Ana Rosa Quintana ha ganado la batalla judicial frente a Pablo Iglesias Turrión tras una demanda contra Mediaset y Telecinco por dar su opinión sobre la gestión de las residencias de ancianos en pandemia en su programa, AR, que emite dicha cadena.
El que fuera vicepresidente del Gobierno solicitó al programa una rectificación.
La sentencia 103/2023 ha sido dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia Nº84 de Madrid, Santiago Tudela, el pasado 14 de marzo.
Todo comenzó hace dos años cuando la conductora del programa martinal de Telecinco, hizo su editorial diario. Ese día dijo que Pablo Iglesias echaba en cara los muertos de las residencias de ancianos a Isabel Díaz Ayuso cuando él era el responsable de los geriátricos.
La página web del programa tituló: “El zasca de Ana Rosa a Iglesias tras echar en cara a Ayuso los muertos en residencias”.
La opinión de Ana Rosa Quintana se basó en una rueda de prensa que Iglesias dio una vez declarado el Estado de Alarma en la que manifestó que asumía la gestión de los servicios sociales de toda España.
Por aquel entonces era vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
«La afirmación era una opinión subjetiva»
Iglesias demandó tanto a Telecinco como a Mediaset con el objetivo de solicitar una rectificación de esas palabras.
El magistrado explica en la sentencia que la afirmación de Ana Rosa Quintana era una opinión subjetiva basada en su propio juicio y no en un hecho como tal que puede ser objeto de rectificación.
Este derecho a la libertad de opinión de Quintana no ampara la “réplica de Iglesias a la crítica de la periodista a una manifestación suya relativa a la gestión de las residencias”.
Por ello, tras estudiar el caso, el magistrado ha llegado a la conclusión de que lo que pretendió Iglesias no fue una rectificación, sino rebatir y replicar la opinión crítica de Ana Rosa Quintana, quien hizo uso del «legítimo ejercicio de su libertad de expresión”.
Opinión que pronunció sobre la base a las informaciones emitidas por el Gobierno, recalca el magistrado.
Por ello, ha desestimado la demanda y ha impuesto al vicepresidente el pago de las costas del juicio.
