En España hay aproximadamente un millón de personas sordas, con diferentes edades y grados de pérdida de la audición, y los medios de apoyo que se les prestan desde el Estado están regulados por la Ley 27/2007, de 23 de octubre. Pero los servicios públicos, financiados con los impuestos de la ciudadanía, no se le revierten a los sordos en los servicios de educación, salud y justicia, en palabras de Francisco Sierra Fernández, doctor en Derecho Constitucional y autor del libro «Protección jurídico-constitucional de las personas sordas«.
«Las personas sordas sufren de indefensión al no tener intérpretes en los juzgados», declara Sierra, añadiendo que, al permitir que ciertos procedimientos se lleven a cabo sin la presencia de un intérprete en lengua de signos en vez de suspenderlos, los abogados, fiscales y jueces «no tienen en cuenta» las necesidades de las personas sordas para que «sepan cómo defenderse».
Por lo tanto, «los servicios públicos no se cumplen» en estas situaciones, incumpliéndose el derecho a la tutela judicial, así como ocurre con las escuelas, servicios de salud, centros deportivos, de ocio y de cultura en otros contextos.
«La Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no están protegiendo a los sordos, no cumplen nada a pesar de la verborrea desde tribunas políticas sobre la protección al débil», dice Sierra. «Es como si se les pidiera educadamente que dejen de existir».
«Sería revolucionario si se cumpliera la ley»
Al tratarse de un colectivo que se agrupa en actividades culturales, que tiene una lengua propia reconocida por la ley y que genera su propia identidad al asociarse, Sierra argumenta que las personas sordas «forman parte de una minoría», por lo que deberían incluirse dentro de la «discriminación positiva» que supondrían las medidas de la Ley 27/2007. En opinión del doctor en Derecho Constitucional, «sería revolucionario si se cumpliera la ley», pero que «sería mejor derogarla» por su falta de aplicación.
Dos de los ámbitos donde más se nota la falta de efectividad de la normativa son el laboral y el educativo: casi 80 % de las personas sordas son funcionalmente analfabetas, según datos del Observatorio de la Discapacidad, lo que significa que no entienden gran parte de los mensajes escritos que ven, y hay una tendencia a que no superen un nivel de educación básica, algo que disminuye notablemente su empleabilidad. «Varias personas sordas no pueden acceder sino a puestos precarios», señala Sierra.
Una de las aplicaciones más urgentes contempladas por la Ley 27/2007 es la de la puesta en marcha de unidades bilingües en la educación primaria y secundarias «para que las personas sordas accedan a los contenidos educativos», así como «jornadas universitarias» para este colectivo para fomentar la entrada a la educación superior.
Pero en cuanto a medidas que buscaran un efecto inmediato, menciona la puesta a disposición de intérpretes en los juzgados, centros sanitarios y demás servicios públicos para cumplir con los derechos fundamentales y constitucionales a la tutela judicial y a la salud así como un servicio de subtítulos apropiado para la televisión pública. «La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual aumentó el número de horas durante las cuales la televisión pública debe presentar subtítulos de dos a ocho, pero sigue siendo insuficiente», recalca Sierra.
