La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) reprochó duramente ayer al Ministerio de Justicia el «doble rasero» empleado con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en comparación con el que pretende aplicar con la huelga indefinida parcial convocada por los cinco sindicatos de Justicia y que comienza el próximo lunes 17 de abril, de 10 a 13 de la tarde, y a la que han sido convocados los 45.000 funcionarios de este sector de la Administración.
«A estas alturas ya no cabe ninguna duda de que el Ministerio de Justicia fue un ‘cooperador necesario’ en la huelga indefinida y a jornada completa de los LAJ. Les permitió cogerse vacaciones y días de asuntos particulares a discreción, les permitió hacer sustituciones, aún estando de huelga, a razón de 1600 euros al mes cada una de ellas lo que ha permitido que los LAJ hicieran caja», explicó Javier Jordán de Urríes, presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF.
«El Ministerio les permitió seguir trabajando en formato a distancia (el teletrabajo). Les permitió hacer una huelga intermitente en la que cada uno elegía cuándo y cómo hacía la huelga. Además, no publicó datos oficiales de seguimiento ni datos oficiales del impacto de la huelga en suspensiones de juicios o dinero en la cuenta de depósitos y consignaciones a pesar de que los tienen, dejando el campo de los medios de comunicación libre y expedito para el Comité de huelga», añadió.
«Calló y se mantuvo al margen de las denuncias de presiones al personal no convocado a la huelga o de las peticiones de clarificación de las funciones a realizar o de las órdenes verbales que nos conminaban a ‘ordenar armarios’ lo que, además de ser un insulto a los destinatarios de esas órdenes, supone un menosprecio al ciudadano y al servicio público. Finalmente, estableció unos servicios mínimos que apenas ocupaban la mitad de una cuartilla».
LOS LAJ FUERON TRATADOS DE OTRA FORMA
De acuerdo con Jordán de Urríes, lo que ha hecho el Ministerio con esta próxima huelga de funcionarios ha sido suspender todas las peticiones de vacaciones y permisos solicitadas previamente por los funcionarios de Justicia sin mayor explicación.
A los LAJ les permitió disfrutar de «moscosos» y vacaciones entre el 24 y el 31 de enero.
El Ministerio también ha suspendido el teletrabajo: «Un derecho reconocido por el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que se “suspende” sin justificación alguna».
El derecho de huelga, recordó el presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF, «no puede quedar supeditado a la forma de prestación laboral porque, entonces, se está coartando el derecho fundamental de un trabajador a la huelga por el mero hecho de ejercer su derecho a prestar su trabajo fuera de la oficina«, dicen desde CSIF.
«Estos servicios esenciales y estas limitaciones a los derechos a vacaciones, conciliación de la vida laboral y familiar o a disfrutar de los permisos o teletrabajar, son una confesión de parte», subrayó.
Y recordó que «El Ministerio –el Gobierno– sabe que, sin nosotros, no hay Juzgados ni Tribunales por muchos cuerpos superiores que haya. En realidad, todos cumplimos unas funciones en la Administración de Justicia, aunque, algunos, aupados de nuevo en un pedestal, sigan sin darse cuenta».
Cabría preguntarse, continuó Jordán de Urríes, si se coincide en la reivindicación, «¿por qué el Ministerio no ha respondido a la propuesta del comité de huelga?, ¿por qué no se ha reunido con ese comité de huelga con una propuesta concreta y con la voluntad de evitar el conflicto?».
Según el líder de este sector del sindicato de funcionarios, un elemento fundamental de la negociación es la implantación de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que afecta a todos los funcionarios de Justicia de toda España, paralizada como proyecto e ley en el Congreso de los Diputados.
«Una LOEO que es la base del acuerdo del comité de huelga de los LAJ y que, debido a esa inclusión en el acuerdo, nos permite ligar la petición retributiva a su implantación», señaló Jordán de Urríes.
EFECTO CASCADA
El líder de CSIF Justicia recordó que, cuando el Ministerio estaba cerrando su acuerdo con los LAJ, ya advirtió a sus máximos responsables que aquello iba producir un «efecto cascada en el resto».
«Y en eso estamos y en eso están también Jueces y Fiscales. Ese reconocimiento del efecto cascada consta por escrito, se lo hemos advertido en diferentes comunicados y notas informativas sindicales y, también ha sido objeto de conversaciones mantenidas en los últimos meses donde esta cuestión se puso de manifiesto», señaló.
Con este dato sobre la mesa «sólo falta que actúen en consecuencia y no aboquen a la Justicia a un nuevo parón, en perjuicio del servicio público y de los ciudadanos».
«En manos del Ministerio –y del Gobierno– queda. Los funcionarios de Justicia, que también iremos a votar en las elecciones autonómicas del. próximo 28 de mayo y en las generales diciembre, junto con nuestras familias, tomaremos buena nota de todo lo que suceda», concluyó.
RESOLUCIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS DEL MINISTERIO
