El TSJA confirma que Airbus despidió de forma improcedente al jefe de seguridad acusándolo de llevarse 22 mascarillas
El caso lo ha llevado el abogado José Luis Ortiz Miranda, en colaboración con José María Monzón Moreno, quienes declaran a Confilegal que “este tipo de prácticas colusorias de inventarse delitos tiene muy poco recorrido en los tribunales”.

El TSJA confirma que Airbus despidió de forma improcedente al jefe de seguridad acusándolo de llevarse 22 mascarillas

Tendrá que indemnizarlo con casi 230.000 euros o readmitirlo y pagarle los salarios que le hubieran correspondido durante todos estos años como si hubiera seguido trabajando (salario de tramitación)
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20/6/2023 06:30
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Actualizado: 19/6/2023 23:51
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que es improcedente el despido efectuado por Airbus Operation S.L. sobre su jefe de Seguridad acusándolo de robar 22 mascarillas.

La Sala de lo Social ha desestimado el recurso de suplicación que interpuso la empresa aeronáutica contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz que en diciembre de 2020 estimó la demanda del trabajador y declaró que el cese, comunicado el 7 de mayo de 2020, era un despido improcedente.

El TSJ concluye que los hechos acreditados “no justifican el despido disciplinario”, por lo que comparte la calificación de improcedencia.

En consecuencia, la empresa tiene que optar entre indemnizarlo con 229.828,16 euros o readmitirlo, abonándole el salario diario de 210,61 euros desde el cese hasta que la readmisión sea efectiva.

La sentencia, dictada el pasado 14 de junio  (1736/2023), la firman los magistrados María Elena Díaz Alonso (presidenta), José Joaquín Pérez-Beneyto Abad y Francisco Manuel de la Chica Carreño (ponente).

Condena a Airbus al pago de 800 euros de costas, más IVA.

La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de casación para unificación de doctrina. 

«QUERÍAN QUITÁRSELO DE ENMEDIO COMO FUERA Y A COSTE CERO, LAS IMPUTACIONES ERAN FALSAS», DESTACA EL ABOGADO

José Luis Ortiz Miranda, socio director de Bufete Ortiz Abogados, de Cádiz, que ha llevado el caso en colaboración con el letrado José María Monzón Moreno, asegura que “el ERTE de Airbus no supondrá el fin de los despidos, sino que se está dedicando a echar a todo el que puede por cuestiones meramente arbitrarias”. 

José Luis Ortiz Miranda está especializado en derecho bancario, en derecho sanitario y negligencias médicas y cuenta con más de 35 años de trayectoria profesional.

Afirma que esto fue lo que le pasó a este trabajador, quien el 10 de abril de 2020, Viernes Santo, cogió 22 mascarillas “para llevárselas al Comité de Crisis el lunes siguiente y lo despidieron fulminantemente, imputándole robo y sustracción”.

Según Ortiz, fue “una clara maniobra de la empresa para intentar ahorrarse una indemnización de 33 años de antigüedad, ya que llevaba trabajando en la empresa desde diciembre de 1987”. 

En concreto, el 7 de mayo de 2020 recibió una carta de despido que indicaba que se había constatado que sustrajo material de protección, entre otros, 22 unidades de mascarillas FPP 3, varios guantes y otros tipos de mascarillas.

La empresa le comunicó que su conducta era causa de despido disciplinario, porque había cometido sustracción de material sanitario preventivo, ocultación de prueba, con la agravante por el puesto que ocupaba, así como ejercer abuso de poder sobre el equipo de vigilancia, ocultación a sus responsables e incumplimiento de los procedimientos de seguridad y de medidas de prevención aprobadas.

Según informa José Luis Ortiz, Airbus tiene previsto recortar 1.622 puestos de trabajo en España, 151 de ellos en la base de Puerto Real, donde trabajaba el demandante.

“De esos 1.622 puestos, 889 se verán afectados en el área comercial, y se dividen en 455 en la base de Getafe (Madrid), principal damnificada; 283 en Illescas (Toledo) y 151 en Puerto Real (Cádiz). Cifra a la que se suman los 722 puestos de trabajo que se perderán en el área de Defensa -que ya venían siendo un problema para la empresa antes de la pandemia-, lo que hace un despido masivo de 1.622 empleados, el 13,5% de sus efectivos de una plantilla, compuesta 12.000 personas”, expone.

José Luis Ortiz sostiene que en “el juicio quedó demostrado que todas las imputaciones que la empresa hizo al jefe de seguridad eran falsas y mendaces y que la verdadera intención de Airbus era quitárselo de en medio como fuera y a coste cero, para ahorrarse la indemnización”. 

“Quedó demostrado que no había ningún tipo de control de inventario del material ni recuento a medida que se iba usando, así como que no era la primera vez que había un descuadre entre las mascarillas enviadas por el proveedor y las recibidas, que no se recontaban por el Departamento de Logística. Todo ello quedó evidenciado en los correos que se intercambiaron el coordinador de Seguridad, la empresa de seguridad contratada -Securitas-, y el propio Jefe de Seguridad, que finalmente fue despedido de forma totalmente injusta imputándole esta sustracción de mascarillas, cuando todo era debido a un simple descuadre en el inventario de las mascarillas en el stock que tienen en la factoría”, relata.

También asegura que ha quedado plenamente que el jefe de seguridad “no incumplió ni el procedimiento de seguridad ni las medidas de prevención, ni hubo ocultación de pruebas”, ni hubo, en definitiva, ningún tipo de “sustracción”. 

ORTIZ DENUNCIA «UNA CAMPAÑA MASIVA DE DESPIDOS ARBITRARIOS»

“Esta campaña masiva de despidos arbitrarios que ha puesto en marcha Airbus para intentar, sin ningún tipo de escrúpulos, ahorrarse las indemnizaciones de sus trabajadores imputándoles falsamente faltas no cometidas, debe ser conocida públicamente para que se ataje de una vez por todas”, subraya este abogado.

Afirma que “éste no es un caso aislado, sino que en los últimos meses y aprovechándose de la situación de crisis de pandemia, se ha repetido con muchos trabajadores”.

José Luis Ortiz lleva actualmente, en colaboración con José María Monzón Moreno, 12 de estos trabajadores y tiene 10 citas para nuevas contrataciones.

“Me parece un abuso de poder empresarial y una sinvergonzonería aprovecharse de tiempos de crisis económica para hacer una purga general de la plantilla. El trabajador no puede permitir que pasen por encima de él como si fuera un rodillo, y menos personas con una conducta intachable, como el afectado de esta sentencia”, concluye.

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