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La protesta de los abogados ante el Congreso: Justificada y justa

La protesta de los abogados ante el Congreso: Justificada y justa
Manuel Álvarez de Mon Soto, ha sido magistrado, fiscal y funcionario de prisiones. Actualmente es letrado del Colegio de Abogados de Madrid. [email protected] Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
27/4/2023 06:48
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Actualizado: 08/5/2023 12:58
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Hoy va a tener lugar una masiva concentración de abogados procedentes de toda España ante el Congreso de Diputados. Va a ser un hecho histórico.

La convocan 13 asociaciones profesionales y el Sindicato de Abogados y la apoya expresamente el Consejo General de la Abogacía Española y la mayoría de los colegios de abogados de España. Un hecho con escasos precedentes.

Los abogados tienen toda la razón para concentrarse y exigir a los políticos la atención necesaria que precisa la Justicia.

Cómo ha manifestado Ángel Cervantes, el decano de los abogados de Toledo se requiere la dignificación de la profesión, muy afectada y perjudicada por el mal funcionamiento tradicional de un servicio público esencial para atender las exigencias de un estado de derecho, como se supone que es el español.

A las deficiencias endémicas, se han unido los daños algunos ya irreparables, causados por la huelga ya finalizada de los Letrados de la Administración de Justicia , antiguos secretarios judiciales, ahora agravados por la de los funcionarios de Justicia.

Lo cual ha creado una situación que, acertadamente, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, conocedor experto de la realidad judicial, ha calificado de causante de «graves perjuicios» para el derecho a la tutela judicial efectiva.

Efectivamente, no se trata solo de los graves daños económicos causados a muchísimos abogados ejercientes –sobre todo a los del turno de oficio–, sino como a la tutela judicial efectiva.

O sea, principalmente, a los derechos de los ciudadanos, desatendidos o retrasados aún más de lo habitual , tanto en lo material como en lo personal.

Quiero resaltar que, aparte de los perjuicios que sufren los ciudadanos necesitados de protección legal, algunos de los graves perjuicios que sufren los abogados en su ejercicio profesional.

 En primer lugar, hay que compensar a los abogados del turno de oficio, en todas sus actuaciones, de forma decorosa. Esto no sucede ahora. Tienen que pagar de su bolsillo  los desplazamientos a comisarías, prisiones y juzgados, estén donde estén geográficamente.

Ello no puede supeditarse a la concesión o no de la justicia gratuita, que deja muchos trabajos sin cobrar.

COMO MÉDICOS DE URGENCIAS

Cómo dice Alicia Vega, los abogados del turno deben de ser tratados como los médicos de urgencias, que no indagan en la cartilla del enfermo, pues eso es cosa de Administración Sanitaria.

Esa función de indagar la fortuna de los peticionarios del turno de oficio le corresponde a la Administración de Justicia y a los colegios profesionales, no al abogado.

No se olvide que la justicia gratuita es un pilar fundamental y necesario para la tutela judicial efectiva que proclama la Constitución .

Además, todos los abogados sufren, como los ciudadanos, del incumplimiento sistemático de la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, consecuencia del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001, pero aún sin aplicación efectiva .

Sigue si haber una justicia trasparente y comprensible. Se incumple la máxima puntualidad, que exige el número 10 . Y lo que es peor, el informar al ciudadano de las razones del retraso y la comunicación salvo fuerza mayor de la suspensión de actos procesales.

Se incumple prácticamente todo c omo el conocer la identidad y categoría de la autoridad y funcionario que atienda al ciudadano, el ser atendido personalmente por el juez o el secretario, el nombre de los actuales letrados judiciales.  

Aquí, para no extender más este punto, pues cualquiera puede leer la mencionada Carta, es obligado resaltar el clamoroso incumplimiento de plazos por los órganos judiciales, con la consiguiente inseguridad jurídica y tensión emocional que crea en los profesionales, acuciados por el cumplimiento de los mismos, aunque estuviesen enfermos.

¿Que han hecho los poderes públicos para desarrollar la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia?

Pues muy poco.

En los programas electorales siempre se habla de modernizar las leyes, de dotar de más medios personales y materiales a la Justicia, de despolitizarla, etcétera. Después no se cumple, entre otras cosas porque los políticos no quieren ser fiscalizados por la Justicia.

Por eso, ningún Gobierno con o sin mayoría absoluta, despolitiza al Consejo General del Poder Judicial, responsable de los más altos nombramientos judiciales discrecionales, y de la competencia disciplinaria. Ni suprime aforamientos.

A la clase política eso, simplemente, no le interesa.

También hay problemas legales de legislación procesal inadecuada, una competencia del Poder Legislativo, a quien le corresponde resolverlos.

UN PROBLEMA DE ÍNDOLE HUMANA

Y hay un último problema, de índole personal, humano: el trato descortés, mal educado, intolerable, de algunos funcionarios, hacia los abogados.

A todos los niveles. Con conductas que inciden en responsabilidad administrativa, cuya sanción está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Algo que no se aplica, pese a los escasos casos de los abogados que se atreven a denunciar.

La mayoría no lo hacen por miedos a represalias y por desconfianza en la eficacia de hacerlo.

Ha habido casos públicos intolerables como la reacción de ciertos funcionarios ante la queja de uno de los más importantes penalistas de España, el prestigioso abogado Luis Romero, presidente también del Rotary Club de Sevilla, por el incumplimiento arbitrario del letrado judicial del Tribunal del Jurado de Sevilla de su deber de grabar un juicio, contraviniendo lo que varias leyes ordenan.

También es de destacar, positivamente, la petición pública de excusas del entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, al abogado Endika Zulueta por un improcedente  abroncamiento público el día anterior al inicio del juicio por los atentados terroristas de 2004 .

Otro grave problema antes referido han sido la huelga de los LAJs y ahora de los funcionarios de Justicia a la que se podría sumar la de los jueces y fiscales.

Al respecto tengo que decir, que, si se examina la problemática profesional, con ánimo no solo de aumento salarial, habría que tocar otros temas como el negocio libre de impuestos de bastantes  preparadores que provocó la dimisión del entonces presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Antonio Gisbert, por las presiones sufridas por su denuncia de esta práctica, los gastos en viajes al extranjero, muchos innecesarios de vocales del Consejo General del Poder Judicial, o los cursillos de idiomas de una o dos semanas, en Londres, Nueva York o París.

Los pagos a jueces y fiscales por asesoramientos informáticos, los calvarios de muchas víctimas por errores judiciales como los casos de José Cleries, Patricia Bartolomé, Hassan Mohamed, José Franco, alias “el Boca”, etc.

En fin hay mucho que reformar y los abogados tienen muchos motivos para ir a concentrarse ante el Congreso y allí oír a Francisco Javier Lara, el decano emérito de Málaga, represaliado por supuesta desobediencia por defender a los abogados de su colegio durante la pandemia del COVID ante requerimientos judiciales injustificados, contrarios a la elemental prudencia de protección de la salud.

Ni Lara ni otros decanos como Ribón o Cervantes estarán solos.

Serán la vanguardia de las legitimas reivindicaciones de los abogados ejercientes y no ejercientes como yo mismo .

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