Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario ha dirigido a España en su evaluación anual del Estado de Derecho en el conjunto de los Estados miembro.
La Comisión Europea urge de nuevo a renovar el CGPJ y exige una reforma de la LOPJ «inmediatamente después»
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05/7/2023 13:04
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Actualizado: 05/7/2023 15:37
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La Comisión Europea ha advertido de nuevo a España de que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y le ha exigido que «inmediatamente después» de la renovación, se inicie la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita que los siguientes nombramientos los realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Esta situación plantea a Bruselas «serias preocupaciones», ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la «urgencia» ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros.
Así lo expone en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de Derecho en el conjunto de los Estados miembro. Un examen con el que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático.
Con estas recomendaciones, la Comisión Europea confía en «animar» a los Estados miembro a asumir las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar «dónde es necesario mejorar», si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual.
La Comisión Europea pone el foco en que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, «sigue siendo una preocupación» para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramientos para que la menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.
En el informe también destaca que está pendiente una reforma del procedimiento penal para abordar la duración de las investigaciones y los procesamientos, y un proyecto de ley sobre los grupos de presión.
Además, señala que la reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y revisó el de malversación, incluso rebajando las penas en algunos casos, lo que suscitó críticas.
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