El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, se convertirá en presidente en funciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo una vez que su actual ocupante, César Tolosa, sea nombrado nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
Es la consecuencia directa del nombramiento que, por unanimidad, llevó a cabo ayer el pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial, en el que también se eligió a María Luisa Segoviano para ocupar la segunda vacante.
Lucas Murillo de la Cueva es el miembro más antiguo de esa Sala, a la que accedió en 2001 por el quinto turno, el de magistrados de reconocida competencia. Fue jefe de Gabinete de Javier Delgado Barrio, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante el IV Mandato del Consejo (1996-2001). Actualmente es el juez del Centro Nacional de Inteligencia, el magistrado que autoriza las operaciones encubiertas del servicio de inteligencia español.
Este magistrado fue candidato, también, al Tribunal Constitucional pero no cuajó.
UNA SALA DESARBOLADA
La salida de César Tolosa de la Sala Tercera, como también se llama a la Sala de esta jurisdicción, deja a este órgano desaborbolado, con 11 magistrados menos, de 33 de los que consta la plantilla, incluyendo a su presidente.
Ayer se jubiló el último, Octavio Juan Herrero Pina, al cumplir 72 años. Y el próximo 27 de marzo se jubilará otra magistrada de esa Sala, Inés Huerta, con lo que la plantilla pasará a tener 12 vacantes.
Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, junto a la Sala de lo Social, es la que más afectada se ha visto por la ley aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras este funciones.
La Sala de lo Social debería contar con 13 magistrados y solo tiene 8.
Ambas salas son las que acumulan la mayoría de las reclamaciones realizadas ante el Supremo por los efectos de la pandemia, desde reclamaciones laborales a administrativas. Las fuentes señalan que ello ha provocado un aumento de los casos a resolver justo cuando son menos magistrados, lo que se ha traducido en un atasco importante en ambas órganos.
71 VACANTES EN LA CÚPULA JUDICIAL
Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, el total de vacantes en la cúpula judicial alcanza ya los 70: 18 de ellos en el Supremo, 32 en los Tribunales Superiores de Justicia, 20 en las Audiencias Provinciales y 1 en la Audiencia Nacional.
Hace un año, en octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales en el Alto Tribunal implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos.
El documento hacía un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala de lo Penal –a la que la falta de cobertura de vacantes no le afectaba en el futuro inmediato–en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo es la más afectada por las vacantes. Le sigue la Sala de lo Social, que debería contar con 13 magistrados, presidente incluido. Sin embargo, hay cinco vacantes, entre ellas la de su última presidenta, María Luisa Segoviano, que se jubiló el pasado 20 de octubre. El 18 de julio lo hará también Rosa María Virolés.
Igualmente crítica es la coyuntura de la Sala de lo Militar, donde de los 8 magistrados que la integran habitualmente quedan 6, a los que el 7 de septiembre se sumará Fernando Pignatelli.
El problema al que se enfrentan desde hace tiempo las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo es que sus magistrados deben rotar para poder componer las secciones donde se deliberan y fallan los asuntos, una especie de pequeños tribunales que deben tener cinco magistrados.
Más desahogada es la situación de la Sala de lo Civil, donde solo hay una vacante, lo que implica que aún conserva a 9 de sus diez magistrados. Por ahora, la única intacta es la Sala de lo Penal, que mantiene a sus 15 magistrados. Sufrirá su primera baja el próximo 13 de abril por la jubilación de Miguel Colmenero.
Ante esta coyuntura, en el Supremo permanecen a la espera de dos cosas: un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ, de modo que pueda recuperarse la dinámica de nombramientos discrecionales; o que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es constitucional o no la citada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
