Apenas un par de horas después de que el magistrado de la causa, Joaquín Gadea Francés, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, dictara el auto por el que ordenaba el arresto inmediato y su puesta a disposición judicial, fuerzas de la Policía Judicial de la Policía Nacional se han presentado en el domicilio de Fernando Presencia y lo han detenido.
Presencia no ha presentado resistencia alguna si bien ha tratado de argumentar que era juez y, por lo tanto, una autoridad, una categoría que perdió definitivamente en 2018 cuando el Tribunal Supremo inadmitió su recurso de casación inhabilitándolo por segunda vez por cometer un nuevo delito de prevaricación –dictar una sentencia o auto a sabiendas de que era injusto–.
El magistrado expulsado ha sido conducido a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional en Talavera de la Reina. De acuerdo con las últimas informaciones recabadas por este periódico, Presencia va a ser conducido hoy mismo a la Audiencia Nacional en un furgón de la Policía, donde pasará la noche.
Mañana previsiblemente será interrogado por el magistrado Gadea. Después decretará su ingreso en prisión preventiva, siguiendo los pasos de los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa y Santiago Royuela, hijo del primero.
Lo mismo que los tres asociados que, como él, optaron por no comparecer hoy quienes también han sido detenidos de la misma manera: Alejandro Diges Benito, Álvaro Arteaga García y Lidia Reina Calvo. También declararán mañana.
ACUSADO DE ESTAFA Y SEIS DELITOS MÁS
Presencia está acusado de siete supuestos delitos: estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, asociación ilícita, organización criminal, calumnias y contra las altas instituciones del Estado.
«La pérdida de la condición de juez, y por tanto de su principal fuente de ingresos movió al investigado a idear una estructura criminal con la que obtener los fondos
necesarios con los que atender a sus gastos», dice el magistrado instructor en el auto de hoy.
La actividad de la «Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública» (Acodap), consistiría en la comisión de «hechos delictivos, bien denunciando hechos falsos, bien dando publicidad a las denuncias interpuestas por otros a sabiendas de su falsedad, ignorando con ello la obtención de aportaciones con las que financiarse».
Las denuncias se divulgaban en diferentes canales de comunicación; página web, redes sociales, medios de comunicación afines, aplicaciones de mensajería, etc, con
la finalidad de dar mayor repercusión a la noticia.
«La publicación de las noticias en la página web vinculada a Acodap o en los canales ‘oficiales’ de la asociación se acompañaba de llamamientos al ingreso de donaciones para seguir con la publicación de noticias, fondos que, sin embargo, eran el ‘modus vivendi’ del investigado señor Presencia», subraya el magistrado.
Presencia.
DENUNCIAS FALSAS
Y prosigue: «Desde el primer momento las unidades investigadoras pusieron de manifiesto que, del examen exterior de las denuncias se infería que en todos estos casos los hechos denunciados carecían de toda verosimilitud indiciaria como medio de prueba y no se verían avalados por elementos objetivos que apoyen la verosimilitud de la información».
Del análisis policial de las pruebas se señala en el informe llevado a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía se señala que existe un patrón en las denuncias analizadas, consistente en que «a los denunciados se les acusa (casi siempre) de titularizar cuentas y depósitos bancarios en el extranjero, en base a documentos que indiciariamente y tal y como se deduce de las razones que se van a exponer, habrían sido manipulados».
La documentación bancaria manejada por Presencia y sus asociados hace referencia a depósitos realizados en países donde existe el secreto bancario.
«Una de las primeras evidencias del carácter mendaz de dicha documentación es que en todos los depósitos bancarios aparecen los nombres de sus titulares, datos que no deberían aparecer en la documentación bancaria», de los países en los que existe ese secreto bancario, precisamente para preservarlo.
«Especialmente llamativo» sobre el secreto bancario es que «en varios de los depósitos figura incluso el DNI del titular», refiere el magistrado.
Presencia pasará, previsiblemente, una larga temporada en prisión. La Audiencia Provincial de Toledo está a punto de pronunciarse sobre el cumplimiento de la pena de dos años y 10 meses de cárcel, consecuencia de la inadmisión de su recurso de casación ante el Supremo, por el delito de calumnias con publicidad contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, Toledo.
