No resulta fácil recoger en una ley todo el catálogo de actividades que pueden desarrollar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen, precisamente, como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Hoy en día el marco material de la actuación policial se encuentra en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como «ley mordaza».
Una ley que fue aprobada bajo el mandato del Gobierno del Partido Popular con el rechazo de la oposición que la llevó ante el Tribunal Constitucional y que ahora se pretende reformar en algunos de sus aspectos más polémicos, como es el caso de las sanciones administrativas por ofensas a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Una reforma que se encuentra atascada en el Congreso de los Diputados a la espera de «condicionar» la aprobación de los presupuestos generales para 2023.
La llamada técnicamente «policía de seguridad» sólo puede actuar cuando la ley la habilita para ello, y ante situaciones de «peligro» real y actual.
Por ejemplo, la policía no puede «retener» a un ciudadano que sale de un bar «por si coge su coche y lo llega a conducir».
El peligro que habilita la actuación policial se tiene que manifestar, en este caso, por un estado de embriaguez susceptible de provocar un daño. Lo que no sucedería si el ciudadano sólo pretendía dormir dentro del vehículo.
Pero la ley no puede prever todos y cada uno de los supuestos de riesgos y de peligros que habilitarán la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y hay que admitir la posibilidad de errores: si los vecinos de un edificio avisan la policía porque escuchan unos extraños ruidos procedentes de una vivienda, y los agentes desplazados al inmueble, una vez informados por los vecinos de que en el piso vive una mujer, comprueban que esos ruidos son reales, y procedena entrar en la vivienda, esa entrada no es ilegal si al final se se trataba solo del llanto del hijo pequeño de la mujer.
El artículo 16.2 de la ley mordaza dispone que las autoridades «adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos».
A LA DISCRECIÓN POLICIAL
Sin embargo, no se especifican las medidas concretas de protección que se pueden emplear, sino que se deja a la discreción policial decidir entre diversas soluciones, sin determinar así cuáles son específicamente las medidas susceptibles de tomar en el caso.
De esta manera la prevención frente a las amenazas que afecten a la libertad e integridad de los ciudadanos, se solapan en la ley con medidas de protección que, paradójicamente, provocan más restricciones en las mismas libertades que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben proteger.
Y es que el presupuesto que justifica la intervención policial (posibilitar el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas), quedó condicionado en esta «ley mordaza» a la concurrencia, en todo caso, del viejo «orden público» preconstitucional.
El mantenimiento del orden público es lo que en esta ley justifica la imposición a la ciudadanos de sanciones muy graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros, en el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación.
¿Cuánto margen de apreciación discrecional es tolerable sobre si existe alteración del «orden público por incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación»?
Son muchas las razones para modificar, por tanto estos y otros puntos de la «ley mordaza». Pero, quizá la más significativa sea erradicar el concepto el “orden público” preconstitucional.
Su expulsión de nuestro ordenamiento jurídico contribuirá a potenciar la noción constitucional de «seguridad ciudadana» como el presupuesto inequívoco y exclusivo de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestra democracia.
