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Cartas desde Escocia: A propósito de la llamada seguridad jurídica en España

Mario Conde aborda en su columna la seguridad jurídica en España y concluye que no es, en absoluto, perfecta.

20/3/2023 06:48

Actualizado: 21/3/2023 08:07

Al calor de mi artículo sobre el SVB publicado en este medio, alguien me espetó que, siendo verdad lo que escribo, entonces es que el sistema político-financiero no nos concede seguridad jurídica.

Esta admonición me recordó el escándalo creado por la decisión de una empresa española de trasladarse a otro país de la Unión Europea lo que motivó una tremendamente airada —a mi juicio desmedida— reacción del presidente del Gobierno, primero proclamando la ”justicia fiscal” con tonos demagógicos para acabar apelando a la ”seguridad jurídica”

Seguridad jurídica…, ahí es donde duele

Dijo el presidente que hay seguridad jurídica en España porque las inversiones extranjeras han aumentado en mas de veinte mil millones de euros.

Señor Presidente, le formulo tres preguntas: ¿Acaso un intangible esencial como es la seguridad jurídica se mide en guarismos de inversiones extranjeras?

Otra: ¿No le parece que 20.0000 millones de euros son una cantidad bastante ridícula para un asunto de tanta envergadura?

Tercera: ¿No se da cuenta que esos inversores no vienen a España a quedarse ni piensan estar aquí sino simplemente comprar y vender como servidores de la diosa plusvalía?

Señor Presidente, lo que duele es en la referencia a la seguridad jurídica. Lo demás, literatura de adorno con la cantinela, para consumo de mentes débiles, de la llamada tributación justa, que mas bien debería calificarse justiciera, por lo demagógico que conlleva.

¿Tenemos en España seguridad jurídica de verdadera calidad en España? ¿Hay diferencias con Holanda?

La preexistencia de un Ordenamiento Jurídico concebido y elaborado en su sustancia con arreglo a los valores imperantes en el mundo occidental, es una condición sine qua non, pero ni de lejos suficiente para poder hablar de verdadera seguridad jurídica.

Por una razón elemental: porque entre la norma abstracta y la vida, entre la hipótesis normativa y el hecho real, se interponen unas personas dotadas de potestades atribuidas por la Ley —léase Comunidad— para que lo justo normativo se convierta en justo real.

Me refiero, obviamente, a jueces, tribunales y fiscales.

DISTORSIONES

Si, por brillante que sea el ordenamiento, la práctica de la Ley en la vida diaria se traduce en distorsiones derivadas de la conveniencia del poder, de resoluciones dictadas por quienes recibiendo potestades de la comunidad se pliegan a los dictados del poder político en busca de su propia conveniencia o ceden al impulso arrebatador de la corrupción financiera o simplemente se entregan a sus pasiones ocultas de fobias y filias merecedoras de tratamientos psiquiátricos, si eso sucede con demasiadas frecuencia en un país, digan lo que digan sus normas constitucionales y aquellas que las desarrollan, ese país, ese Estado, carece de verdadera seguridad jurídica.

Apenas unos días atrás me mostraban una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba otra de la Audiencia Nacional dictada en un asunto tributario de considerable dimensión.

Me quedé asombrado, a pesar de mi nutrida experiencia, cuando leí que, citando literalmente, el Tribunal Supremo afirmaba en su sentencia que la de la Audiencia Nacional carece del ”menor fundamento jurídico”.

Insisto: es literal.

¿Como es posible que un órgano judicial de la importancia de la Audiencia Nacional, a vista de las materias sometidas a su ”jurisdicción”, sea capaz de producir una sentencia que afecta al patrimonio de personas residentes en este país, golpeadas en ese caso por una arbitrariedad notoria de la Agencia Tributaria, sea capaz -decía- de dictar una solución al conflicto dando la razón a la citada Agencia, consagrando la arbitrariedad, sin el menor respaldo jurídico según las palabras de nuestro mas Alto Tribunal?

Pues posible, si que es. A la vista está….

Bien es cierto que el Supremo ha corregido de ese modo tan rotundo a la Audiencia Nacional, pero, me pregunto, para que existiera verdadera seguridad jurídica ¿deberían adoptarse medidas legales sobre los autores de esa sentencia sin el menor respaldo jurídico para que no se reprodujeran casos así en el futuro?

¿Dictar sentencias totalmente ajenas al Derecho, a la Ley y con conciencia de hacerlo, está tipificado en nuestro Ordenamiento?

Se anulan las sentencias, pero en muy pocas ocasiones porque el Supremo es el supremo y no puede resolver todo…, pero ¿se seguirán dictando otras sentencias de idéntica textura si ejercen potestad quienes de este modo actúan —que no son todos, ni muchos menos, obviamente–?

SENTENCIAS SIN FUNDAMENTO JURÍDICO

¿Qué porcentaje de sentencias dictadas sin el menor fundamento jurídico emanarán de los Tribunales en general y de la Audiencia Nacional en particular, en materia de derechos fundamentales y de ámbito tributario?

Claro que existirán muchas sentencias ajustadas a derecho, no lo dudo, pero….

¿Podemos hablar de verdadera seguridad jurídica si el porcentaje de las de ”sin el menor fundamento jurídico” es elevado y sobre todo si no se corrige de raíz cuando aparecen?

Mientras no dispongamos de un sistema judicial que imposibilite la arbitrariedad o la dificulte seriamente no tendremos seguridad jurídica de calidad, digan lo que digan la Constitución y las leyes que la desarrollan.

Y, ¿eso como se consigue? Difícil, porque a la vista está que ni unos ni otros ni los demás quieren ceder en su capacidad de controlar el poder judicial. ¿Exagero? Pues a las hemerotecas me remito.

Lamentablemente no exagero.

El problema, una vez mas, no es de normas, de leyes, sino de personas: para que tengamos verdadera seguridad jurídica precisamos de jueces y fiscales con estructura moral que impida la sumisión a las diferentes formas de poder, político, empresarial, mediático, financiero o, incluso el propio poder de la desviación menta/emocional.

Y hay que empezar por castigar los delitos de prevaricación judicial de jueces, fiscales y autoridades administrativas con penas de prisión adecuadas a la inmensa gravedad del delito.

Si es solo inhabilitación… Mientras tanto…

Quizás los inversores de esos 20.000 millones de euros no se encuentren nunca ni con la arbitrariedad tributaria ni con sentencias sin el menor fundamento jurídico. Por el bien de España esperemos que sea así.

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