La Fiscalía mantiene que Borràs fraccionó contratos y reprocha  que responsabilice de ello a sus subordinados
La presidenta del Parlamento Autonómico Catalán, Laura Borràs, defendió su inocencia y pidió su absolución. Foto: EP.

La Fiscalía mantiene que Borràs fraccionó contratos y reprocha que responsabilice de ello a sus subordinados

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01/3/2023 18:03
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Actualizado: 01/3/2023 22:57
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La Fiscalía ha sostenido este miércoles que la presidenta de Junts, Laura Borràs, fraccionó contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha criticado que descargara su «responsabilidad» en subordinados.

«Tenía pleno conocimiento de que se estaban fraccionando contratos, que los presupuestos que se aportaban eran falsos. Fue alertada de ello» por la administradora de la institución y por Roger E., que la sustituyó cuando ésta estuvo de baja, ha asegurado la acusación pública en el trámite de los informes finales, después de que haya mantenido la petición de condenar a Borràs a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la ILC

Según Fiscalía, Borràs era la máxima responsable de la gestión ordinaria de la ILC, y entre sus funciones era dirigir, coordinar y supervisar todos los servicios: «Lo que no puede hacer es descargar su responsabilidad en subordinados. No puede alegar ignorancia deliberada».

Es más, considera que la administradora y Roger E. -que estuvo investigado pero tras aportar nuevas pruebas contra Borràs no se le acusó y declaró como testigo- alertaron a Borràs y ésta les dio «largas».

Durante su intervención, Fiscalía ha defendido la «credibilidad» de ambos así como también la del jefe de gestión económica y contratación del departamento de Cultura, Joan M., y la de Roger E., y ha respondido a los cuestionamientos de la defensa de Borràs sobre que los funcionarios no denunciaran.

«A lo mejor si la ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción hubiera estado en vigor, algún subordinado de la entidad, que ven que su superior jerárquico infringe la normativa administrativa, se hubiera sentido apoyado», han sostenido.

Si no lo hicieron, según la acusación pública, era porque eran subordinados y porque su trabajo se limitaba a tramitar expedientes.

«No solo fue alertada por los funcionarios, también por las recomendaciones de la intervención delegada. Era consciente de ello e incluso hay correos electrónicos», ha agregado la fiscal para subrayar que Borràs era consciente de la arbitrariedad en los contratos.

«ENCUENTRO CASUAL»

Según ha recordado la Fiscalía, la investigación de la causa empezó «por un encuentro casual al llegar un paquete con dinero falso en el apartado de correos de una señora, cuando tenía que llegar» al de Isaías H., y es entonces cuando se interviene su teléfono y se intercepta una conversación en la que se refiere a que debe facturar unos ‘trapis’ con Borràs.

Esta conversación, añaden, dio pie a que se ampliara la investigación para conocer la relación de Isaías H. con la ILC, y en este marco destacan que hay una conversación entre ambos que confirma que éste «trabaja» para la institución.

Por ello, ha justificado que los Mossos d’Esquadra, durante la entrada y registro en la casa de Isaías H., buscaran en su ordenador las palabras ‘Borràs’ y ‘Laura Borràs’ –entre otras–: «Se utilizaron estas palabras porque estaban relacionadas con la actividad presuntamente ilícita que se estaba investigando».

Sobre el portal web de la ILC que Borràs acordó impulsar con el entonces conseller de Cultura Ferran Mascarell, la Fiscalía ha señalado que no se hubiera llevado a cabo «sin infringir de manera clara el procedimiento administrativo».

CORREOS

También ha considerado que los correos electrónicos entre Borràs y Isaías H. acreditan que hubo fraccionamiento de contratos: «En los correos se da por hecho que Isaías H. será el adjudicatario. Ya saben que será el adjudicatario de la elaboración del portal y del proyecto ‘Qué llegeixes’. Está valorado en 64.000 euros, y lo dividen en tres partes para cobrarlos de manera segregada».

Según la Fiscalía, de todo ello tiene conocimiento la señora Borràs: «Explica a Isaías como debe fraccionar el trabajo para que pueda ser sometido a contratación menor, y finalmente que pueda adjudicarse, como deciden desde un primer momento, a Isaías H».

En relación a que Borràs justificara la contratación de Isaías H. por su experiencia, consideran que en ningún expediente queda constancia de ello y tampoco que no hubiera otras personas que pudieran hacer estos trabajos: «¿Por qué entonces se pedían tres presupuestos? La única persona que hacía este trabajo era Isaías H».

Este miércoles las fiscales han rebajado la petición de condena para Isaías H. y Andreu P.–también acusado en la causa– porque han confesado, lo que según la acusación «ha sido esencial sobre todo en lo que hace referencia a explicar que efectivamente estaban trabajando de manera recurrente para la ILC».

DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA DE BORRÀS

El abogado defensor de Borràs, el chileno-alemán Gonzalo Boye, ha criticado, por su parte, el tratamiento que los Mossos y la Guardia Civil dieron a los discos duros intervenidos a Isaías H. y que contenían pruebas para el juicio porque considera que incumplieron los protocolos forenses, y ha criticado que los Mossos buscaran el nombre de Borràs entre los mails intervenidos cuando ella ya era aforada.

Borràs, en el uso de su turno al derecho a la última palabra, ha defendido su inocencia durante todo el juicio, que empezó el 10 de febrero, y ha pedido al tribunal que la absuelva de la condena que reclama la Fiscalía, que exige imponerle seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.

También ha reprochado que la Mesa del Parlament la suspendiera como presidenta de la Cámara catalana por esta causa: «Siendo políticos, hicieron de jueces antes que ustedes».

En cambio, los otros dos acusados -Isaías H., que se favoreció de los contratos, y Andreu P., que le ayudó a preparar presupuestos- han llegado a un pacto con la Fiscalía con el que han confesado y a la vez han visto reducidas las peticiones de penas que afrontan, que en sus casos son de dos años y de un año y dos meses de prisión, respectivamente.

Además de las confesiones de Isaías H. y Andreu P., han declarado contra Borràs dos funcionarios que ocuparon el puesto de administrador durante su mandato en la ILC, explicando que la interventora del departamento de Cultura de la Generalitat alertó de que en 2013 la institución había hecho toda su contratación con base en contratos menores y que debía usar otro tipo de contratación con concurrencia pública y que, a pesar de ello, Borràs mantuvo los contratos menores.

Otros dos testigos han explicado al tribunal que la ILC recibió presupuestos con sus datos personales sin que ellos los hicieran ni dieran permiso para usarlos.

La dirigente política ha estado acompañada durante todo el juicio de su familia y su núcleo político más cercano; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, han acudido el primer y el último día, mientras que no han asistido representantes de ERC ni de la CUP.

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