Este miércoles el Salón de Plenos del Tribunal Superior ha sido testigo de la toma de posesión de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva como presidentes de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), respectivamente. La sala presentaba un lleno hasta la bandera.
Ambos magistrados ya desarrollaban las competencias propias del cargo interinamente desde hace meses. Sin embargo, fue el pasado julio cuando consiguieron el aval del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que les ratificaría para ocupar los cargos.
La presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló, ha encabezado el acto al que también ha acudido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En declaraciones a la prensa en la sede del ministerio que encabeza ha reconocido públicamente la «magnífica trayectoria» de ambos magistrados.
Los padrinos de Andrés Martínez Arrieta han sido Manuel Marchena, anterior presidente de la Sala de lo Penal, y Jacobo Barja de Quiroga López, presidente de la Sala de lo Militar del Supremo.
Por otro lado, el padrino de Lucas Murillo de la Cueva ha sido César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional y antecesor de Lucas en la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Martínez Arrieta y Lucas, candidatos impulsados por el sector conservador del órgano, confirmaron su nuevo cargo tras la retirada de sus únicas contrincantes, Teso y Ferrer (respaldadas en un principio por el ala progresista), para evitar alargar más las negociaciones y así huir del bloqueo en los nombramientos de estos puestos claves.
Salas claves del Tribunal Supremo
El nombramiento de los nuevos presidentes de ambas Salas constituye un movimiento de calado institucional, llamado a influir en la orientación jurisprudencial de áreas especialmente sensibles y a reforzar la dirección colegiada de sus respectivas competencias.
La importancia de la Sala de lo Penal radica en que es la llamada a investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados (como el caso del exministro José Luis Ábalos), entre otros altos cargos, como el fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por presunta revelación de datos de Alberto González Amador.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo y del sector público, mediante la revisión de disposiciones y actos administrativos a través de los recursos planteados, garantizando su sujeción al ordenamiento jurídico.
Martínez Arrieta (número uno en el escalafón judicial) ocupaba interinamente el cargo de presidente de la Sala de lo Penal desde el pasado diciembre, después de que se expirara el mandato del magistrado Manuel Marchena.
Por su parte, Lucas (número tres) presidía también de forma interina la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde diciembre de 2022, cuando el magistrado César Tolosa pasó al Tribunal Constitucional.
