En la reunión del Observatorio de Justicia Gratuita del CGAE se estudiaron propuestas para mejorar el servicio y realizar el informe que elabora cada año el CGAE con los datos aportados por los 83 Colegios de la Abogacía y presenta ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el resto de operadores jurídicos.
Observatorio de Justicia Gratuita del CGAE: Hay que homogeneizar los baremos y acabar con las disparidades territoriales
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12/4/2023 06:48
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Actualizado: 12/4/2023 09:58
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Durante la reunión del comité de expertos del Observatorio de Justicia Gratuita en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), presidida por su presidenta, Victoria Ortega, los asistentes han coincidido en la necesidad de corregir las discrepancias en los requisitos para conceder el beneficio de este servicio, las diferencias entre los baremos impuestos para el turno de oficio entre las diferentes Comunidades Autónomas y la implantación de programas de formación especializada para los letrados que pasen a ser parte de este colectivo.
Se trata de un encuentro en el que se estudian las propuestas de los asistentes para mejorar el servicio y realizar el Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita que elabora cada año el CGAE con los datos aportados por los 83 Colegios de la Abogacía y presenta ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el resto de operadores jurídicos.
El presidente de la comisión de Justicia Gratuita del propio Consejo, Antonio Morán, destacó que «hay que individualizar el problema» al notar la «desigualdad en el trato al ciudadano en las diferentes Comunidades».
La vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Concepción Ortega Fernández, destacó que la justicia gratuita «es un derecho fundamental, con su propia ley reguladora», con lo que la transferencia de competencia en este aspectos representa una serie de conflictos.
Coincidía la presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita y Turno de Oficio del Consejo General de Procuradores de España, Inmaculada García González. «Habría que aunar los criterios», afirmó, destacando las variaciones en la situación económica que podía experimentar una persona o una familia que podrían hacerle beneficiaria de concedérsele el servicio o perderlo.
Al respecto, María Luz Puerto Mendoza, técnica del área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, indicó las diferencias entre las páginas web de distintos servicios de justicia gratuita a lo largo del territorio español, apuntando que podría ser útil mejorar la información que se suministra a los ciudadanos .
«Hace falta homologarlas; algunas son muy completas y accesibles para que se formulen las solicitudes, pero otras presentan dificultades al intentar encontrar los datos que se deben aportar y podrían ser más sencillas», dijo.
El diputado responsable de Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Juan Manuel Mayllo, también valoró la situación poniendo en relieve que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) «no se actualiza al mismo ritmo que el sueldo mínimo interprofesional (SMI)», por lo que genera dificultades al ser uno de los valores estimados en la concesión del servicio. «Los criterios se fijan por consenso, pero no son iguales en las comisiones autonómicas y la general», señaló.
«Disparidades territoriales» en la remuneración de los letrados
En el segundo tema propuesto para el debate, centrándose en la mejora de las condiciones de prestación de estos servicios, Morán mencionó la adecuación de las remuneraciones como un punto central, habiéndose reclamado desde hace mucho tiempo por parte del colectivo.
Las «disparidades territoriales», dijo, dependen de los departamentos de las comunidades autónomas que subvencionan o aportan el presupuesto para cubrir la justicia gratuita.
García González expresó lo «asombrada» que se sintió al comparar los baremos entre las comunidades y notar diferencias que calificó de «injustas».
Expresión que repitió el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo de la Abogacía, Blas Jesús Imbroda, que propuso «homogeneizar los baremos» y además añadió todo el proceso de asistencia en temas de extranjería en Canarias podían dar como resultado un pago de 35 euros.
Una de las cosas que más le llamó la atención a García González, dijo, era que «todas las Comunidades Autónomas que tenían estas competencias transferidas ofrecían pagos mayores» que las de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, que dependen del Ministerio de Justicia.
A pesar de estas críticas, Morán también puso en relieve el sistema de justicia gratuita español como uno de los más amplios del mundo y como un «garante» para que «los ciudadanos se sientan cómodos en su cotidianidad».
En la reunión también participaron el vocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta Martínez, la presidenta de la Fundación Aranzadi-La Ley, Cristina Sancho; el adjunto a la dirección de la Fundación AEQUITAS, Francisco Jesús González Ruiz; la vocal de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género Isabel Sanchís Vila; el asesor jurídico del CERMI Óscar Moral; el presidente de la subcomisión de Violencia sobre la Mujer del propio Consejo, Fernando Rodríguez Santocildes; la vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Concepción Ortega Fernández; la presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario, Blanca Ramos; la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Encarnación Orduna; la responsable del turno de oficio del ICAM, Marisol Cuevas, y el director del programa Ventaja Legal de Capital Radio, Arcadio García Montoro
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