La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) ha denunciado que «la Ley de Vivienda representa un perjuicio tanto para los consumidores como para los profesionales inmobiliarios, para quienes representa una demonización injusta».
En palabras de Montserrat Junyent, presidenta de la entidad, los deja «indefensos y sin regulación».
«La nueva ley nació en un contexto electoralista tras un largo letargo», declara.
Y añade: «De forma precipitada, las fuerzas políticas desbloquearon su trámite y, lejos de fomentar el incremento de viviendas en el mercado, apuestan por medidas que, en su aplicación, reducirán la oferta, como ya pasara antes en Cataluña».
«Nos consta que los legisladores querían un registro obligatorio de los agentes inmobiliarios, pero no ha llegado a plasmarse en la ley», afirma, refiriéndose a la dirección de las intenciones de quienes diseñaron la norma, en la que echa de menos un marco regulatorio más sólido para estos profesionales.
Desde FADEI destacan que «los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos que la adquisición o alquiler de una vivienda se produzca en un contexto de seguridad jurídica adecuado y nunca por debajo de la que tienen en la compra o el uso de cualesquiera otros bienes», como han expresado en sus comunicados.
Con lo que «debiera garantizarse por ley que cualquier operador cuente con la necesaria formación, la tenencia de un seguro de responsabilidad civil y una garantía de caución, entre otros».
En este sentido, subraya que «un sector que busca su propia regulación es un sector que apuesta por mejorar la calidad de los servicios que presta, elevar el nivel formativo de las empresas y ofrecer una seguridad que garantice las entregas de dinero de terceros y que cubra cualquier error que pueda producirse en el contexto de cualquier operación inmobiliaria».
Junyent lamenta que «la imagen que se proyecta de las empresas del sector inmobiliario es la de estar vinculadas a la especulación y posicionadas en la defensa de intereses espurios, cuando en realidad son garantía de un buen funcionamiento del mercado y un equilibrio en la defensa de los intereses de las partes», a pesar de estar compuesto de «operadores privilegiados» que «perciben la situación del mercado, conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios».
