Firmas
La manifestación de LAJ no conmueve al Ministerio: no da muestras de flaqueza
Los letrados judiciales llegaron hasta la puerta misma del Ministerio, exigiendo negociar. El autor, Carlos Berbell, se pregunta por la existencia de una caja de resistencia, vital en huelgas de larga duración, como promete ser esta. Y no parece haberla. Foto: Confilegal.
25/1/2023 06:50
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Actualizado: 27/1/2023 02:02
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Antes al contrario. Ayer por la noche fuentes del Ministerio de Justicia facilitaban un dato llamativo: 711 de los letrados de la Administración de Justicia que fueron, al parecer, contabilizados como huelguistas en realidad no lo fueron. Habían solicitado con tiempo el día libre. ¿Con qué motivo?
Una interpretación lógica es para no perder los 160 euros brutos (130 netos) que se restarán a todos aquellos que secundaron el primer día de huelga.
Si el cuerpo de letrados judiciales está formado por 4.760 personas, 711 equivalen al 14,9 % del total.
El Comité de Huelga, que forman las tres asociaciones convocantes –el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)–, informó de que el paro había sido secundado por el 81 % de los LAJ; el 28,3 %, según el Ministerio, desde donde reprochan que en los servicios mínimos los LAJ no incluyeran a los menores y discapacitados.
Sea como fuere, la duda que me asalta es una muy simple: ¿cuánto tiempo serán capaces los letrados judiciales de resistir? ¿De aguantar el pulso que le están echando al Ministerio?
Entre marzo de 1984 y marzo de 1985 viví en persona la huelga que los mineros hicieron contra la primera ministra conservadora, Margaret Thatcher. Entonces era corresponsal en Londres del desaparecido Grupo 16 (Diario 16, Cambio 16 y Motor 16).
CAJA DE RESISTENCIA
Aquellos mineros –190.000–, recuerdo con toda claridad, contaban con lo que no encuentro en esta huelga: una caja de resistencia.
Gracias a esa caja de resistencia pudieron prolongar un pulso que paralizó la minería durante ese tiempo tan prolongado. Un pulso que, al final, perdieron. Thatcher se mostró como una roca. No se movió ni un ápice de su posición.
¿Serán capaces los letrados judiciales de mantener una huelga de semanas o de meses o de años? Esta es la clave.
Porque el Ministerio, por medio de su secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, tiene muy claro que, como Thatcher, no va a ceder ni un centímetro.
Es más, no reconoce a las tres asociaciones la capacidad de negociar las condiciones económicas del cuerpo a que pertenecen. Esa es una capacidad, afirmó, que solo tienen los sindicatos. Porque así se lo reconoce la Constitución. A ellos, no.
Lo que los LAJ reivindicaban ayer en su manifestación, y con su huelga, era, precisamente, la revisión de la productividad y el complemento de la carrera profesional a lo que, afirman, se había comprometido el Ministerio de Justicia.
Lo que podría suponer una subida lineal de más de 600 euros (son cálculos aproximados y oficiosos, advierto).
La propuesta, oficialmente, no está muerta. Está contenida en el proyecto de Ley de Eficacia Organizativa pero, según he podido pulsar, las posibilidades de que salga adelante no son muy halagüeñas.
Principalmente por el precedente que eso supondría para otros colectivos de funcionarios, como guardias civiles, policías, médicos…, que también podrían reclamar similares subidas si los LAJ lo consiguieran.
Patricia Giménez, uno de los miembros del Comité de Huelga, explicó ayer a los lectores de Confilegal que este es el punto central de sus reivindicaciones. Cumplir con el compromiso adquirido.
Tontxu Rodríquez, cuya intervención en rueda de prensa el lunes calentó mucho los ánimos, explicó ayer que los LAJ habían sido ya generosamente compensados.
Primero con una subida de 206,87 euros de complemento específico no absorbible, lo que suponía un aumento del 5,26 % de media en su salario anual, o 2.482,44 euros anuales.
«Algunos abogados están señalando la incongruencia de que los LAJ den fe de grabaciones de juicios a los que no asisten y en los que no están presentes»
A lo que habría que añadir el 8 % que experimentarán todos los funcionarios públicos, tras el acuerdo alcanzado por Comisiones Obreras y UGT, y que comenzarán a cobrar en este mes de enero. Total, un 13,26 %.
Lo que desmienten los letrados judiciales, que se sienten fuertes y que parecen, por lo menos en apariencia, estar dispuestos a resistir semanas o meses.
Una de las referencias que utilizan para medir el impacto de su huelga es el número de juicios cancelados por este motivo. Algo que ya está llamando la atención en redes en las que algunos abogados están señalando la incongruencia de que los LAJ den fe de grabaciones de juicios a los que no asisten y en los que no están presentes.
DEBATE DORMIDO
Un hecho que, de carambola, está abriendo un debate dormido pero que deberá abordarse tarde o temprano y es la reasignación de funciones tanto de los LAJ como de los miembros de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.
El nuevo paradigma que supone la irrupción de la tecnología en la Administración de Justicia tiene, por lógica, que cambiar dichas funciones y hay que estudiar cómo y de qué manera.
La pasada semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzaba un hecho que va a suceder: En los próximos años, no muchos, se van a jubilar entre el 35 y el 50 % de los funcionarios públicos. Desde la revista Registradores ofrecía al PSOE un Pacto por la Administración para afrontar ese vacío que se va a producir con tecnología y digitalización. En ese marco, y ante ese previsible ahorro de personal, podría haber recursos para compensar convenientemente las nuevas funciones que se asumirían.
Pero no va a ser hoy.
Va a ser mañana, que diría José Mota.
Por lo menos, va a ser así por lo que respecta al secretario de Estado Rodríguez, que no se cansa de repetir que un letrado judicial cobra entre un 63,33 y un 83,94 % de lo que cobra un juez o un fiscal. «Nos hemos reunido con ellos 31 veces a lo largo de un año y de 11 propuestas de acuerdo hemos cerrado 10. Tan solo falta una reivindicación, que es la del sistema de revisión de la productividad y el complemento de la carrera profesional. Y esa no va a ser posible», recordó ayer en RNE.
«Esta diferencia de retribuciones se justifica en la diferencia de funciones, responsabilidades y tipo de oposición de ambos cuerpos. Un letrado de la Administración de Justicia», recordó ayer en RNE, «no es un juez ni es un fiscal. Y no lo va a ser. Por eso, esa aspiración no lo van a conseguir».
Un «aviso para navegantes» en toda regla.
Rodríguez, como los LAJ, es consciente de que la batalla se está librando es la arena mediática: «Es muy curioso que en un salario que oscila entre 39.000 y 69.000 euros, con todos los incrementos que han tenido vayan a una huelga general que perjudica sin duda alguna a todos los operadores jurídicos. También a jueces, magistrados y fiscales, pero fundamentalmente a los ciudadanos».
Y esto, según el número 2 de Justicia, hay que tenerlo muy presente.
El pulso está echado.
La capacidad de resistencia de los LAJ podría determinar el desenlace de este conflicto. Aunque a veces una gran capacidad de resistencia no es una garantía de éxito. Al recuerdo de los mineros británicos me remito. Los dados ya han sido echados.
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