El TS sentencia que la huelga de más de 5 años de Correos fue abusiva y fraudulenta
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentenciado que la huelga de 2012 convocada por el sindicato de Correos fue abusiva y fraudulenta por la forma en la que se desarrolló.

El TS sentencia que la huelga de más de 5 años de Correos fue abusiva y fraudulenta

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17/1/2023 06:48
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Actualizado: 17/1/2023 00:49
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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentenciado que la huelga de 2012 convocada por el sindicato de Correos fue abusiva y fraudulenta por la forma en la que se desarrolló. Pues se convocó de forma indefinida durante más de cinco años, se incitó a los trabajadores a secundarla de forma intermitente y, además, se utilizó para otros fines.

La sentencia 953/2022 de 13 de diciembre a la que ha tenido acceso Confilegal ha sido dictada por Sebastián Moralo (ponente), Rosa María Virolés (presidenta), Antonio C. Sempere, Ángel Blasco, Sebastián Moralo y María Luz García.

El 18 de diciembre de 2012, la representante del Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo preavisó a la empresa de que a partir del 29 de diciembre de ese mismo año se iniciaría una huelga de carácter indefinido en todos los centros de trabajo del territorio español debido a la situación conflictiva en la que se encontraban las relaciones laborales y del personal funcionario en toda la empresa.

Hay que recordar que Correos cuenta con 3.612 centros y con una plantilla de 49.734 de trabajadores, de los cuales 10.978 son funcionarios y 38.747 personal laboral.

Objetivos perseguidos por la huelga

Los objetivos perseguidos por la huelga, según el preaviso, eran rechazar el proceso de privatización de Correos; rechazar cualquier medida de reducción de empleo como consecuencia de su integración en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); incorporar al sindicato convocante a la Comisión Central de Empleo y a la Comisión Central de Tiempo y Trabajo e incorporar las secciones sindicales provinciales de dicho sindicato a las comisiones provinciales de empleo.

Según la sentencia de instancia, se dieron casos de empleados que recurrieron a la huelga para soslayar la denegación empresarial previa de permisos o asuntos propios o para justificar ausencias o abandonos de puesto de trabajo. Otros, acudieron a huelga inmediatamente después de un periodo de vacaciones y de fines de semana o festivos “para prolongar la duración de estos”.

Por otra parte, la sentencia relata que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2018, el número total de días de huelga ha sido de 125.339 jornadas, de las que un 25%, es decir, 31.364 días, se han producido en sábados o domingos exclusivamente.

Finalizó el 31 de julio de 2018

En junio de 2018 Correos presentó una papeleta de conciliación previa a conflicto colectivo en materia de huelga ilegal ante la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, celebrándose el preceptivo acto de conciliación el 4 de julio de 2018 con resultado de sin avenencia.

En dicho acto, la parte demandada manifestó que, pese a no admitir la calificación de ilegalidad de la huelga, ofrecía la desconvocatoria siempre que se garantizase la publicidad de la misma y la ausencia de represalias tanto sobre los trabajadores como sobre el Comité de Huelga, entendiéndose por represalia la apertura de expedientes disciplinarios. Tras la demanda, la huelga finalizó el 31 de julio de 2018.

Correos interpuso una demanda de conflicto colectivo donde solicitó que se declarase nula o contraria a Derecho la huelga convocada por el representante del Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo. La entidad solicitó que dicha huelga se calificase de ilegal, ilícita o abusiva en el ámbito total de la empresa.

La Audiencia Nacional estimó la demanda interpuesta por el Abogado del Estado contra el sindicato en octubre de 2020. Según los hechos probados, Correos es el operador designado por ley para prestar el servicio postal universal en todo el territorio español de acuerdo a los requisitos de calidad, regularidad y accesibilidad que hacen efectivo el derecho de todos los ciudadanos a las comunicaciones postales.

Por lo que, tal y como relata la Disposición Adicional Primera de la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, el operador designado queda sujeto a las obligaciones de servicio público y está sujeto a estrictos plazos de entrega en ejecución de contratos o garantizar el derecho del sufragio activo de los ciudadanos (artículo 23 de la Constitución Española), entre otras obligaciones.

Recurso ante el Tribunal Supremo

El sindicato, la no estar conforme con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo donde alegó cinco motivos. Todos desestimados.

En el primero de ellos sostuvieron que el orden social de la jurisdicción es incompetente para conocer de la demanda. El segundo alegaron la excepción de falta de legitimación pasiva de las personas físicas demandadas en su condición de miembros del comité de huelga y secretario general de CGT.

El tercero interesó la supresión del hecho probado decimoquinto -es decir, el que hace referencia a que los trabajadores usaron la huelga ante la denegación de días libres- por entender que se trata de un conjunto de valoraciones genéricas de conductas, y no la expresión de hechos concretos, individualizados y determinados. El cuarto peticiona la modificación del hecho probado decimosexto. El quinto está dirigido a combatir la cuestión de fondo del asunto y defender la legalidad de la huelga.

Pues bien, el Alto Tribunal ha relatado que la sentencia recurrida declara la ilegalidad de la huelga porque la considera abusiva y fraudulenta, tras estimar probadas en tal sentido las múltiples circunstancias que pormenorizadamente describe en su resultancia fáctica.

Abusiva porque la forma en la que se ha desarrollado, al convocarse de manera indefinida y prolongarse durante más de cinco años y, también, porque la organización convocante incitaba a los trabajadores a secundar la huelga de forma intermitente para fines distintos de los que fue convocada.

Entiende que la huelga es fraudulenta porque el sindicato convocante ha promovido que los trabajadores y funcionarios afectados por la convocatoria eludiesen el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

Sobre el recurso: «vaga, lacónica y escueta afirmación de que la huelga no puede calificarse de ilegal»

Los magistrados del TS han relatado que el recurso no se molesta lo más mínimo en ofrecer los argumentos y razones jurídicas de las que pudieren evidenciarse las infracciones legales en las que haya incurrido la sentencia.

Han reiterado que la única alusión concreta y específica a los hechos concurrentes en este asunto, es la vaga, lacónica y escueta afirmación de que la huelga no puede calificarse de ilegal por el uso indebido que haya podido realizarse en situaciones particulares o que se hubiere promovido por otras personas u organizaciones externas.

Por ello, ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que calificó de ilegal la huelga.

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