La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, negó ayer que el gobierno de coalición «ningunee» a la institución por el mero hecho de que promueva leyes que no somete a consulta. Como, por ejemplo, la reforma del Código Penal para aumentar las penas por maltrato animal. Fue durante la presentación de la Memoria 2021 del órgano consultivo.
La presidenta fue muy clara. «No es obligatorio que todas las leyes o anteproyectos pasen por el Consejo de Estado. En teoría, según la norma, lo que sí es obligatorio es todo lo que tiene ver con desarrollo, ejecución, tratados internacionales, Derecho de la Unión Europea, desarrollos de las leyes -es decir, los Reales Decretos- las Ordenes Ministeriales o lo reglamentos que desarrollan una ley».
Pero cuando es facultativo de que pase o no pase, es el Gobierno el que tiene que decidir si lo quiere enviar al Consejo de Estado o no. «Total respeto, es el cumplimiento de las leyes», apuntó la presidenta, en referencia a la última «costumbre» de impulsar algunas de las nuevas iniciativas legislativas directamente a través de los grupos parlamentarios.
Una «costumbre» que ha sido duramente criticada por parte del órgano de gobierno de los jueces después de que, de esta forma, se reformara la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que puedan elegir a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden a este órgano del Poder Judicial.
Por su parte, el consejero permanente, Fernando Ledesma –exministro de Justicia, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y exmagistrado del Supremo– que estuvo presente en la rueda de prensa, hizo hincapié en que en aquellos supuestos donde el informe es obligado, siempre se ha pedido.
Pues “en ningún caso se ha omitido la consulta más allá donde sea perceptiva”, afirmó.
E, incluso, destacó que en 2021, el Gobierno solicitó informes sobre el Plan de recuperación tras la pandemia a pesar de que era un decreto ley donde el trámite no era obligado.
La ley del «sólo sí es sí» sí que pasó por el Consejo de Estado
Asimismo, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley «sólo sí es sí», sí que pasó por el Consejo de Estado. Según relató la presidenta, se hizo una valoración global -que fue positiva- del anteproyecto de ley y, según le consta, se aprobó por unanimidad. «Sólo un voto concurrente y es un dictamen de 128 páginas». Por lo que no creyó que tuviese sentido que la institución tenga que revisar su informe con autocrítica.
Pero Magdalena Valerio se mostró en desacuerdo con las descalificaciones que el Ministerio de Igualdad está llevando a cabo sobre los jueces que están aplicando la ley, llegando, incluso, a tacharles de «machistas».
Y es que, en su opinión, a veces puede haber discrepancias a la hora de adaptar una nueva legislación penal, pero no le gustan las «descalificaciones globales» de un colectivo. Por ello, consideró que lo más responsable es esperar a lo que determinen las audiencias provinciales y el Tribunal Supremo.
