Imagen del accidente de tren en Angrois (Santiago) en julio de 2013, en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Foto: EP
La Fiscalía pide una indemnización de 57,6 millones de euros para las víctimas del Alvia
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15/10/2022 06:47
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Actualizado: 15/10/2022 00:12
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El juicio por el accidente ferroviario de Santiago de Compostela que causó 80 fallecidos el 24 de julio de 2013 ya ha completado tres sesiones con la declaración de los dos acusados: el maquinista Francisco José Garzón y el exdirectivo de Adif, Andrés Cortabitarte.
A ambos se les imputan 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 delitos de lesiones por imprudencia grave de lesiones y uno de daños. La magistrada encargada de llevar el caso es María Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal nº2 de Santiago.
La Fiscalía solicitó cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados y una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 57,6 millones de euros.
Este dinero dentro del proceso penal se le requiere a QBE, la aseguradora de RENFE; Allianz Global Corporate, la aseguradora de Adif; Renfe Operadora; Adif; al maquinista y al exdirectivo de Adif.
A pesar de ello, fuentes consultadas por Confilegal que participan en el proceso han manifestado que no creen que finalmente los dos acusados vayan a tener que hacerse cargo de parte del dinero exigido.
Pero esa cantidad podría verse aumentada debido a las reclamaciones que llevan a cabo los familiares de las víctimas y las propias víctimas.
Según fuentes cercanas al caso, no hay una cifra exacta sobre cuánto es el dinero total que se va a pedir de indemnización porque hay muchos afectados.
Además, el importe varía mucho en función del daño causado como, por ejemplo, pérdida de un brazo, fallecimiento de unos padres con menores al cargo, o pérdida de visión. “Algunos de ellos piden entre dos y cuatro millones”.
Por lo que teniendo en cuenta que hay 446 personas perjudicadas que han presentado la reclamación, agrupadas en 154 acusaciones y asistidas por 110 letrados y representados por 47 procuradores, la cantidad solicitada será, de al menos, el doble de lo solicitado en un primer momento.
Además, hay otros 53 perjudicados que no están representados por ningún abogado o procurador y que, por tanto, la acusación la ejercerá la Fiscalía.
Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia, ha expresado su malestar con la justicia tras haber pasado 9 años desde que ocurrió la tragedia. “Una justicia tardía no es justicia”.
Las víctimas ya han conseguido una estimación parcial para que se vuelva a investigar el accidente
Por otro lado, la Plataforma Víctimas del Tren Alvia acudió a Administrativando Abogados para preparar un recurso contencioso-administrativo frente al Ministerio de Transportes y la Comisión de Investigación de accidentes Ferroviarios (CIAF) para que se llevase a cabo una nueva investigación técnica independiente al siniestro.
Sus alegatos se basaron en que, siguiendo el Informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA/ADV/2015-6), publicado el 4 de junio de 2014, la investigación llevada hasta ahora no había sido realmente independiente.
Pues en ella participaron miembros de organismos que se encontraban involucrados en el accidente como RENFE, ADIF y el Ministerio de Transportes.
Se infringió la Ley del Sector Ferroviario
Por lo que, según ha explicado Antonio Benítez Ostos, el letrado que ha llevado el caso, se infringió la Ley del Sector Ferroviario Española, entonces en vigor, y la Directiva Europea 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 29 de abril 2004, de Seguridad Ferroviaria.
Además, en los alegatos se señaló que no se había seguido el procedimiento establecido normativamente, dado que, entre otras irregularidades, “no se escucharon a las víctimas confiriéndoles plazo de alegaciones”.
“El Ministerio de Transportes se negó a dirigir a la CIAF la petición de la plataforma de llevar a cabo una verdadera investigación independiente, alegando que la actual CIAF era diferente a la anterior y que, además, no era posible jurídicamente atender dicha petición dado que no lo admitía el Ordenamiento Jurídico Español”, ha explicado a Confilegal Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados.
Pero la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, el 26 de mayo de 2022, estimó parcialmente el recurso interpuesto y exigió a la CIAF que resolviese por escrito la solicitud de las víctimas.
En España esto nunca había pasado
Además, instó a que la CIAF se pronunciase sobre esta petición a pesar de que el Gobierno no accediese a la renovación de sus miembros. Este hecho fue reclamado por la Plataforma y rechazado por el tribunal.
“Gracias a esta sentencia, nos situamos más próximos a que se inicie y se lleve a cabo una verdadera investigación técnica independiente del que ha sido unos de los peores siniestros ferroviarios de la historia de España. La Plataforma ha conseguido algo inédito, desconocido a la fecha: que el poder judicial exija a la nueva Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que se constituya y analice la petición de las víctimas de una nueva investigación siguiendo el procedimiento legalmente establecido”, señala Antonio Benítez Ostos.
Sin perjuicio de lo anterior, las víctimas han interpuesto recientemente recurso de casación contencioso – administrativo ante el Tribunal Supremo frente a dicha resolución judicial, para tratar de lograr una estimación total de sus pretensiones. Se espera obtener el correspondiente pronunciamiento en un plazo máximo de seis meses.
Este acontecimiento es la primera vez que ocurre en España y, por tanto, no existe jurisprudencia.
El tren duplicaba la velocidad
El accidente de Alvia 04155, que cubría el trayecto Madrid-Ferrol se produjo a las 20:40 horas del 24 de julio de 2013. El tren descarriló antes de entrar en la estación de Santiago en la curva de A Grandeira a 191 kilómetros por hora, duplicando la velocidad permitida. Impactó contra un muro de hormigón y se partió en dos.
El magistrado Andrés Lago Louro asumió la causa desde julio de 2014 hasta que la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó en abril de 2021 el cierre de la instrucción.
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