El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, explica en Confilegal las principales iniciativas en las que está trabajando. Foto: FGE.
¿Cuáles son los principales proyectos del fiscal general del Estado?
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09/3/2023 06:51
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Actualizado: 09/3/2023 00:45
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está trabajando en una Circular sobre delitos contra la libertad sexual, otra Circular sobre víctimas, también en una batería de circulares en materia de lucha contra la corrupción y delitos contra la administración pública, y en una serie de instrucciones para reforzar la autonomía de la Fiscalía.
Así lo ha informado a Confilegal el máximo representante de la Carrera Fiscal, integrada por 2.704 fiscales (el 65% son mujeres), preguntado sobre cuáles son sus principales proyectos para lo que le resta de mandato.
Tiene nueve meses por delante para sacar adelante sus proyectos, ya que a finales de año se celebrarán elecciones generales y, como establece el artículo 31 1.e del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), el fiscal general del Estado cesa «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto”.
Álvaro García Ortiz ejerce como fiscal general desde el pasado 2 de agosto, después de que su nombramiento fuera publicado en el BOE y prometiera su cargo ante el Rey, si bien tomó posesión del cargo el 5 de septiembre.
Tomó el relevo de Dolores Delgado, quien dimitió en julio por motivos de salud, tras dos años y medio de mandato. Como dijo en su toma de posesión, sus prioridades son el desarrollo del proyecto comenzado hace tres años.
Así, García Ortiz ha situado como prioridad de la Fiscalía «la lucha por el respeto a la dignidad del ser humano, cualquiera que sea su situación y condición, y la tutela eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad».
1. CIRCULAR SOBRE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
El fiscal general pretende unificar criterios en relación con la interpretación y aplicación de los delitos contra la libertad sexual, pues no existe doctrina sistemática de la Fiscalía General del Estado al respecto.
En esta Circular abordará las cuestiones relativas a la modificación legal introducida en estos delitos por la Ley Orgánica 10/22 y «al cambio de paradigma que supone la centralidad del consentimiento afirmativo en los tipos penales», según explica.
Hará «un estudio riguroso de la normativa y de la jurisprudencia ordinaria, constitucional y de derechos humanos, con un enfoque de género y de perspectiva de víctima, teniendo en cuenta el espíritu de los tratados y convenios internacionales suscritos por España y, muy especialmente, las disposiciones del Convenio de Estambul».
2. CIRCULAR DE VÍCTIMAS
El fiscal general también prepara una Circular en la que abogará porque se considere como prueba preconstituida la declaración que haya realizado la víctima de agresión sexual durante la instrucción, lo que posibilitaría que no tengan que testificar dos veces.
«En la Circular de Víctimas exploraremos todos los aspectos posibles de protección para proporcionar a las y los fiscales una herramienta jurídica integral y unos criterios con los que, dentro de nuestro acervo normativo, hacer real y efectiva la garantía de sus derechos y evitar la victimización secundaria», detalla García Ortiz.
Y hace hincapié en que «las víctimas han de ser nuestra prioridad, el centro del procedimiento y su piedra angular». «Su atención y protección es el leitmotiv de la actuación de la Fiscalía General del Estado», manifiesta el fiscal general.
Quiere que el proceso se adapte a las víctimas y a sus necesidades, y no al revés.
«Una víctima asistida, protegida, amparada, empoderada y con recursos suficientes puede afrontar con mejores herramientas un proceso penal. Ello conlleva beneficios no solo para la propia víctima, sino también para el procedimiento, pues nos asegura una prueba de cargo en la mayoría de ocasiones imprescindible para lograr una sentencia condenatoria, evitando espacios de impunidad», manifiesta.
3. DOCTRINA DE LA FGE EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Además, en la institución están trabajando «intensamente» en toda una batería de Circulares «que están llamadas a conformar una verdadera doctrina de la Fiscalía General del Estado en materia de lucha contra la corrupción y delitos contra la administración pública: malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc».
Como subraya el fiscal general, la corrupción política «socava los principios básicos de los regímenes democráticos, disminuyendo la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y dañando, por ende, al propio Estado de Derecho».
La FGE quiere reforzar esta lucha proporcionando a todos los fiscales todo un conjunto doctrinal que facilite su trabajo en la investigación y persecución de los fenómenos criminales más complejos en este ámbito, unifique criterios de actuación y garantice la respuesta ágil y eficaz del Estado de Derecho frente a los fenómenos delincuenciales asociados a la corrupción y frente a los delitos contra la administración pública.
«En definitiva, proporcionar a los fiscales las herramientas doctrinales precisas para su actuación asegurando que cualquier atentado contra los caudales públicos tenga una respuesta penal y que el Estado de Derecho evite cualquier espacio de impunidad», precisa Álvaro García Ortiz.
Además, avanza que la Fiscalía General va a suscribir convenios con las Oficinas Antifraude de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.
4. INSTRUCCIONES PARA REFORZAR LA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA
Por otra parte, García Ortiz recuerda que su público compromiso como fiscal general del Estado, tal y como ya anunció en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, es proponer, impulsar y, dentro de sus competencias, adoptar aquellas reformas, medidas, iniciativas y actuaciones que tengan por objeto conquistar cada vez mayores espacios de autonomía y de transparencia institucional, dentro de las capacidades que el ordenamiento jurídico vigente permite.
«Es decir, potenciar dentro del actual marco normativo nuestras capacidades de autogestión», indica.
El máximo representante del Ministerio Público sostiene que un futuro cambio de modelo procesal, con el fiscal como director de la investigación, e incluso, los avances que supone en la capacidad investigadora de los fiscales la reciente Circular 2/22, «requieren una mayor definición y una mejor aplicación del régimen de pesos y contrapesos –check and balances, en su denominación anglosajona- ya previstos en nuestra legislación y que, por cierto, no tienen parangón en derecho comparado».
Según explica, en este contexto, tienen ya muy avanzados los trabajos de elaboración de una nueva doctrina de la FGE para la aplicación y desarrollo, desde una óptica constitucional, de su régimen estatutario de funcionamiento.
García Ortiz detalla que su eje será «reforzar las garantías, mejorar el régimen de toma de decisiones y formación de criterio del Ministerio Fiscal y proporcionar mayor transparencia, asegurando, a su vez, la autonomía personal de los y las fiscales».
«Desarrollaremos, por tanto, mediante los correspondientes mecanismos como la dación de cuentas, el régimen de impartición de órdenes e instrucciones, las avocaciones y sustituciones o el derecho a discrepar, único en los países de nuestro entorno, que el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal garantiza a todos los fiscales», concluye.
EL FISCAL DEL CASO PRESTIGE
En su toma de posesión, Álvaro García Ortiz reclamó mayor autonomía para la Fiscalía. Una reivindicación histórica de sus antecesores en el cargo que, sin embargo, no ha sido atendida y que pasa principalmente por presupuesto propio y no depender del Ministerio de Justicia.
En definitiva, cortar el «cordón umbilical» de la Fiscalía con el Ministerio y blindar a la institución de injerencias políticas para hacer realidad el funcionamiento «mediante órganos propios» que proclama el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, porque, como han venido exponiendo los diferentes fiscales generales, la vinculación orgánica del Ministerio Fiscal con el Poder Ejecutivo continúa siendo un lastre para la imparcialidad plena.
Y destacó que la Carrera Fiscal debe encontrar «mecanismos internos de promoción y motivación para superar bloqueos estructurales que supongan un freno al desarrollo de las legítimas aspiraciones de las nuevas y no tan nuevas promociones de fiscales».
García Ortiz, salmantino de 54 años, se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y tiene acreditados más de 24 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó en abril de 1999, fecha en la que fue destinado a la Fiscalía de Mahón (Menorca).
En 2002 se incorporó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y desde 2004 ejerció como fiscal especialista en Medioambiente de la Fiscalía del ‘Tribunal Superior de Xustiza de Galicia’ y fiscal coordinador especial de incendios de esa Comunidad Autónoma. Un año más tarde asumió como fiscal las Diligencias Previas 960/2002 del Juzgado número 1 de Corcubión (caso Prestige).
Nombrado en 2007 fiscal delegado de Medioambiente de la Fiscalía de La Coruña, ocupó ese mismo puesto -con especialidad en medio ambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico e incendios forestales- para toda la Comunidad Autónoma de Galicia desde abril de 2009 hasta su nombramiento en marzo de 2020 como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, cargo que ha ocupado hasta convertirse en el nuevo fiscal general.
Fue presidente-portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de 2013 a 2017 y vocal electivo del Consejo Fiscal entre 2018 y 2022.
García Ortiz está en posesión de la cruz distinguida de San Raimundo de Peñafort, que recibió en junio de 2004, a propuesta del Consejo Fiscal, un galardón con el que se premió en gran medida, su labor en el juicio por el hundimiento del petrolero Prestige.
El primer día de 2023, el fiscal general señalaba en Confilegal, en un reportaje de los deseos para este año de 20 personalidades del mundo de la Justicia, que su propósito para este año es «trabajar para intentar preservar el crédito de las instituciones constitucionales, para proponer reformas imprescindibles en el sistema de justicia penal de este país y, sobre todo, para garantizar que el principio de igualdad entre todas las personas, cualquiera que sea su origen o condición, sea real y efectiva”.
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