La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha condenado la aprobación por parte de la Generalitat de Cataluña del Decreto 57/2023, 21 de marzo, de reestructuración de la Dirección General de la Policía, por la que aprueba que los Mossos d’Esquadra se arroguen las competencias de seguridad ciudadana y vigilancia en los mares territoriales de la comunidad autónoma, correspondiendo estas al Servicio Marítimo de las fuerzas de seguridad estatales.
El artículo 64 del susodicho decreto atribuye a los Mossos las «funciones de seguridad ciudadana, vigilancia de la navegación, vigilancia de acontecimientos que se realicen en el mar, vigilancia de las zonas marítimas protegidas, y de las infraestructuras portuarias e instalaciones acuáticas», a pesar de que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye el ejercicio de estas al Cuerpo de la Guardia Civil hasta el límite exterior del mar territorial.
Una disposición reforzada por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 12 de marzo del 2019, después de que surgieran conflictos en la intervención de los diferentes Cuerpos de Seguridad en el mar territorial, declarando «que la competencia en materia de policía judicial en los espacios marítimos recae exclusivamente en la Guardia Civil».
Por su lado, los Mossos tienen competencias administrativas en aguas interiores y continentales, según el artículo 119 del Estatuto de autonomía de Cataluña, con referencia a las actividades de pesca marítima, acuicultura y marisqueo.
Ni el Ministerio de Interior ni los partidos políticos recurren
«Desde la aprobación del decreto, el problema es poner orden a nivel político», reclama Francisco García, portavoz de la UO, señalando que «ha habido choques, no a nivel operativo, pero sí en el directivo, donde cada uno defiende su postura», y que, aunque han hecho varias denuncias desde la asociación, «no pasa nada». «La Guardia Civil ha defendido sus competencias, pero sigue sometida al Ministerio de Interior, que no ha emprendido un recurso contra la norma».
García hace referencia al uso de los presupuestos de la Generalitat para la compra de barcos para las Unidades Marítimas de los Mossos como parte del plan para la asunción de las funciones de la Guardia Civil, que haría redundante su presencia. «Nos preocupa que nos digan que sobramos cuando los servicios estén duplicados», dice.
Manuel García, representante de la UO, también destaca que «ni el Gobierno ni los partidos políticos han recurrido el decreto que permite esta invasión de competencias», a pesar de que está seguro de que esta acción tendría éxito. En su opinión, «la Guardia Civil se mantiene en la legalidad y eleva informes a los máximos niveles, y la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial ya se ha pronunciado al respecto, pero ahora impulsan esta iniciativa a nivel político».
Asimismo, comparte la preocupación sobre la ampliación de los medios de los Mossos que se dirige al ejercicio de las funciones de la Guardia Civil. «Nosotros tenemos una plantilla con recursos de personal formado y material, con barcos, instalaciones e infraestructura, pero si ellos crean más infraestructura para prestar estos servicios marítimos, obligarán a que se retiren las unidades de la Guardia Civil», comenta.
Pone como ejemplo las unidades de Rescate en Montaña y artificieros de la Guardia Civil que se han retirado de ciertas provincias catalanas por solaparse sus tareas con las de los Mossos, con una analogía en la situación de Tráfico en Navarra, donde la Policía Foral se encargará a partir de julio de las funciones que correspondían a la Guardia Civil. «Esto es algo que viene de largo, casi desde que se desplegaron los Mossos», dice.
En este sentido, destaca que los Mossos «conocen antes todas las emergencias», gracias a la titularidad de la Generalitat del servicio del 112, que «no [los] incluye». «No estamos en el protocolo, ni siquiera para sucesos en el mar».
Todas estas acciones, opina el representante de la UO, responden a un interés de visibilizar a la policía autonómica, esprecialmente en el contexto de seguimiento internacional que supondrá la Copa América de Vela, que se celebrará en las aguas de la costa de Barcelona entre septiembre y octubre del 2024.
«La Generalitat quiere que la policía local abarque más de lo legislado, porque dentro de su idea de país entra la asunción de más competencias en los puestos, costas y fronteras para tener una plena autonomía y necesitar menos de la policía estatal», asegura. «ERC [que se encuentra al frente de la Generalitat] no esconde su deseo de independencia, un fin a largo plazo, aunque ahora haya una situación de calma».
