencias para VTC a una trigésima parte de las licencias para taxistas, pero no envió a sus servicios jurídicos a la sala del TJUE a defender esta medida frente a los recursos en su contra, considerados en la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Por este motivo, la falta de sus servicios jurídicos fue especialmente destacada por los sindicatos taxistas, cuyos abogados se vieron en la situación de responder las preguntas del tribunal después de las declaraciones de los representantes de Prestige & Limousine, compañía de Cabify que impugnó el reglamento de la AMB ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Uber.
«Echamos de menos a la AMB porque era una parte fundamental para defender sus propios argumentos, como limitar los VTC a uno por cada treinta taxis, que no fueron expuestos, pero sí fueron defendidos», explica José Miguel Funes, Responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, integrante de la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI), cuyo despacho de abogados, Baño León, la representó en la vista.
Antoni Servós, secretario de organización de STAC (Sindicat del Taxi de Catalunya) tiene menos pelos en la lengua: «Esto es un error garrafal de la AMB», afirma, calificando el gesto de «sorprendente y de mal gusto». «Se ha puesto a favor de la limitación y no entendemos por qué no asistió. Estábamos ahí defendiendo su tesis», dice.
También asistieron a la vista los representantes de las asociaciones Élite Taxi Barcelona y Taxi Project y el abogado de Estado del Reino de España.
Servós explicó que desde STAC se encuentran a favor de las propuestas del Reglamento de la administración metropolitana, además de que mantienen un contacto constante en el que coinciden en la necesidad de regular el número de licencias que necesitarían los VTC para circular por el área. «No creemos que hayan dejado de ir por hacer daño», dice. «Pero si haces un reglamento, debes defenderlo hasta el final».
Los servicios jurídicos del AMB han justificado su ausencia estableciendo que en la vista se discutía el reglamento aprobado en 2018, un documento, según ellos, desactualizado.
QUIEN DEBERIA REGULAR SON LOS AYUNTAMIENTOS
«Posteriormente se aprobó otra normativa, con lo que se considera que estos juicios deberían darse por finalizados», afirmaron, sin especificar lo que habría reemplazado a los términos discutidos por el tribunal europeo. «Con posterioridad a la celebración de la vista oral en el TJUE, se ha recibido la notificación del TSJC en la que se comunica que la petición del AMB se analizará cuando se dicte sentencia», declararon.
Los sindicatos coinciden en que las competencias para regular los vehículos que circulan en las ciudades deberían depender de los Estados miembros de la Unión Europea y, más precisamente, de los ayuntamientos. Funes pone como referencia los reglamentos como el de Aragón, que permite que haya una licencia de taxi por cada 2.000 habitantes en municipios de hasta 50.000 habitantes, una por cada 1.500 habitantes. en los que tengan hasta 100.000 habitantes y una por cada 600 habitantes si ahí viven más de 100.000 personas. «La norma no puede ser exclusivamente para el taxi», dice.
«Lo contrario, la liberalización del servicio, iría en contra del servicio regular del taxi y entorpecería el movimiento en las ciudades», dice Servós, apuntando que este asunto puede definir «la supervivencia de un servicio de interés público».
«Si los VTC no van a tener una regulación de su tarifa, que la tenga del número de licencias», dice, señalando que suelen ser los ayuntamientos los que fijan el precio de los viajes. «Si un algoritmo define las tarifas, parte de la ciudadanía va a perder acceso al servicio».
Además, Servós desestima que regular las licencias atente contra la libre competencia. «Competencia ya nos la hacemos los autónomos que salen a trabajar todos los días», afirma. «FreeNow y Uber trabajan aquí y se les permite trabajar», comenta sobre la supuesta violación del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) . «Cabify sí es de España. Lo que pasa es que hay que garantizar las condiciones de trabajo. Si son de afuera o de adentro, tienen que cumplir las normas».
