El Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha reiterado sus críticas contra el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, calificando sus últimas declaraciones de «discurso demagógico, burdo y balbuceante, plagado de errores y contradicciones».
Y lo ha hecho 24 horas después de la manifestación de 700 LAJ que ayer recorrió el centro de Madrid (son un cuerpo formado por 4.760 funcionarios) en el primer día de huelga indefinida.
En opinión de este Comité de Huelga, formado por representantes de las asociaciones Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), Rodríguez cambió «sus propias cifras de seguimiento de huelga. Por la mañana eran el 28 % y por la tarde el 39 %, imprecisiones y evidentes falsedades, evidenciando su insolvencia y desconocimiento de nuestra función en la Adminsitración de Justicia y el funcionamiento de la misma».
Y lo hizo, aseguran, para «deslegitimarnos en el ejercicio de nuestro derecho fundamental de huelga para defender nuestros derechos e intereses profesionales, desinformando e intoxicando ala opinón pública».
Ello, según los LAJ, «a todas luces le inhabilitan [a Rodríguez] como interlocutor válido para llegar a una solución airosa del conflicto».
El secretario de Estado volvió ayer a deslegitimar a las asociaciones de LAJ por considerar que no tienen capacidad para negociar las condiciones económicos del cuerpo, una capacidad que solo le corresponde a los sindicatos.
Asimismo, descartó su reivindicación principal, el «meollo de la cuestión»: el sistema de revisión de la productividad y el complemento de la carrera profesional, sobre lo que los LAJ afirman que el Ministerio comprometió su palabra en abril de 2021.
«Esta huelga es nuestro último y legítimo recurso para lograr el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Ministerio», afirman en un comunicado.
«Pero, no se engañe señora Ministra, nuestras reivindicaciones son salariales y estatutarias, pero en el fondo lo que nos mueve es la defensa de nuestra dignidad y
el reconocimiento de nuestra labor profesional, y si cree que nos va a amedrentar con descalificaciones, desinformaciones o posturas de fuerza sería aconsejable que reconsiderase su estrategia y mostrase una mínima actitud de diálogo, que facilite la paz social», concluyen.
