La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha reclamado a los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de una iniciativa que dote a la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo de un régimen sancionador similar al previsto en la Ley de Memoria Democrática.
«Para que las conductas de apoyo al terrorismo, a los condenados por terrorismo o las causas que motivaron o motivan el terrorismo puedan ser sancionadas de manera similar”, explica.
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, envió el pasado martes a todos los grupos parlamentarios sendas cartas con esta reivindicación.
Jucil explica en su misiva que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2022, multa las conductas de quienes puedan con sus acciones insultar y humillar a las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura, mientras que la Ley de Protección a las Víctimas del Terrorismo carece en su articulado de un régimen sancionador.
Algo que «cuanto menos resulta incongruente» y es «una auténtica disfunción legal”, señala Jucil.
La Ley de Memoria incorpora en el título IV un régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones, «en garantía del cumplimiento de lo establecido en la ley y como medio de evitar la humillación que pudiera sentir cualquier víctima de la guerra o la Dictadura, así como defender la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público».
«SORPRENDE ESTE DIFERENTE TRATAMIENTO POR LA LEY»
“Sorprende que se sancionen conductas referidas a hechos sucedidos hace casi cien años ya, pero no se haga lo propio con hechos ocurridos hace mucho menos tiempo, de enorme gravedad», incluso en épocas donde ya se disfrutaba en España de un régimen constitucional, expone en la misiva.
Jucil hace hincapié en que el texto legal de protección a las víctimas del terrorismo representó un importante avance. Sin embargo, afirma que en el momento actual, en el que «se ha flexibilizado la protección penal a determinados comportamientos de cobertura, ensalzamiento y complicidad con la actividad de grupos terroristas o de sus miembros y colaboradores», es «imprescindible» incorporar una respuesta punitiva de carácter administrativo para dichas conductas.
«Si no hay penas, al menos que se sancionen y multen esos comportamientos por parte de la Administración», sostiene.
Así, esta asociación reclama que se habilite como infracción administrativa aquellas conductas de este tipo que no alcancen relevancia penal, como, por ejemplo, «todo acto de apoyo directo o indirecto, especialmente público, a un terrorista o colaborador de terroristas que implique descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares”.
“Ya sean declaraciones, bienvenidas, apoyo al salir de prisión, reconocimientos u otros similares”, manifiesta.
«Hay que proteger a las víctimas del terrorismo y plantar cara a los terroristas y exterroristas que siguen denigrando a las víctimas y ensalzando sus delitos», declara a Confilegal el secretario de comunicación de Jucil, Agustín Leal.
Jucil se creó en 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita y los del propio Instituto armado ante las instituciones y las administraciones públicas.
Nació de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con las policías autonómicas, y en la actualidad cuenta con más de 15.000 afiliados.
