Según Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, es urgente que la ministra de Justicia, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial se comprometan a tomar medidas inmediatas para hacer frente a la saturación de la justicia española.
Los poderes públicos ignoran al Defensor del Pueblo y ponen en riesgo el acceso a la Justicia, según Arriaga
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12/5/2023 12:02
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Actualizado: 12/5/2023 12:02
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El pasado 20 de julio de 2022, el Defensor del Pueblo respondió a una queja presentada por el despacho de abogados Arriaga Asociados, en nombre de sus clientes y, por extensión, de todos los justiciables afectados por el colapso de los juzgados especializados en materia de Condiciones Generales de la Contratación, como el 101 bis de Madrid.
El Defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, acogió la demanda de ampliar los recursos para solucionar los miles de procedimientos pendientes proponiendo la creación de nuevos Juzgados de Primera Instancia con funciones de refuerzo.
No obstante, ninguno de los organismos a los que se les trasladó esta grave problemática de colapso judicial (Ministerio de Justicia, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid o el Consejo General del Poder Judicial) hicieron eco de la recomendación efectuada.
Desde que el Consejo General del Poder Judicial aprobara la creación de los juzgados especializados el 25 de mayo de 2017, todos los litigios relacionados con cláusulas insertadas en contratos de financiación cuyo prestatario es una persona física se han convertido en competencia exclusiva de dichos juzgados.
Esto ha ocasionado un retraso en la tramitación ordinaria de los procedimientos de más de treinta y cinco meses, lo cual supone una merma considerable del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso con todas las garantías consagrados por el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a no sufrir dilaciones indebidas.
El transcurso de los años y la acumulación de asuntos han agravado la situación, pasando de los cuatro años desde la presentación de una demanda hasta el dictado de una sentencia inicial, a los seis años previstos para el dictado de sentencias en los casos actuales.
Así pues, el Defensor del Pueblo, en su función como alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, tiene la facultad de supervisar la actividad de las administraciones públicas españolas y la competencia para dirigir recomendaciones a los Poderes Públicos para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, una vez más, sus pretensiones y las peticiones de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid para restaurar los derechos vulnerados han caído en saco roto, impidiendo así que se alcance la Justicia como valor del Estado Democrático.
Para Jesús Ruiz de Arriaga, socio director del bufete de abogados, es urgente que la ministra de Justicia, Pilar Llop, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, se comprometan a tomar medidas inmediatas para hacer frente a la saturación de la justicia española.
Es fundamental que se escuchen las demandas de los ciudadanos a través del Defensor del Pueblo, así como la creación de un nuevo juzgado especializado en Madrid, para evitar que el sistema judicial continúe colapsado.
Arriaga apunta que es imprescindible que las autoridades competentes adopten medidas que incluyan un incremento presupuestario, un refuerzo de los recursos humanos y financieros destinados a la creación de juzgados y a un reconocimiento del trabajo de los profesionales de la justicia. Esto permitirá garantizar una justicia efectiva para todos los ciudadanos.
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