La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 23 meses de prisión impuesta por la Audiencia de Tenerife al empresario Miguel Concepción Cáceres por un delito continuado de estafa involucrando las bonificaciones oficiales concedidas para vuelos a los residentes de las islas Canarias, agravada por la cuantía.
La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez-Melgar, a la que ha tenido acceso Confilegal, condena también a las dos hijas del acusado, Eloísa y Verónica Concepción Rodríguez a 8 meses de prisión por sus roles de cómplices y al pago al Ministerio de Fomento, que ejerció de acusación particular, de 3.987.769,07 euros como indemnización. El empresario responderá por el 50 % de esta cuantía y sus hijas, por un 25 % cada una, con responsabilidad solidaria entre ellas por su cuota y subsidiaria a la del autor y de éste por la de ellas. La aerolínea Binter ejerció la acusación particular
Entre los hechos probados se señala que «el importe liquidado en concepto de bonificaciones por la compañía ISLAS AIRWAYS, SA (de la que Concepción Cáceres era presidente y sus hijas eran miembros del consejo de administración) asociados a vuelos interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias ascendió a 47.260.839,58 euros» entre noviembre del 2007 y abril del 2011.
Los condenados idearon una trama para recibir de parte del Ministerio de Fomento «cantidades superiores a las que habría correspondido en virtud del mentado Real Decreto y por tanto obtener un beneficio patrimonial indebido», remitiendo certificaciones y ficheros de vuelo que carecían de sustento, pero aparentaban ajustarse a la normativa legal y contar con respaldo documental para superar controles rutinarios del ministerio.
Así, simularon viajes interinsulares por los que recibieron ayudas de la Administración General del Estado que suelen otorgarse a residentes de las islas para . De esta manera obtuvieron bonificaciones superiores a las debidas por un importe de 8.399.180,32 euros al falsear el cumplimiento de los términos exigidos por el Real Decreto y la Ley de Subvenciones. El alto tribunal desestima el recurso de los condena, así como la petición de considerar la atenuante de dilaciones indebidas en el caso.
Por otro lado,
