Jesús Rodríguez Márquez, presidente del Consejo de Defensa del Contribuyente, y Joan Torres, presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF).
Los profesionales fiscales reivindican su derecho a equivocarse en las declaraciones sin que sancionen a sus clientes
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15/11/2022 19:09
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Actualizado: 21/6/2023 11:47
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La iniciativa del «derecho al error», por el cual los errores en las declaraciones tributarias no comportarían una sanción inmediata y taxativa, ya se encuentra en manos de la Administración Tributaria, que decidirá si puede incorporarse a la normativa.
«Como mínimo lo están estudiando», afirma Jesús Rodríguez Márquez, presidente del Consejo de Defensa del Contribuyente (CDC), aunque señala que «puede que necesite una reforma».
Rodríguez apunta que dejar de castigar los errores humanos al cobrar impuestos «legitima el sistema», además de ser una medida necesaria «debido a la complejidad del sistema tributario». La sanción «no suele ser tanto una multa como un reproche», reclama.
También los profesionales fiscales pueden beneficiarse de estas medidas. «Entran en contacto con muchos autónomos y hay que manejar los riesgos», afirma Márquez.
En este sentido, una estimación bajo el sistema que no corresponde a las rentas, la falta de información sobre temas que el cliente no sabe que afectan su declaración, como el estado civil o un simple error de cálculo pueden hacer que el profesional sea responsable de una equivocación costosa.
En el caso de la presentación de documentos fuera de plazo, la Ley 11/2021 modificó el artículo 27 de la Ley General Tributaria, tras lo cual los recargos extemporáneos son de un 1% el primer mes, 2% el segundo y así sucesivamente hasta que alcance los doce meses, a partir de lo cual será de 15%
Joan Torres, presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), que propone la iniciativa en conjunto con el CDC, señala que si bien «la Agencia Tributaria multa al contribuyente», este «es quien contrata al asesor y puede reclamarle, incluso por la vía civil».
«Es más una cuestión de prestigio que por tener problemas con la Agencia» en el caso de los profesionales, según Torres, pero eso no significa que se puedan despreocupar, incluso si tienen un seguro de responsabilidad civil que pueda responder en el peor de los casos.
«Hay veces en que se complica probar el dolo, pero debemos partir de base de la presunción de inocencia», explica Torres.
Las propuestas del CDC y FETTAF para incorporar el derecho al error
Inspirado por la jurisprudencia francesa, el documento presentado por el CDC plantea la admisión de «rectificaciones de errores no dolosos tras requerimiento de la Administración» y las actuaciones preventivas que permitan y faciliten la regularización voluntaria, como cartas aviso y visitas preventivas.
«La mayoría de la gente intenta cumplir la ley», dice Rodríguez, apuntando que es necesario tomar en cuenta tomar en cuenta el historial del contribuyente para comprobar si hay dolo en los desajustes de las declaraciones. «La idea es que se permitan tantos incumplimientos involuntarios como se considere prudente antes de que se imponga una sanción».
En este sentido, el historial del contribuyente puede ser una buena referencia para que las autoridades decidan si el desajuste se trata de una simple negligencia y no castiguen a las personas que no han intentado pagar menos impuestos de los que deben. Un equivalente para comprobar la buena voluntad de los profesionales sería comprobar si están adheridos al Código de Buenas Prácticas Tributarias.
Tanto Rodríguez como Torres recomiendan que se instituya un carné, como los de la licencia de conducir, al que se le resten puntos si no se puede comprobar el dolo y dependiendo de la gravedad del error. Una vez que se hayan agotado los susodichos puntos, «no tendría que probarse el dolo», dice Torres, tras lo cual la Administración Tributaria podría sancionar al contribuyente.
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