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Están utilizando la Constitución para acabar con la igualdad y con la unidad de España
Manuel Álvarez de Mon Soto, ha sido magistrado, fiscal y funcionario de prisiones. Actualmente es letrado del Colegio de Abogados de Madrid. [email protected]. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
06/12/2022 06:48
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Actualizado: 06/12/2022 11:36
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La Constitución española de 1978 celebra el día 6 de diciembre de 2022 sus 44 años. Se conmemora con diversos actos protocolarios, a los que nunca acuden –con diversas excusas de agenda o sin ellas–, los máximos representantes institucionales de Cataluña y Euskadi. A pesar de que es esta Constitución la que garantiza y hace posible la existencia de esas Comunidades Autónomas.
Esto ya es un motivo grave para desdibujar la celebración, pues significa la desafección con la Constitución de los dirigentes de esos territorios y de los sectores sociales que los votan.
La Constitución no ha logrado cumplir uno de sus principales objetivos, junto con el de la implantación de un sistema democrático, y es el de la integración en armonía de todos los territorios de España, con igualdad de derechos de todos los ciudadanos en cualquier parte del país.
FRONTERAS ENTRE ESPAÑOLES
La unidad formal existe, todavía, pero cada día se ponen más fronteras entre los españoles, por la vía de la desmantelación de los poderes del Estado y por la vía de una política lingüística que arrincona cada vez más al castellano, el idioma común, que llega al máximo en Cataluña con la prohibición práctica de enseñar ese idioma más allá de lo protocolario en los centros de enseñanza públicos.
Un idioma que es el oficial en 21 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay y Venezuela; además de Puerto Rico.
Un idioma que hablan alrededor de 543 millones de personas y que es el cuarto más hablado del planeta después del hindi, muy por delante del inglés, con 360 millones de hablantes nativos. También es el tercer idioma más estudiado del mundo, después del inglés y el francés.
Los políticos separatistas conocen bien el valor de hablar y escribir bien el español. No en vano, muchos de esos políticos envían a sus hijos a estudiar a centros educativos privados donde sí se enseña.
La burguesía económica separatista, aunque algunos se autodenominen «izquierdas», discriminan a las clases populares, la mayoría de ellas castellano hablantes, impidiendo la enseñanza de nuestro idioma común, considerándolo poco menos que una lengua extranjera.
Actualmente esa discriminación se extiende ya a Baleares, cuyo gobierno autonómico preside la farmaceutica socialista Francina Armengol. Y se está introduciendo en la Comunidad Valenciana .
Pero hay otra muy grave discriminación por vía lingüística, y es la relativa al trabajo en el sector público y en el acceso al mismo por oposición o concurso, lo que es ya imposible en la práctica sin titulación máxima en el conocimiento de los idiomas propios de la comunidades autonómas que lo tienen.
Esa exigencia supone cerrar las puertas, sí o sí, no solo a los ciudadanos del resto de España sino también a quienes residiendo en esos territorios no tengan esa titulación, incluso aunque sepan hablar el idioma.
El método es la exigencia expresa de ese nivel o la puntuación meritoria del idioma autonómico en los concursos con una valoración que de hecho se convierte en la única vía de acceso cerrando las puertas a los demás aspirantes.
CONVOCADAS 60 PLAZAS DE INTERINOS EN PRISIONES VASCAS QUE DEBEN SABER EUSKERA
Ejemplo reciente es la convocatoria de 60 plazas de interinos en las prisiones vascas ya transferidas, a las que sólo han accedido quienes poseyeran ese máximo nivel de euskera, dejando fuera a personas con más méritos de titulación e, incluso, y es lo más sangrante, con experiencia de trabajo eficiente en centros penitenciarios, pero sin esa cualificación lingüística aún con conociendo del idioma con nivel B 1 y B 2 .
Todo esto significa que la igualdad entre los ciudadanos y la no discriminación y el derecho de libre circulación que proclama la Constitución, se queda en palabras vacías.
La culpa viene de la nefasta cesión de competencias educativas tal y como se hizo, iniciadas desde la época de la UCD y seguidas después por los gobiernos del PSOE y del PP, siempre por las cesiones al chantaje de los nacionalistas, para tener su apoyo parlamentario, por políticos que adolecen del sentido de estado, que priman sus intereses cortoplacistas, y egoistas y –¿por qué no decirlo?– su ignorancia sobre la realidad de las aspiraciones separatistas.
O su cobardía, lo que es peor, en la defensa de los intereses de todos.
Los «intereses generales», con los que, en ocasiones, se les llena boca.
Por lo tanto, ¿qué tiene que celebrar en el día de hoy quien quiera acceder a trabajar en esas Comunidades Autónomas cuando les cierran las puertas de acceso y no le dejan que sus hijos estudien en castellano?
Todo esto tiene su base en la nefasta regulación del título VIII de la Constitución. Y es consecuencia de su desarrollo, lo que ha hecho a muchos españoles extranjeros en numerosos territorios de España, donde se ha producido una exacerbación de los llamados signos identitários y del egoismo sobre el control del mercado laboral público y privado.
LA CONSTITUCIÓN HA PERMITIDO QUE LOS SEPARATISTAS UTILICEN EL ESPAÑOL COMO ARMA POLÍTICA
La Constitución ha permitido que los independentistas utilicen el idioma de todos como arma política impidiendo su uso, preparando a las nuevas generacioens para otro futuro intento separatista.
Pero algo más grave si es que ya puede serlo, es el desmantelamiento de la protección legal a la Constitución que se está haciendo por el actual Gobierno con sus concesiones a Esquerra Repúblicana de Cataluña.
Con la desaparición del delito de sedición, ya en marcha, y con la proyectada reforma del delito de malversación, argumentando sobre una base de mentira que todo obedece a una «homologación» con la legislación europea.
Sólo los ignorantes pueden creerse esa mentira.
Además se pretende, contrariando a lo ya dicho por el Tribunal Constituciónal en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña de 2010, volver a la cesión inconstitucional de las competencias sobre la justicia o el concierto económico, vía estatutaria lo que la haría irreversible para el Estado.
El fin es acabar con la unidad de España, convirtiéndola, de momento hasta la secesión definitiva, en una mera asociación formal de estados soberanos, eso sí integrados en la Unión Europea.
No voy a analizar el detalle legal de los hechos que estoy reseñando sino solo resaltar que, con la situación actual, y lo que pueda venir, poco hay que celebrar en el aniversario constitucional.
O el Gobierno y los partidos políticos de ámbito estatal cambian de actitud o los valores de igualdad de la Constitución serán una mera declaración teórica.
Lo mismo que la unidad de España. Una nación llamada a desaparecer, antes o después, mediante la secesión fáctica que se está fraguando. Porque, no nos engañemos, está sucediendo.
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