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El caos de la Justicia: una cuestión de Estado

José María Torras Coll explica el porqué del titular de su columna y afirma que es necesario, más que nunca, un pacto de estado. Foto: Confilegal.

01/5/2023 06:30

Actualizado: 30/4/2023 16:41

Tres de las cuatro asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados y dos de Fiscales convocan huelga indefinida a partir del 16 de mayo para exigir, en la Mesa de Retribuciones, la actualización y mejoras salariales.

La cuestión que se suscita es si lo jueces, a la par funcionarios de carrera y depositarios atomizados del Poder Judicial, gozan de suficiente cobertura legal, de soporte normativo, para ejercer el derecho de huelga. Derecho, por cierto, que sigue sin contar con un desarrollo legislativo por las reticencias políticas de los gobernantes en las distintas legislaturas.

Más allá de la discusión resulta que en el año 2018, con ocasión de un parón judicial, a los magistrados que lo secundaron se les descontó la proporción de sueldo que correspondía a las jornadas de inactividad laboral, lo que podría interpretarse como un reconocimiento implícito de ese derecho.

Estalla la revuelta de los operadores de la justicia española. La reivindicación de las mejoras salariales de jueces y funcionarios, así como la dignificación retributiva de los Abogados del Turno de Oficio, pieza clave en el engranaje judicial, como colaboradores esenciales, en la impartición de Justica, junto con las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia, constituyen el punto de iceberg de la insostenible situación que se traduce en una exasperante y creciente lentitud con señalamientos de juicio orales penales diferidos al año 2026 e incluso el 2027 y aplazamientos de juicios sociales que han motivado la promoción de demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Ahora bien, si nos atenemos a los precedentes históricos más cercanos, en el año 2009 y en 2012, el Pleno y la Comisión de Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, negaron la fijación de servicios mínimos imprescindibles.

LOS JUECES NO TIENEN OTRA OPCIÓN QUE HACER VALER SUS LEGÍTIMAS REIVINDICACIONES

Es indudable que, ante la cerrazón, la falta de diálogo, las largas dadas por el Ministerio de Justicia, desde hace más de una década a los jueces y la falta de compromiso de los Ministerios concernidos, Justicia y Hacienda y Función Pública, los Jueces no tienen otra opción, otra medida de presión, que la de hacer valer sus legítimas reivindicaciones y que no se circunscriben a las remuneraciones, sino también a la falta de medios materiales y personales que se antojan del todo punto justas, ya que es inadmisible, por ejemplo, que en el año 2010 se bajase un 10 % el sueldo base y un 5 % los complementos y desde entonces no se haya recuperado la importante pérdida de poder adquisitivo que es más impactante en los destinos de mayor carestía de vida.

Lo que se reclama es el estricto cumplimiento de la Ley 15/2003 que establece que cada cinco años se revisen y actualicen los salarios de los miembros de la Carrera Judicial y ello no se ha producido. Un juez en el año 2003 percibía siete veces el SMI y, actualmente,esa proporción no llega a tres veces.

Y resulta incomprensible y hasta ofensivo, indigno, que un Juez de Guardia, con la responsabilidad que asume, en determinadas poblaciones perciba por hora de guardia semanal permanente, un euro.

O que se produzca la paradoja de que un o una Juez/a recién incorporado/a, en el primer destino, y, un funcionario de policía, éste tenga una retribución superior, dicho ello con todo el respeto que se merece la meritoria labor que ejercen quienes velan por la seguridad ciudadana.

De la misma forma que nadie quiere que le opere un cirujano agotado, tampoco desearía que un juez sobrecargado, exhausto, resuelva su caso.

El papel lo aguanta todo, pero detrás de un documento está la vida de las personas, sus problemas y, sobre todo, el respeto al ejercicio de sus derechos y la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Así las cosas, mientras en Europa la ratio de jueces por número de habitantes se sitúa en 21 por cada 100.000, en España cae hasta el 11,5.

MÓDULOS DE PRODUCTIVIDAD

Un informe del Consejo General del Poder Judicial de hace un lustro, señalaba que más de 750 juzgados unipersonales afrontaban una sobrecarga competencial del 150 %.

Y lo mismo o peor ocurre en la actualidad en determinados órganos colegiados, en Audiencias Provinciales, siendo que se registran en los ponentes rendimientos de productividad del 120 %, 135 %,de 150 %, de 175 %, de 200 % e incluso de 400 %. «Poniendo en serio riesgo la salud psicofísica de los miembros de la carrera judicial”.

Por cierto, “módulos de productividad”, concepto transido de marcada impronta mercantilista, vigilados por un riguroso, e incluso, a veces, severo servicio de inspección del órgano de gobierno al que, como es sabido y notorio, sólo le importa, como se ha escrito, resolver al por mayor, es decir, en la jerga judicial “sacar papel, como sea”, con un sistema compensatorio de incentivos, denominado variables, de cuantías vergonzosas, en los que prima la cantidad sobre la calidad de la respuesta jurídica, como si se tratase de una empresa manufacturera, como si los jueces fuesen operarios a destajo, insertados en una cadena de montaje, cuando resulta que a los magistrados, por mandato constitucional, se les confía la alta responsabilidad de la tutela judicial efectiva de los bienes más preciados, la libertad y la propiedad.

Se les exige cumplir de forma impecable con el sacrosanto deber de motivación, es decir, de laboriosa redacción de las resoluciones judiciales, tras asistir a jornadas de vistas y juicios, en ocasiones, maratonianas, lo que comporta que el ejercicio de la función jurisdiccional se apodere, más allá del horario de audiencia pública, del tiempo libre de los jueces que se ven abocados, ante la sobrecarga de trabajo, al sacrificio, a prescindir del tiempo libre, de la atención y dedicación a la familia.

Por lo tanto, no debe extrañar que varios magistrados, todos de una gran preparación y excelente nivel jurídico, así como dilatada experiencia profesional, se hayan trasladado voluntariamente, mediante concurso público, a otros destinos con menor sobrecarga competencial, incidiendo en ello el tremendo desgaste acumulado derivado del enjuiciamiento de macrocausas, como es el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla, de Mallorca, de Barcelona, etc.

O, inclusive, hayan decidido adelantar la jubilación voluntaria.

LA CLASE POLÍTICA HA ABANDONADO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En cualquier caso, el endémico abandono por la clase política de la Administración de Justicia, actualmente en situación caótica, sempiterna relegada por los distintos Gobiernos, por no movilizar su deficiente funcionamiento, por no tener un gran eco en la ciudadanía, al contrario de lo acontece con la sanidad o la enseñanza, y por no suponer un significado coste electoral, no debe convertir a los ciudadanos y empresas, en rehenes, ya que no se les debe privar ni perjudicar en el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva.

Debe apelarse al sentido de la responsabilidad en pro de una justicia moderna, eficiente, rápida y de calidad servida por unos operadores jurídicos altamente preparados, para que sean dignamente retribuidos y dispongan de medios materiales modernizados con implantación de las nuevas y avanzadas tecnologías, adaptación a la inteligencia artificial, con el despliegue completo del sistema de dictado jurídico que posibilite las transcripciones mediante el reconocimiento de voz ,de forma rápida y precisa, implementación del expediente electrónico en todas las jurisdicciones y, especialmente, en la penal, evitando que el Juez tenga que cargar físicamente con la maleta trolley e incluso mediante transporte con su automóvil con los volúmenes, los tomos de la causa, máxime en los macrojuicios.

También urge la reforma de las leyes procesales para adecuarlas y adaptarlas a las exigencias reales de las nuevas modalidades de litigiosidad.

Es preciso también que se despolitice la Justicia, que no se instrumentalice. Que se preserve la independencia del Poder Judicial.

Hace falta hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Es menester un Pacto de Estado.

Una justicia que funcione indudablemente reporta retornos inmediatos para la sociedad, en el ámbito de la seguridad, en la economía, en las inversiones, y por ello deben abordarse las reivindicaciones con apremiante prioridad en aras de la calidad democrática.

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