ha recordado que la garantía de efectividad judicial que proclama el artículo 24 de la Constitución “se esfuma” ante una situación sostenida en el tiempo que proporciona al justiciable una respuesta tardía y, por lo tanto, muchas veces ineficaz.
El presidente del TSJM recuerda que la garantía de efectividad judicial “se esfuma” si la Justicia da una respuesta tardía
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28/9/2023 13:36
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Actualizado: 29/9/2023 11:40
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, ha recordado este jueves en la apertura del año judicial autonómico que el problema que se sufre en el conjunto del Estado es la lentitud de la Justicia. “Un efecto negativo que se debe, en esencia, a la situación de desatención que sufre nuestro sistema desde hace años.
Por ello, ha señalado que la garantía de efectividad judicial que proclama el artículo 24 de la Constitución “se esfuma” ante una situación sostenida en el tiempo que proporciona al justiciable una respuesta tardía y, por lo tanto, muchas veces ineficaz.
Ha comentado que el esfuerzo que llevan a cabo los miembros del Poder Judicial no es un recurso suficiente para proporcionar esa tutela justa y equitativa.
Y es que, “por vez primera en nuestra historia constitucional, en 1978, la tutela judicial efectiva alcanzó este rango, y sin embargo, tantos años después, adolece de notables deficiencias. La falta tradicional de una voluntad política decidida y alejada de la intensidad de la contienda partidista para poner fin a este estado de cosas, es un obstáculo verificado y lamentablemente incontestable”.
El concepto de efectividad no puede conciliarse, de modo alguno, con la respuesta tardía
“El concepto de efectividad no puede conciliarse en modo alguno con la respuesta tardía que, por un cúmulo de causas, ofrecen los Tribunales a las personas que demandan la tutela de sus derechos ante el único Poder que está dotado de independencia”, ha destacado Rodríguez.
Por ello, ha resaltado que “no podemos cerrar los ojos ante esta evidencia”, por lo que hay una necesidad de un incremento presupuestario adecuado a las necesidades crecientes.
Respecto al ámbito del TSJM, el presidente ha indicado que en 2022 se rozó el millón de asuntos sin que se produjese un avance en dotaciones personales que resulte capaz de avanzar. Rodríguez, a lo largo del discurso, ha hecho una llamada al respeto que merece el Poder Judicial. “Queremos enfatizar esta llamada en toda su dimensión: institucional, individual y política”.
Los jueces sólo aplican le ley
Por ello, ha recordado que los jueces sólo aplican la ley, algo que en los últimos tiempos les ha causado ataques y descalificaciones “que resultan intolerables en ese escenario que venimos dibujando, de un Estado de Derecho que se precie”.
En el acto también ha participado la Fiscal Superior, Almudena Lastra, que ha presentado la Memoria correspondiente al ejercicio del año 2022, la cual, ha expresado su malestar ante la deficiente dotación de fiscales que tiene la Comunidad Autónoma, por lo que ha hecho un llamamiento para que se revise la distribución territorial.
Y es que, por ejemplo, ha comentado que en el ámbito de la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada – con una población de 871.329 habitantes- hay un fiscal por cada 29.044,30 habitantes, mientras que la Sección Territorial de Collado Villalba-El Escorial la dotación sea de un fiscal por órgano y por cada 20.264,69 habitantes.
Por otro lado, en materia de Discapacidad, en todas las fiscalías territoriales se han incoado 3.312 diligencias preprocesales, interponiendo los fiscales 1.664 demandas que, en comparación con el año anterior, se detecta un descenso de las demandas formuladas y un correlativo incremento de los archivos.
Esto, tal y como ha comentado Lastra, “es fiel reflejo de la entrada en vigor de la Ley 8/21, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y de la voluntad desjudicializadora del legislador”.
PROTECCIÓN DE MENORES
En el área de protección de menores, se cerró el ejercicio con 24.959 expedientes, produciéndose un incremento de la incoación del 57%, en gran medida por el desplazamiento como consecuencia de la invasión rusa del territorio ucraniano de muchos menores a la Comunidad de Madrid, que les ha dispensado una rápida acogida en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ha comentado que en 2022 se produjo un repunte de entrada de adolescentes no acompañados a través del Aeropuerto Adolfo Suárez que dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación que concluyeron con la desarticulación por la Policía de una organización internacional de tráfico ilegal de personas.
“Ejemplo claro de la extrema vulnerabilidad de este colectivo, injustamente atacado con frecuencia incluso en el debate político”.
En los delitos contra la vida e integridad, en 2021 hubo 39 muertes violentas y en 2022, 45, de ellas, 7 eran víctimas de violencia machista.
Del total de fallecimientos, 27 tuvieron lugar en la capital (tres por violencia de género) y 2 en la Sección Territorial de Majadahonda-Pozuelo. En la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares, hubo nueve muertes violentas, una de ellas por violencia de género. En la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés dos, una de ellas de violencia de género.
En el ámbito de la jurisdicción de menores se han registrado 34 procedimientos por homicidio/asesinato, un 47,83% más que el año anterior (23). Dato extremadamente preocupante.
Se ha observado también un aumento significativo de casos de malos tratos en parejas extremadamente jóvenes. También se ha incrementado el uso de dispositivos electrónicos respecto del año anterior durante la instrucción de los procedimientos.
Y también han aumentado los delitos en el ámbito familiar, un 45%. El incremento más importante, del 63%, es el de los cometidos por los hijos contra sus progenitores. Lo que debería hacernos reflexionar sobre el actual modelo educativo.
En el ámbito de reforma de menores, se detectan conductas altamente sexualizadas a una edad cada vez más temprana, y con frecuencia acompañadas de violencia, lo que hace imprescindible la adopción de medidas que les dote de los conocimientos y las herramientas que eviten que se conviertan en víctimas y/o en autores de delitos contra la libertad sexual y la intimidad, simplemente por obtener el reconocimiento social de sus iguales o un puñado de likes en las redes sociales.
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