Ricardo Gabaldón, presidente de los Graduados Sociales: “Habría que darle una vuelta a la jurisdicción social para que vuelva a ser ágil”
Al presidente de los Graduados Sociales, le preocupa mucho la brecha digital existente y el hecho de que la Administración con la que tienen relaciones no se comunica "humanamente" sino por vía telemática. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Ricardo Gabaldón, presidente de los Graduados Sociales: “Habría que darle una vuelta a la jurisdicción social para que vuelva a ser ágil”

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23/1/2023 06:52
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Actualizado: 23/1/2023 08:33
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El pasado mes de noviembre Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales (CGCOGS), vio premiado su mandato, el más difícil de los 59 años de existencia de esta institución debido a la pandemia, con su renovación por otros cuatro años.

A las elecciones que se convocaron para tal fin no se presentó ningún contendiente. Su candidatura fue la única, por lo que fue proclamada directamente.

Los decanos de los 43 Colegios de Graduados Sociales, que representan a 18.000 colegiados, expresaron así su aprobación por unanimidad a la gestión de su presidente en tiempos tan duros y complicados.

Ahora, Gabaldón afronta, con sus nueve vocales –Juan Fernández Henares, Marcos Óscar Martínez Álvarez, Carlos Puebla Lorente, Íñigo de la Peña Criado, Esther Urraca Fernández, José Ramón Barrera, Alfonso Hernández Quereda y Joaquín Merchán Bermejo y Susana Soneira Lema, como vicepresidente primero y segundo– un periodo de actividad centrada en cinco campos: la mediación, la reivindicación de la casación, la potenciación del área de recursos humanos, el puente sobre la brecha digital y la divulgación de lo que son los graduados sociales.

Y tiene una fecha para poner en marcha la maquinaria en dirección hacia esos objetivos: el 10 de febrero próximo. Ese día se ha fijado, para las 19 horas, la celebración de la Asamblea del Consejo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Un evento que vendrá precedido, mañana y tarde, con la celebración del Congreso del CGCOGS en el que participaran la juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Lourdes Arastey, la magistrada del Tribunal Constitucional –y expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo–, María Luisa Segoviano, el magistrado de la Sala de lo Social del TS, Antonio Sempere Navarro, y el magistrado del Juzgado de lo Social 30 de Barcelona, Jaume González Calvet.

También Tomas Font, director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, María Salas Porras, profesora titular de la Universidad de Málaga, y Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo y secretaria general de la Asociación Internacional de la Inspección de Trabajo.

Son, en total, siete ponencias que van desde “La jurisprudencia del TJUE en materia de discriminación: nuevos retos”, “Últimos criterios jurisprudenciales de la Sala IV del Tribunal Supremo”, pasando por “El teletrabajo y desconexión digital: conciliación”, hasta “Actualidad de la contratación temporal: especial relevancia del contrato por circunstancias de la producción y sustitución”.

De acuerdo con Gabaldón, “en el Congreso vamos a hablar de temas de actualidad. En la Asamblea de asuntos propios de la profesión. Vamos a contar lo que hemos hechos en estos cuatro años, de un modo formal. No pudimos celebrarla hace dos años, cuando tocaba, debido a la pandemia. El colectivo está muy castigado, muy cansado”.

El pasado 29 de noviembre usted fue reelegido presidente del Consejo de Colegios de Graduados Sociales por ausencia de contrarios. Con una proclamación directa. Eso solo puede entenderse como un refrendo general de sus compañeros a su gestión…

Sí, estoy muy contento. Ha salido un equipo interesante. Tenemos una Comisión Permanente muy buena, joven, con ganas de trabajar. Su puesta de largo va a ser ahora, en la Asamblea de Málaga.

Se incorpora también una compañera en recursos humanos que es un sector que tenemos que potenciar, Micaela Soldado. Los graduados sociales somos especialistas en relaciones laborales. Tenemos la gestión de los despachos y el procedimiento procesal y necesitamos reforzar los recursos humanos.

Dese cuenta de que nuestro título de grado es de relaciones laborales y recursos humanos. Hay mucho espacio para crecer. Muchos de los estudiantes que salen se dirigen a recursos humanos.

Ricardo Gabaldón
El próximo 10 de febrero el CGCOGS celebrará su Asamblea donde fijará los objetivos a conseguir en los próximos cuatro años, explica Gabaldón. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Hemos salido de la pandemia y las cosas, se supone, que deberían haber vuelto a la normalidad. ¿No lo han hecho?

A la normalidad de antes, no hemos vuelto. Sobre todo, con este Ministerio de Justicia. Nosotros ahora tenemos que hacer más cosas. Bueno, preciso. Las tienen que hacer las empresas, pero por delegación nos toca a nosotros. Como el registro retributivo, el registro horario…. Ahora los partes de baja, que ya no van a en papel…

Es decir, les ha aumentado el trabajo…

Sin duda. El Ministerio dice que no nos carga de trabajo, que son obligaciones de las empresas. El problema es que las empresas no saben que tienen que hacerlo.

Muchos son temas novedosos. El registro retributivo no estaba. Lo mismo ocurre con los planes de igualdad. Ahora las empresas de hasta 50 trabajadores tienen que hacerlo. O el protocolo de acoso. Nada de esto estaba antes. Y son tres ejemplos. Hay muchos más.

¿Entonces? ¿Qué solución hay a eso?

Que las empresas tienen que hacerlo, eso está claro. Lo que pasa es que tienen que pagarlo. Primero, tendrían que tener conocimiento de que lo tienen que hacer. Y como nadie se lo explica…

¿Y el Ministerio?

El Ministerio marca la norma. Y nos toca a nosotros implementarla. Esa parte de la ecuación está muy castigada. No es como antes. Ahora es otra cosa.

Es verdad que, si quieres, lo haces, y lo cobras, o no lo haces, y te quitas empresas.

Esto da mucho trabajo.

«Sobre nuestra reivindicación de que se nos permita recurrir en casación, ¿qué le voy a decir? Podemos actuar ante la primera instancia y la suplicación, lo que en civil o penal es apelación. Pero no podemos presentar recursos de casación. Es inconsistente. Antes o después lo podremos hacer, estoy seguro»

¿Continúan ustedes con sus más importantes reivindicaciones: ser incluidos en la justicia gratuita y su derecho a recurrir en casación ante el Supremo?

Por supuesto. Nosotros queremos estar en la justicia gratuita. La abogacía se opone. No voy a decir que si no estuviera la abogacía la relación sería más fácil.

Pero, ¿qué sentido tiene que tú quieras contratar a un graduado social y lo puedas hacer? Y si lo solicitas de oficio, gratuitamente, no puedes. Es decir, ¿si pagas, puedes, y si no pagas, no puedes?

Y sobre nuestra reivindicación de que se nos permita recurrir en casación, ¿qué le voy a decir? Podemos actuar ante la primera instancia y la suplicación, lo que en civil o penal es apelación. Pero no podemos presentar recursos de casación.

Es inconsistente. Antes o después lo podremos hacer, estoy seguro.

¿Y qué dice el Ministerio?

Son conocedores. Estamos trabajando con el Ministerio y vamos a seguir hablando.

Ustedes son un colectivo muy importante. Son 18.000, entre ejercientes y no ejercientes. Y dan un servicio muy importante tanto a los trabajadores como a las empresas. ¿Qué papel pueden jugar ustedes en la mediación laboral?

La mediación laboral tiene que estar operativa porque puede descongestionar. Nosotros estamos abiertos a colaborar. Estamos muy acostumbrados al acuerdo, a la conciliación, a la mediación.

Y si le diéramos una vuelta a la conciliación previa, muchos casos no llegarían a  judicializarse. Si en vez de la conciliación previa administrativa, que solo es citación, se nos dieran armas para poder negociar, llegaríamos a acuerdos.

Si, luego dentro del Juzgado, se pudieran enviar determinadas materias, como despidos, que son temas económicos, a mediación, lo mismo.  

Porque a veces estamos hablando de temas de reubicación o de conciliación, por ejemplo, en los que el acuerdo es posible. Ojo, todo lo que es Seguridad Social, no se puede.

Cuando llegas al acto del juicio no hay espacio para mediar. Sin embargo, desde que se señala el juicio y se celebra, en algunos casos, pasan años. En ese espacio de tiempo podría haber espacio para llegar a acuerdos.

Ricardo Gabaldón
Para Gabaldón es muy importante dedicarle atención y esfuerzos al área de recursos humanos. Foto. Carlos Berbell/Confilegal.

¿Hemos recuperado la agilidad de antes de la pandemia en la jurisdicción social?

No, no lo hemos recuperado. El problema es que el sistema estaba tocado de antes. Imagínese que recibe una citación y el juicio es para julio. Si se derivara a mediación tendríamos seis meses para llegar a un acuerdo.

La solución es complicada de encontrar. ¿Hacen falta medios personales y materiales? Sí, sin duda. Pero hay que descongestionar.

¿La digitalización, la informatización emprendida, no está redundando positivamente, por lo tanto?

Yo hablo de la jurisdicción social, que es la que conozco. Sigue teniendo los mismos mecanismos. Es verdad que puedes hacer una videoconferencia, pero tienes todo igual en el acto del juicio. Hay que darle una vuelta a la jurisdicción social para que vuelva a ser ágil y preferente con los casos que son urgentes. Y sí que se podría hacer.

Los graduados sociales somos una parte del procedimiento que podríamos ayudar a descongestionar. Si la conciliación fuera previa y activa, podríamos contribuir a reducir el número de procedimientos, sin duda.

Estamos abiertos a colaborar.

Supongo que la híper producción de decretos leyes ha venido a complicar las cosas, ¿no?

A nosotros nos lo ha complicado, especialmente en el tema de la gestión. Porque muchos decretos leyes entraban en vigor al día siguiente. Muchos trámites de gestión luego derivan en procedimientos judiciales, hasta sanciones.

«La realidad es que la Administración no tiene personal. Y hace todo a través de medios telemáticos, Internet. Necesitamos tener un canal fluido. Porque nosotros no somos la Administración ni tenemos su base de datos»

¿Esta profusión tecnológica ha creado algún tipo de brecha digital con los ciudadanos?

Es una consecuencia de la era telemática. Es verdad que se está creando una brecha porque hay muchos ciudadanos que no pueden comunicarse con la Administración. Se tiene que comunicar a través de nosotros, de los graduados sociales.

La realidad es que la Administración no tiene personal. Y hace todo a través de medios telemáticos, Internet. Necesitamos tener un canal fluido. Porque nosotros no somos la Administración ni tenemos su base de datos.

Para poder atender a nuestros clientes deberíamos tener una comunicación mucho más fluida. Con la Seguridad Social, con la Tesorería, con el SEPE…

¿Y esa comunicación es toda digital?

Toda digital. A través de plataformas. Que te contestan, pero muchas veces te contestan a cosas que no necesitas.

El problema es que el contacto humano no existe. Es telemático. Para ir al Instituto Nacional de la Seguridad Social necesitas una cita previa y te la dan cuando sea. Y lo mismo pasa en Tesorería y en el resto.

La Administración debería dar una vuelta y ver que nosotros somos colaboradores de la Administración, pero ella debería, también, colaborar con nosotros. Debería existir una doble vía.

El otro día Alberto Núñez Feijóo publicó en la revista de los Registradores una columna en la que decía que en los próximos años entre el 35 y el 50 % de los funcionarios se iba a jubilar. Y proponía un pacto por la Administración al Gobierno, haciendo hincapié en la digitalización como la solución a esas bajas. Lo que usted está planteando es que se preste atención a la asistencia humana.

Tiene razón. En Tesorería, por ejemplo, la media de edad son cincuenta y tantos años.

Y además los que se han chupado todo esto tienen esa edad, cercana a los 60 años. Y se van a ir. Ese es un problema que tienen que afrontar cuanto antes. Antes de que sea demasiado tarde.

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