La Justicia está que arde, y muestra de ello son las diversas huelgas y manifestaciones que han ido surgiendo desde que el pasado mes de enero los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se plantasen para pedir una actualización de sus retribuciones.
Tras los LAJ, los funcionarios de Justicia han amenazado con iniciar una huelga de carácter indefinido a partir del 22 de mayo si ni el ministerio de Justicia ni el de Hacienda ponen sobre la mesa una oferta económica. Y por otro lado está la de los jueces y fiscales, que han aplazado la convocatoria de huelga indefinida del 16 de mayo tras la petición del Gobierno con el objetivo de que se pueda negociar. Sin embargo, los justificables son los que más están pagando las consecuencias.
Javier (nombre ficticio) lleva esperando casi dos años esperando la celebración de un juicio en el que ha impugnado su paternidad tras conocer que el hijo que tenía con su expareja, en realidad no era suyo, sino que era fruto de una infidelidad. El juicio se iba a celebrar en febrero de 2023, pero se suspendió por la huelga de los LAJ y se pospuso para dentro de 10 meses.
Según ha explicado el abogado sevillano José Antonio Sires García, de Sires Abogados, a Confilegal, su cliente está viviendo un «calvario» porque tiene que seguir pagando la manutención del menor a pesar de que no es su hijo.
José Antonio Sires, abogado del hombre afectado.
A raíz de unas pruebas médicas, supo que no podía ser padre
Todo comenzó cuando Javier entabló una relación sentimental con una mujer en 2017. Fruto de ella nació un año después su supuesto hijo, pero tras enterarse de que ésta le había sido infiel, decidió poner fin al noviazgo. Pensando que era su hijo biológico, en octubre de 2019 ambos firmaron un convenio regulador.
Pero durante ese periodo te tiempo, según ha explicado el letrado, la expareja de Javier presuntamente le acosaba y le insultaba, por lo que tenía miedo de salir de casa. Esta situación le provocó episodios de ansiedad y para poner remedio al asunto acudió al psiquiatra.
Tras realizarse diferentes pruebas médicas los resultados determinaron que padecía oligoastenozoospermia severa, es decir, que la concentración y proporción de espermatozoides móviles estaba por debajo de la normalidad, por lo que nunca tuvo la capacidad generativa y en ningún caso podía ser el padre del menor.
Ante esta situación y conociendo las infidelidades de su expareja decidió hacerse las pruebas de paternidad. Los resultados concluyeron que no era el padre del niño, por lo que en abril de 2021 presentó la demanda para impugnar la filiación, para que se declarase que no era el progenitor y para que se anulase la inscripción en el Registro Civil.
«Sorpresivamente, su expareja al recibir la demanda, contesta a la misma, allanándose a nuestras pretensiones y reconociendo la no paternidad de Javier», ha señalado José Antonio Sires.
Una situación de «absoluta desesperación»
Según el letrado, la suspensión del juicio y las huelgas le están dejando en una situación de «absoluta desesperación e incertidumbre», la cual aumenta al tener que seguir cumpliendo con las obligaciones de padre del menor porque así lo estableció la sentencia de 2019. Sigue abonando la pensión mensual de alimentos y los gastos que el menor necesita para su vida diaria.
José Antonio Sires ha relatado que en su despacho se han suspendido numerosos juicios y declaraciones a consecuencia de la primera huelga de los LAJ sin saber todavía cuándo se van a volver a señalar.
«Y ahora nos encontramos con esta segunda huelga y una tercera más que previsible de jueces y fiscales que, sin duda, llega en el peor momento. Ya hemos aprendido de la huelga de los LAJ y ahora toca apelar a la responsabilidad sin orillar los derechos fundamentales para resolver este nuevo conflicto y causar el menor daño posible a la ciudadanía», ha resaltado.
Por otro lado, se ha mostrado preocupado por el posible «desplome del derecho consagrado a la tutela judicial efectivo de los ciudadanos y el futuro colapso, más si cabe, como consecuencia de las tres huelgas que va a soportar nuestro sistema judicial», ha concluido.
