El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 5 meses de cárcel a un ganadero de Lugo por inyectar cepas vivas de brucelosis a 144 vacas para cobrar las indemnizaciones legalmente establecidas por su sacrificio para casos en los que se detecta esta bacteria. Ha sido castigado por cometer un delito de estafa en grado de tentativa.
La sentencia 153/2023 de 6 de marzo ha sido dictada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García, Vicente Magro Servet y Leopoldo Puente Segura.
Este fallo confirma la decisión dictada por la Audiencia Provincial de Lugo, que también obliga al ganadero a pagar a la Xunta una indemnización de 22.000 euros por los gastos del laboratorio.
Los hechos se remontan a 2012. El ganadero inoculó a los animales esta bacteria cuyo uso está prohibido desde 1988 para que los servicios de inspección de la Xunta de Galicia lo detectasen durante la campaña de saneamiento.
El ganadero pretendía cobrar 102.640 euros
El ganadero pretendía cobrar con el sacrificio de los animales 102.640 euros en concepto de indemnización que variaría entre 30.121,91 y 48.327,46 euros por lucro cesante.
Pero mientras se tramitaba el pago, la Consellería inició una serie de actuaciones tendentes a controlar el supuesto brote de brucelosis surgido en la explotación. Y es que «se trataba de una infección masiva cuando en los dos últimos años no se había identificado ningún animal con esa bacteria» en Galicia.
Tras la pertinente investigación y enviar las muestras al laboratorio, se llegó a la conclusión de que no era una infección natural y salió condenado.
Al no estar conforme con la sentencia, el ganadero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo y a la presunción de inocencia, y añadía que hubo error de apreciación de la prueba.
Puso en duda la cadena de custodia
El ganadero explicó que los informes periciales de esos laboratorios oficiales no fueron practicados en el juicio, por lo que no pudo defenderse de los mismos.
También puso en duda la cadena de custodia de las muestras que se enviaron a los laboratorios. En cambio, los magistrados del Alto Tribunal rebatieron este argumento alegando que la toma de muestra de las vacas se hizo delante de él, se le notificó que se iban a llevar a cabo y, además, firmó estar conforme.
Respecto a que los peritos no prestaran declaración ante el tribunal de instancia, los magistrados han resaltado que «en autos, la presencia de quienes hicieron las pruebas de laboratorio, no fue interesada» y que era inviable reproducir en la vista todos los informes. Además tenía un carácter preprocesal «en el ámbito de una campaña de saneamiento animal, ajena totalmente al ámbito de una conducta delictiva».
Por otro lado, el ganadero argumentó que no había pruebas suficientes para condenarle por estafa en grado de tentativa porque no se demostró que su intención era defraudar.
Sin embargo, explica la Sala, esos animales estaban completamente sanos y la vacuna era innecesaria al ser una enfermedad erradicada en esa zona. Tras su inoculación, dieron positivo en el test y ello conllevaba a su sacrificio y al cobro de la indemnización.
