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Hay que acabar con el reparto de cromos en el CGPJ: soluciones ya, por favor

Hay que acabar con el reparto de cromos en el CGPJ: soluciones ya, por favor
Roberto García Ceniceros, el columnista, es magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona, y vocal de la Gestora Nacional de la asociación Foro Judicial Independiente.
25/12/2022 06:50
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Actualizado: 26/12/2022 08:37
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La teoría la sabemos. La separación de poderes constituye la base fundamental de cualquier democracia. Es necesario un diseño de tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) que se fiscalicen entre sí.

Quien ostenta el poder ejecutivo (Gobierno), ha de atenerse a las normas y al control del poder legislativo, y ambos estarán controlados, a su vez, por un poder judicial independiente, cuya actuación, eso sí, ha de estar sometida siempre al imperio de la ley.

Es decir, un esquema de fuerzas y resortes en perfecto equilibrio.

Pero, para que este sistema funcione, es necesario que existan organismos de control. Cabría plantearse que un Parlamento aprobase una norma contraria a la Constitución, o que un juzgado dictase una sentencia que vulnerase derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional (TC) se configura como uno de esos órganos de control. El TC no es poder judicial, ni tampoco forma parte del poder legislativo, ni del ejecutivo. Es un tribunal “de garantías”, un “árbitro”, para entendernos, entre los tres poderes.

Por eso yerran quienes afirman que estos días hemos vivido una intromisión del poder judicial sobre el poder legislativo. El TC es un órgano formado por 12 magistrados/as, sometidos a un mandato temporal, y nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados (4), del Senado (4), del Gobierno (2) y del Consejo General del Poder Judicial (2).

Nada que ver, por tanto, con los jueces y magistrados, independientes e inamovibles, que integran el poder judicial.

No pretendo pronunciarme sobre si las resoluciones adoptadas esta semana por el TC son correctas o no. La cuestión que este órgano ha tenido sobre la mesa estaba llena de aristas (empezando por las polémicas recusaciones de dos de sus miembros, y continuando por el siempre difuso concepto del “perjuicio irreparable”).

Existen argumentos sólidos a favor y en contra de lo resuelto.

Lo que sí ha de quedar claro es que la situación que se ha dado, consistente en que el TC admita a trámite un recurso de amparo, y suspenda cautelarmente la tramitación parlamentaria de dos enmiendas que modificaban la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aun siendo inusual, no supone ninguna perversión del sistema. Al revés, ha de entenderse como parte del funcionamiento lógico de las instituciones.

Y frente a ello no puede compartirse la afirmación de que el Parlamento, como órgano representativo de la soberanía nacional, no puede ser objeto de limitaciones en el ejercicio de su actividad.

La democracia no se basa únicamente en el gobierno de la mayoría, sino también en el respeto a las minorías. Por eso es necesario cumplir las formas, en la medida en que sirven para garantizar derechos.

Y nótese que, en contra de lo que algunos han dicho, la decisión del TC no supone en la práctica cercenar los debates de las cámaras, sino precisamente lo contrario.

El recurso de amparo presentado por diputados/as del Grupo Popular tiene por objeto la supuesta vulneración de derechos por la inclusión en un trámite legislativo ya en curso de unas enmiendas que, por su naturaleza y contenido, requerirían de un cauce parlamentario diferente, con la debida participación por los miembros de las cámaras y, en su caso, previa emisión de los preceptivos informes.

“Señores, esto no lo pueden aprobar así, de esto tienen que hablar”

Es decir, lo que ha venido a decir el TC al Parlamento no es “señores, de esto no hablen”, sino más bien “señores, esto no lo pueden aprobar así, de esto tienen que hablar”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es otro de estos órganos de control. Por sus especiales y delicadas funciones, no puede quedar encuadrado en uno solo de los poderes: si las competencias del CGPJ se encomendasen en exclusiva al poder judicial, estaríamos creando un búnker o estructura corporativista que podría hacerse impermeable a los valores que informan el ordenamiento jurídico; pero si esas funciones se atribuyesen en exclusiva a otros poderes, el judicial podría ver afectada su independencia, y los poderes legislativo y ejecutivo podrían verse tentados de influir en aquéllos que han de controlarles.

Y de aquí viene todo el conflicto. Seguramente, tienen razón el PSOE y sus socios de gobierno en su crítica a la actitud del PP, que desde hace años se niega de manera contumaz a facilitar la renovación de los vocales del CGPJ, ignorando el mandato constitucional.

Pero la respuesta que se ha dado desde el Gobierno podría estar poniendo en peligro las bases del sistema.

Pretender vencer el bloqueo de la oposición reformando ad hoc la LOPJ para dar y quitar competencias al CGPJ, o para reducir las mayorías exigibles para hacer nombramientos, significa, cuando menos, querer matar moscas a cañonazos.

Pero, sobre todo, supondría aceptar que los organismos de control puedan tener un perfil partidista monocolor, y legitimar que una mayoría parlamentaria “pase el rodillo” para hacer nombramientos de cargos especialmente sensibles.

Todo se simplifica y radicaliza hasta el absurdo

Y, ante semejante situación de conflicto, los/as ciudadanos/as hemos tenido que asistir, entre indignados y atónitos, a debates parlamentarios y cruces de declaraciones entre responsables políticos que provocan verdadero bochorno.

Todo se simplifica y radicaliza hasta el absurdo. Cada bando se agarra a su media verdad como un clavo ardiendo, en un ejercicio binario y carente de toda mesura. Y con todo, el CGPJ está ya en situación de colapso, y el TC va camino de ello.

Sin embargo, ahora más que nunca, conviene decir que entre estos dos bandos hay más puntos de unión que los que ellos mismos están dispuestos a reconocer. En mi opinión, sería un error querer analizar quién tiene razón.

Hay que denunciar que, en el fondo, ambas posiciones encarnan la misma concepción del poder. El perpetuo enroque del PP se explicaría por su voluntad de que la composición de los órganos de control (TC y CGPJ) se mantenga como está, hasta el momento en que alcance el gobierno.

La postura del PSOE parece consistir en el empecinamiento de quien se cree con derecho a influir decisivamente en esa composición de los órganos de control, y pretende ejercer esa potestad por encima de todo.

Si el PP lo hizo en su momento, por qué no he de poder hacerlo yo ahora”, debe pensar.

En el fondo, la postura del PSOE se ajusta bastante a la del senador popular Sr. Cosidó, cuando en aquel mensaje de whatsapp de 2018, expresó aquello de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo “desde atrás”.

En definitiva, se trata de poder “poner a los míos” cuando tengo la ocasión para ello.

No se trata de poner a los míos

La cuestión no es si es el PSOE o el PP quien tiene la razón, ni si uno tiene más razón que el otro. El problema es que los dos creen que, ganando las elecciones, tienen derecho a definir la composición de los órganos constitucionales de control (TC y CGPJ), y diseñar una hoja de ruta partidista acorde a sus propios planteamientos, y libre de ataduras.

Y no debería ser así.

No es que quien pierde las elecciones no acepta su derrota (bueno, quizá eso también), sino que quien las gana se cree con derecho a elegir al árbitro. Y ése es un mal atribuible a los dos grandes partidos (PP y PSOE), como se viene manifestando desde hace décadas.

En lo que se refiere a nombramiento de vocales del CGPJ, aquel escenario que el TC describió como un riesgo que pondría en peligro los valores constitucionales (Sentencia nº 108/1986), no sólo se ha materializado, sino que los dos principales partidos políticos españoles lo han asumido como una situación normal en el funcionamiento del sistema.

Y ello es trasladable también al TC, cuyos miembros siempre han sido elegidos en función de una etiqueta previa de “conservador” o “progresista”.

Ello ha significado que durante décadas estos órganos hayan estado fuertemente politizados, lo que invita a cuestionar todas sus decisiones, al poder interpretarlas desde prismas partidistas (incluyendo, por supuesto, las adoptadas por el TC esta misma semana).

La solución se antojaría fácil sobre el papel.

Según ya apuntó el TC en 1986, la exigencia de 3/5 como mayoría cualificada para nombrar determinados cargos debería servir para que las personas designadas lo fuesen por consenso entre las principales fuerzas políticas, y no por su afinidad a un partido o a otro.

Es decir, sería deseable que cada electo/a gozase por sí mismo/a de la aprobación y conformidad de la mayoría, y no que el resultado final de los nombramientos obedezca a un indecente “reparto de cromos”, previa asignación de cuotas entre partidos o grupos políticos.

Así tendría que ser siempre. Pero ya hemos visto que ni PP ni PSOE están por la labor.

La solución no está en cambiar una mayoría «conservadora» por otra «progresista»

Pero, sobre todo, sería equivocado pensar que la actual situación de bloqueo en que nos encontramos se resolverá cambiando una mayoría “conservadora” por otra “progresista”, o viceversa, o impidiendo que ello pase.

Tampoco una decisión del TC diferente de la adoptada esta semana habría cambiado el escenario en ese sentido.

Sencillamente, hay que pasar página y eliminar la enfermedad de raíz.

Es grave que un/a juez o magistrado/a, o un jurista que aspire a un cargo en el CGPJ o el TC, reciba la etiqueta de “progresista”, “conservador” o “moderado”. Más grave aún es que pretenda asumir esa calificación con naturalidad, aceptando como algo inevitable que ello condicionará el ejercicio de su función pública.

Pero lo verdaderamente doloroso es que acepte ese estigma como condicionante previo (y principal mérito) para ser designado/a para un cargo dentro de uno de esos órganos de control, que por su especial naturaleza deberían estar libres del juego partidista.

Es demoledor que hayamos aceptado como rasgo definidor del sistema que, incluso con carácter previo a su mandato, los organismos constitucionales de control, ya sea en su función de árbitro entre los conflictos entre poderes (TC), ya sea como garante de la independencia del poder judicial (CGPJ), hayan de tener predefinida una mayoría “progresista” o “conservadora” que pueda determinar de algún modo el ejercicio de su función. Nos hemos acostumbrado a ello, pero no ha de ser normal.

Los consejos que vienen del Consejo de Europa son claros

La Unión Europea (GRECO, Comisión de Venecia, Comisión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea…) viene exigiendo hace años que el nombramiento de vocales judiciales del CGPJ se haga por elección directa entre los miembros de la carrera judicial. Los no judiciales se mantendrían bajo las competencias del Parlamento.

No se trata de una opción corporativista, sino de que los órganos de control constitucional tengan los necesarios contrapesos para garantizar la separación de poderes. La composición del CGPJ precisa de sistemas mixtos.

No puede ser que el órgano cuya principal función es garantizar la independencia del poder judicial (CGPJ) esté controlado en su integridad por otro poder (Parlamento), que decide en exclusiva sobre su composición, con la consiguiente sospecha de que pueda maniatarlo en el ejercicio de las facultades que constitucionalmente tiene encomendadas.

Y no es difícil poner en relación esta cuestión con la perpetua falta de medios materiales y personales de que adolece la administración de justicia.

Añado otra reflexión. Si yo, como magistrado, puedo participar en la votación de la mitad de los miembros de la Sala de Gobierno de mi Tribunal Superior de Justicia, ¿por qué no he de poder votar a los miembros judiciales del CGPJ?

La pregunta es retórica, porque la respuesta es conocida por todos…

No puedo obviar que desde el ámbito judicial poco se ha hecho lo suficiente para solucionar este problema, e incluso se ha podido contribuir a su cronificación. El CGPJ no ha ejercido con la suficiente convicción las funciones encomendadas para la mejora de las condiciones profesionales del juez (salud laboral, creación de nuevos juzgados, medidas de refuerzo, etc.), que también habrían de redundar en una mayor calidad del servicio público.

Como ciudadano, deseo que haya más hospitales y centros de salud, no para que los médicos tengan mejores condiciones de trabajo (que también), sino porque ello supondría una sanidad mejor.

¿Por qué en la Justicia es tan difícil que cale esa idea entre la ciudadanía?

El CGPJ nunca ha sabido ejercer un liderazgo en ese sentido, y no es difícil adivinar por qué.

Y desde la propia carrera judicial también se ha contribuido en buena medida durante estos años al fortalecimiento del sistema. Si bien se ha denunciado en muchas ocasiones los nombramientos hechos mediante “repartos de cromos”, las 3 asociaciones profesionales mayoritarias en la carrera judicial (APM, AJFV y JJpD) han participado sin recato en los mismos mediante la presentación de los correspondientes candidatos/a a vocal del CGPJ.

También muchos/as jueces y magistrados/as han dado ese paso a título individual, con sus correspondientes avales, hasta llegar a configurar una lista que en 2018 llegó a ser de 51 candidatos/as.

Hora es también de cambiar esto. Si no se quiere que haya reparto de cromos, la primera premisa tendría que ser la de no ofrecerlos. Y ya podemos predecir que los criterios de selección por parte de la clase política no serán precisamente los de mérito y capacidad.

Habría que afrontar con urgencia reformas en el sentido que Europa nos pide: previsión de contrapesos en la composición de los órganos de control, eliminación de la politización y máxima objetividad en los nombramientos.

En concreto, hay que empezar por la elección de vocales judiciales del CGPJ por los miembros de la carrera judicial. Hay que hacerlo ya, sin esperar a nada, porque a la vista está que el tiempo juega en contra de la ciudadanía.

No sé si somos conscientes de ello. Pero nos jugamos mucho.

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