El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, ha señalado que la oportunidad que representa la incorporación de la inteligencia artificial para los despachos de menor tamaño, en contra de la percepción de que daría ventaja a las firmas grandes. «La inteligencia artificial es una herramienta que favorece a los pequeños despachos porque suple las ausencias de personal que tendría otra firma», afirmó en una presentación del Foro Justicia, organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
En este sentido, negó que la inteligencia artificial solo sirviera a los grandes despachos. Más bien, dijo que el uso de esta tecnología sería tan relevante que se volvería parte de la práctica común en la práctica de la abogacía, indicando «el futuro de los despachos convencionales tendrá que incorporar la inteligencia artificial, y en estos deberán tener una familiaridad con este tipo de sistemas computacionales».
De hecho, dijo que los abogados podían estar «tranquilos» respecto a la posibilidad de que esta tecnología pudiera reemplazar el trabajo que realizan, ya que «la abogacía no se agota durante el juicio, es una labor próxima y no se puede sustituir el contacto con el cliente y la sensación de proximidad».
La capacidad para dar respuesta a los desafíos éticos es otra ventaja de los abogados por encima de sus contrapartes digitales. «Vosotros sois los que tenéis más asegurado el futuro, pero exigirá un esfuerzo de adaptación», dijo Marchena a los asistentes.
«No cabe la actitud anti-inteligencia artificial, se están generando nuevos derechos y su defensa tiene que estar filtrada por elementos de la inteligencia artificial, pero esta tiene que conservar un rostro humano», afirmó el juez. «Algunos abogados pueden haber pensado que esto quedaba lejos, pero ahora es imposible», aseguró, añadiendo que «no vale la actitud» de indiferencia «mientras no me quiten el sueldo».
Una situación diferente es la que encuentran los jueces, con quienes los justiciables tienen una relación más «constante». «La idea de la Administración de Justicia es que es una tarea humana, el juez es más que una máquina expendedora de sentencias, tiene que integrar el código jurídico y someterse al imperio de la ley», dijo Marchena, aunque «ya se ha legitimado el uso de dispositivos predictivos» como instrumentos en la toma de decisiones. «Ya se abrirá camino un dispositivo decisor».
El riesgo de este tipo de herramientas es que la inteligencia artificial también puede tener sesgos como el racismo, el clasismo y la excesiva favorabilidad hacia la mujer, según Marchena, señalando un ejemplo del Tribunal Superior de Wisconsin, donde el fiscal deshizo un pacto de conformidad con un detenido, que ingresó a prisión, luego de que el instrumento Compass lo señalara como un «peligro social».
Sin embargo, el magistrado señaló la utilidad que podría representar un instrumento de esta naturaleza para tener un impacto positivo en la Justicia, como en Brasil, donde hay 100 millones de asuntos pendientes. «O recurren a la inteligencia artificial o nunca tendrán una respuesta adecuada para todas estas personas», dijo.
Todavía quedan retos para la incorporación de la inteligencia artificial en la Justicia, como la falta de instancias, que dificulta la acción en el caso de las sentencias «que fallan». «Podemos decir que el dispositivo se ha equivocado comparando con sentencias decisivas que la inteligencia artificial podría no haber considerado, demostrando que el programador no las ha incluido bajo el principio de nueva generación», dijo Marchena.
Un obstáculo ante esta situación es que esta tecnología no suele ser de código abierto y sería difícil que se permita «el acceso a las tripas del sistema. «La Unión Europea describe el derecho de trazabilidad en los algoritmos, que saben responder, pero no explican sus decisiones», aclaró Marchena, aludiendo al derecho de publicidad y al de transparencia.
