Víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013 se muestran «indignadas» después de que el juez Andrés Lago Louro rechazase todos los recursos interpuestos contra el cierre de la instrucción. Además, consideran un «insulto a la inteligencia» alguno de los argumentos que da el magistrado en su auto.
Este jueves, el magistrado Andrés Lago Louro confirmaba el término de la instrucción del caso que arrancó por el descarrilamiento de un tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois el 24 de julio de 2013 y que acabó con la vida de ochenta personas.
En octubre, en el auto con el que dio por cerrada la investigación judicial, el magistrado estableció al maquinista, Francisco Garzón Amo, como único imputado por el siniestro ferroviario.
Un total de 12 representaciones legales interpusieron recursos en contra de este auto y ahora, en otro fechado este miércoles y trasladado a las partes este mismo jueves, Lago Louro da cinco días a fin de que las partes «formulen alegaciones», de forma que será la Audiencia Provincial de A Coruña la que resuelva.
En 32 folios, rechaza, uno por uno, la docena de recursos, repitiendo argumentos como el de que «el objeto de la instrucción no es el de practicar diligencias, sino exclusivamente aquellas que (…) permitan preparar el futuro juicio oral». Este es uno de los preceptos más repetidos por el juez, al que las distintas partes posicionadas en la causa demandan nuevas pruebas y testificales.
En su escrito, el juez considera que se practicaron todas las pruebas y se tomaron todos los testimonios necesarios durante la instrucción y descarta, entre otros, el recurso de la asociación de víctimas.
Esta decisión del juez no ha gustado a las víctimas. El portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha señalado al apartado en el que el magistrado alude a que se habían realizado ya «un total de 59 servicios en ambos sentidos todos ellos con el sistema de ayuda a la conducción Asfa», sin que se produjese el descarrilamiento.
Según ha llamado la atención, «existían avisos previos» sobre la peligrosidad de la curva y «ese número de viajes es bajo», para que terminase produciéndose el siniestro, que ocasionó 80 muertes y más de un centenar de heridos.
Domínguez acusa a Lago Louro de hacer un razonamiento «muy subjetivo», para el cual «elige los informes que le interesan», en alusión a la referencia a la simulación del Citef que determinaba que el modelo S-730 podría haber tomado la curva a mayor velocidad que el original S-130 sin haber descarrilado. «¡Cuando ni el Citef tiene los pesos», exclama.
Las víctimas sostienen que el curso que está siguiendo el proceso judicial es «de chirigota» y por ello se ven «indefensos», al negárseles las diligencias solicitadas, y se plantean presentar quejas oficiales contra el fiscal y contra el propio juez.
Ahora, los afectados del siniestro esperan una forma de proceder diferente de la Audiencia Provincial, y recuerdan que el recurso de QBE, la aseguradora de Renfe, fue dirigido directamente a esta instancia, y que la plataforma se adhirió a su escrito. (CONFILEGAL /EP)
