Patricia Gabeiras, doctora en derecho de la cultura y socia fundadora de Gabeiras y Asociados; Jesús Prieto de Pedro, presidente del comité científico de la Fundación Gabeiras; Belén Álvarez Cabrera, socia, y Rocío Mena Jiménez, abogada 'sénior'.
Fundación Gabeiras presenta el «Catálogo de urgencias en el sector cultural» para proponer un Sistema Público de Cultura
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10/5/2023 06:29
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Actualizado: 24/5/2023 12:00
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La Fundación Gabeiras ha publicado el «Catálogo de urgencias en el sector cultural», un libro que identifican desde la organización como «una respuesta jurídica que pone de manifiesto los numerosos elementos comunes que aparecen en las reivindicaciones de cada sector, sin dejar de lado las especificidades propias de cada uno». Así, ponen de relieve la necesidad de, entre otras iniciativas, un Sistema Público de Cultura «que garantice su desarrollo como bien esencial y de primera necesidad».
Esta propuesta responde, en palabras del catedrático de Derecho administrativo y experto en Derecho de la cultura, Jesús Prieto de Pedro, a la atomización y dispersión en especializaciones del mundo cultural, una situación que «deshilacha los conceptos» y requiere de «un cambio de legislación».
«Hay que articular, la libertad artística no se puede trocear», reclama, señalando que «la idea de un sistema no va en detrimento del pluralismo», sino que ayuda a «renovar el pensamiento cultural y el debate conceptual, político y jurídico».
Profesionales de la cultura, juristas y representantes de administraciones públicas y partidos políticos han formado parte de las mesas que examinaron las necesidades de cada sector artístico (musical, artes escénicas, audiovisual, creación visual, libro y patrimonio) para generar el grueso del contenido del «Catálogo», que diagnostica las diferentes problemáticas de este ámbito y las iniciativas para mejorar sus condiciones desde las áreas jurídicas y legislativas.
Patricia Gabeiras, doctora en derecho de la cultura y socia fundadora de Gabeiras y Asociados, señaló la «vocación de extensión a la sociedad civil» del libro, además de la intención de «hacer efectivo el derecho a la cultura de manera eficaz, que provoque el cambio». De esta manera, el «Catálogo» surge de «una reflexión sobre la búsqueda de soluciones en el ordenamiento jurídico desde la cultura».
«Hay una necesidad de abordar la normativa de una manera sistémica, con una lógica conceptual y académica», indica. La misión global del proyecto, dice, es que «el ordenamiento permita el crecimiento y disfrute de la cultura dentro de un sistema público».
Las medidas propuestas
Belén Álvarez Cabrera, directora del departamento de Derecho de la cultura de Gabeiras y Asociados, destaca las diferencias entre las competencias estatales y autonómicas como una posible complicación en la persecución de estos objetivos, un motivo por el que recomienda abordarla de manera general, «sin perjuicio de los problemas con soluciones puntuales».
En el ámbito estatal, señala como áreas de mejora los procesos de acceso a ayudas y subvenciones, que recomienda flexibilizar y agilizar cuando se dirigen a proyectos culturales, así como aumentar la financiación. También se refiere a la fiscalidad al proponer que se reconozca el carácter irregular de los ingresos de los artistas y que se mejoren los incentivos aumentando su límite cuantitativo.
Además, parte de los estudios del «Catálogo» para afirmar que la enseñanza artística debería impartirse «desde el primer año de edcucación, pide seguridad jurídica para generar una «cultura sostenible» acorde a los objetivos de la Agenda 2030 y pide modificaciones en los regímenes de la seguridad social para adecuarse a los artistas.
En cuanto a recomendaciones dentro del ámbito autonómico, Rocío Mena Jiménez, abogada del departamento de Derecho de la cultura, recalca la necesidad de incorporar la cultura en las Leyes de las comunidades de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, exigiendo «los mismos parámetros, horarios y límites».
También pide regular aspectos concretos en la práctica de diferentes disciplinas, como, por ejemplo, una normativa para la seguridad de los trabajadores que montan y desmontan escenarios y estructuras en ‘shows’ musicales y una adecuación en la normativa del ruido.
La protección de los derechos de propiedad intelectuales y de explotación de los productores españoles de productos audiovisuales, así como de la distribución independiente, es otro frente abierto. «En el sistema de ‘copyright’ angloamericano, otros se apropian de las obras en bloque, y necesitamos un mecanismo para evitar esa renuncia a los derechos», dice.
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