Seamos claros y directos: la Justicia es una cuestión de Estado e invertir en ella es consolidar uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Por eso el 12 de julio, día en que entró en vigor una de las normas más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, debe ser una jornada de homenajes y de reivindicaciones.
Resulta obligado reconocer el trabajo de los 42.000 abogados y abogadas del Turno de Oficio, quienes han atendido en 2022 casi 2 millones de asuntos tramitados bajo el amparo de la Justicia Gratuita.
Sobre sus hombros descansa la responsabilidad del Estado prevista en el artículo 119 de la Constitución, en garantía de una justicia accesible para toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.
Y es por ese justo motivo por el cual las mejoras de las condiciones de quienes prestan este servicio son legítimas, imprescindibles e improrrogables.
«Según un estudio elaborado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), somos el país europeo que más asuntos de oficio atiende, pero uno de los que menos cobra por ello»
La actualización de los baremos es una de las medidas más recurrentemente reclamadas. Algo lógico, teniendo en cuenta la dedicación y la implicación de los abogados y abogadas que prestan el turno de oficio, y que distan mucho de las retribuciones que se perciben en países de nuestro entorno, muy superiores y acordes con la esencial tarea que se asume.
Según un estudio elaborado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), somos el país europeo que más asuntos de oficio atiende, pero uno de los que menos cobra por ello.
EL PRÓXIMO GOBIERNO DEBERÁ TRABAJAR POR LA «LEGISLATURA DE LA JUSTICIA»
Pero no es la única exigencia, pues como pudimos escuchar en las sedes judiciales de las principales capitales de provincia hace apenas unos días, la dignidad de la profesión (y de la Justicia en general) pasa por la protección de los derechos de quienes, precisamente, con enorme vocación y profundo sacrificio, defienden a la ciudadanía; también y, ante todo, a la más vulnerable.
Algunas medidas, propiamente referidas al ámbito del Turno de Oficio, son las que corresponden a la actualización de las retribuciones conforme al IPC, así como al abono de todo el trabajo encomendado y efectivamente realizado.
Es imprescindible la regulación de una nueva Ley de Justicia Gratuita, que, a su vez, se configure como una de las prioridades de un Pacto de Estado por la Justicia, que se viene reclamando por el Consejo General de la Abogacía Española.
El Gobierno que se forme tras las elecciones del próximo 23 de julio deberá trabajar en lo que ha de ser la “Legislatura de la Justicia”. Con firme decisión y una clara apuesta por una dotación presupuestaria acorde a las necesidades reales de una Administración anclada en estructuras del siglo XIX.
Es tan importante invertir en justicia, como se hace en sanidad o en educación. La ciudadanía no se merece una Administración de Justicia lenta y sin recursos suficientes.
Por ello, se precisa, más que nunca, de un Pacto de Estado en Justicia que revierta la precaria situación actual y, por fin, dispongamos de un servicio público de Justicia ágil, moderno, eficaz, propio del siglo XXI. Como decimos en el manifiesto impulsado por el Colegio de la Abogacía de Madrid y el Colegio de la Abogacía de Barcelona, es lo justo.
