Jesús Arteaga, que fue elegido presidente en el Congreso anual celebrado la semana pasada, en Fuerteventura, detalla en Confilegal la hoja de ruta de la nueva Ejecutiva.
Jesús Arteaga, nuevo presidente de la UPF: “La Administración de Justicia no soporta más parches”
La UPF destaca que el problema es el propio modelo, apoyado en estructuras “propias de épocas pasadas” y “absolutamente inadecuado” para la realidad social de la España del Siglo XXI
|
27/10/2023 06:32
|
Actualizado: 27/10/2023 12:20
|
“La Administración de Justicia no soporta más parches, es ineficaz e ineficiente”. Así lo declara a Confilegal el nuevo presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga Quintana, quien ejerce en la Fiscalía Superior de Cantabria como fiscal delegado de Seguridad Vial, adjunto en Antidroga y fiscal de instrucción.
Afirma que el problema es “el propio modelo, apoyado en estructuras propias de épocas pasadas y absolutamente inadecuado para la realidad social de la España del Siglo XXI”.
La UPF celebró los pasados 20 y 21 de octubre su congreso anual. Se celebró en la isla de Fuerteventura (Canarias), bajo el lema “Reflexión progresista”.
En él se celebraron elecciones para la constitución del nuevo Secretariado y se aprobaron las conclusiones de la asociación -que el pasado mes de marzo cumplió 37 años- sobre una serie de temas que más le preocupan y en los que centrará su actuación el actual órgano de dirección.
Según manifiesta a Confilegal el nuevo presidente, la Unión Progresista de Fiscales trabajará por la defensa de los derechos profesionales de la Carrera, en la defensa activa de los Derechos Humanos, y luchará para conseguir que esta “sea, por fin, la legislatura de la Justicia”.
LOS SIETE INTEGRANTES DE LA NUEVA EJECUTIVA
Jesús Arteaga (Madrid, 1964) ingresó en la Carrera Fiscal en 1992. Es de la promoción 36.
Su primer destino fue en Granada, luego en Barcelona, y desde desde 2001 está en Cantabria.
A lo largo de su trayectoria ha trabajado en diversas especialidades, entre las que destacan delegado-coordinador de Violencia de Género, delegado antidroga, especialista en Extranjería-Trata, vigilancia Penitenciaria, y Familia.
Releva al frente de la asociación a Inés Herreros Hernández, fiscal delegada de Protección y Tutela de las Víctimas de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, quien ha ostentado la presidencia los últimos dos años.
El vicepresidente y portavoz es Félix Martín González, fiscal de Barcelona; el fiscal del caso de la Guardia Urbana.
También han entrado en la nueva Ejecutiva Belén Marín Yepes, fiscal de Barcelona, quien asumirá las funciones de tesorera; Inés Pasamar Palacín, fiscal de Almería; Paola Casal Escudero, fiscal en Las Palmas de Gran Canaria, y Pepa Berdugo García-Maestro, fiscal en la Fiscalía Provincial de Vizcaya, que desempeñará las funciones de secretaria.
Continúa en el Secretariado el fiscal de Málaga Fernando Benítez Pérez-Fajardo.
Abandonan la Ejecutiva, aparte de Inés Herreros, Víctor Castells Domenech, Laura Bermúdez, Aniol Frigola Martínez y Felipe Briones, a quienes tanto los compañeros asistentes al Congreso, como los nuevos miembros del Secretariado han agradecido muy sinceramente su esfuerzo, pasión y dedicación.
Los integrantes del nuevo Secretariado combinan “renovación y continuidad y rezuman ilusión, ganas de hacer muchas cosas y de crear un grupo de trabajo compenetrado y cohesionado”, declara a Confilegal el vicepresidente y portavoz de la UPF, Félix Martín González.
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
En la primera reunión del nuevo secretariado, la UFP diseñó una hoja de ruta para trabajar en la mejora de las condiciones de las últimas promociones.
La UPF se ha vuelto a reafirmar en que posee dos almas indisolublemente unidas: “El alma de defensa de nuestra democracia, preocupados especialmente por los sectores más vulnerables. Y el alma reivindicativa de mejoras en nuestras condiciones de trabajo que faciliten también un servicio público de calidad”.
Estas dos almas “serán firmemente defendidas por la nueva Ejecutiva”.
Ha aprobado como conclusión principal -y así ha sido recogido como principal mandato por los nuevos integrantes del Secretariado-, “usar toda su fuerza y prestigio en conseguir que esta legislatura, por fin, sea la legislatura de la Justicia”.
La UPF considera que la Justicia, como servicio público, ya no admite más paños calientes: “La pendencia de asuntos en los tribunales alcanza cifras “intolerables”.
El 72% de los españoles piensa que la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda hay que evitar acudir a ella, según una encuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ‘Los españoles y la Justicia’, de mayo de 2021.
La UPF hace hincapié en que esta es una realidad para cuya constatación no hacen falta encuestas, particularmente para quienes trabajan en ella.
Esta asociación recuerda que en abril de 2009 el Consejo de Ministros constituyó una Comisión Institucional con el cometido de determinar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. De dicha Comisión formaban parte personalidades tan relevantes como Silvia Barona Villar, Landelino Lavilla, José Luis Bueren, Fernando Ledesma y Juan Antonio Xiol Ríos.
“Trece años después, resulta descorazonador comprobar cómo el diagnóstico sigue siendo el mismo, si bien agravado por el tiempo transcurrido y la falta de puesta en práctica de ninguna de las recomendaciones que surgieron de tal iniciativa”, manifiesta.
Dichas recomendaciones fueron las siguientes: superación del partido judicial como base del modelo; extensión de la organización colegiada; creación de tribunales de base o de primer grado, y de tribunales de instancia; y la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.
La UPF señala que a estas “deficiencias, intrínsecas al modelo jurisdiccional existente y que determinan su ineficacia, se añaden las propias de la insuficiencia de medios personales y materiales”.
Subraya que las plantillas de jueces, fiscales y personal auxiliar son “claramente insuficientes”.
En este sentido, la UPF recuerda que la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia declaró en 2022 que el número de jueces y fiscales en España se encuentra por debajo de la media de los sistemas judiciales europeos, lo que se traduce en ratios de carga de trabajo muy superiores a las convenientes.
Añade que el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente, en una sentencia dictada el pasado 2 de septiembre (581/2023), que el CGPJ ha incumplido su obligación en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial al regular la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral.
Esta asociación afirma que del mismo modo, también podemos entender excesivas las cargas de trabajo de fiscales y personal auxiliar. “Los conflictos de los distintos sectores implicados en la administración de justicia con el órgano ministerial del verano pasado son buena muestra del malestar que las deficiencias del actual modelo provoca”, argumenta.
La UPF destaca que la apuesta por las nuevas tecnologías avanza “lentamente y de forma dispar” en los distintos territorios de nuestro país, con sistemas informáticos “no siempre eficaces y a veces incompatibles entre sí, dificultando notablemente la interconexión propia de la época en la que vivimos”.
Y hace hincapié en que esta situación no sólo afecta a los sectores profesionales implicados en la prestación del servicio público, sino, sobre todo, al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
“Una sociedad democrática avanzada requiere una Administración de Justicia moderna y eficaz”, sostiene esta asociación, y afirma que es absolutamente imprescindible la definición de un modelo de justicia adaptada a las necesidades presentes y futuras.
Por ello, solicita del próximo Gobierno que fije como una de las prioridades en sus políticas la de encarar la próxima legislatura como la Legislatura de la Justicia, “mediante el desarrollo de un modelo de Justicia que dé solución a las graves deficiencias que plantea el modelo actual, acompañado de la realización de las inversiones que para ello sean necesarias”.
“No queremos ni podemos permitirnos demorarnos más”, sentencia.
AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA Y UN CAMBIO DEL ACTUAL SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE, ENTRE SUS REIVINDICACIONES
Otra de las reivindicaciones de la Unión Progresista de Fiscales es que dote a la Fiscalía General del Estado de autonomía presupuestaria, con presupuesto propio, y que el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para la formación de fiscales dependa directamente de la Fiscalía General, respetando su consideración de organismo autónomo.
Asimismo, exige que el Ministerio de Justicia proceda a cumplir lo establecido en el artículo 9.3 de la ley 15/2003 del régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal, y conceda para el sistema de retribuciones variables el 5% de las retribuciones fijas.
Para la UPF, el actual sistema de retribución variable debe ser cambiado ya que el mismo no gratifica, el trabajo realmente realizado, sino que el mismo prima de manera absolutamente injusta, la antigüedad y la retribución de los fiscales en su puesto de trabajo.
En noviembre de 2020, esta asociación presentó una propuesta de modificación del actual sistema, que tenía como pilar básico, que la cuantía del complemento variable sea el mismo para todos los miembros de la Fiscalía que obtengan la puntuación establecida para su cobro, con independencia de su retribución anual bruta.
Para ello, solicita que la Fiscalía General dicte una Instrucción dirigida a los fiscales jefes o la Inspección Fiscal para que distribuyan la cantidad asignada de forma que todos los fiscales con derecho a cobrar la retribución variable perciban la misma cantidad dentro de cada ámbito territorial respectivo.
En el Congreso también se condenó “la violencia machista, que tantas muertes y sufrimiento está ocasionando a las mujeres en nuestro país”, así como “el negacionismo de esta violencia como elemento que alimenta, contribuye y pone en peligro la vida de las mujeres”.
Asimismo, se puso en valor la Ley de Memoria Democrática, aprobada hace un año, y que, a su juicio, supone “un avance en el desarrollo de nuestra dignidad democrática y que otorga al Ministerio Fiscal, en el marco de su misión constitucional, un papel protagonista en defensa de los Derechos Humanos”.
La UPF reafirma su “compromiso con la defensa efectiva de la dignidad humana y de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que son pilares del Derecho Internacional”, señala a este diario Félix Martín.
Por otra parte, esta asociación lamenta “el cambio de rumbo” en la política internacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado en relación al “inacabado proceso de descolonización del Sáhara Occidental”.
Denuncia que su respaldo a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental dentro de Marruecos -que lleva proponiendo este Reino desde 2007-, “incumple flagrantemente”, entre otros, el Plan de Paz de 1991 que el propio Marruecos firmó con el Frente Polisario, luego aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La UPF subraya que el Gobierno de España “tiene como deber inexcusable la defensa del autogobierno saharaui y carece del derecho a alinearse con las tesis anexionistas de Marruecos. España no puede defender la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí”.
Por otra parte, ante las graves vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, la UPF reclama una investigación internacional “neutral e independiente” e insta la activación del mecanismo previsto en el artículo 7 de la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, que implica la solicitud para iniciar una investigación de oficio por el fiscal de la Corte.
Por último, la UPF exige que las autoridades internacionales, europeas y nacionales se impliquen en la defensa de los derechos de la población migrante con especial consideración a menores y personas de especial vulnerabilidad.
Esta asociación considera imprescindible una nueva regulación del derecho de asilo y protección internacional que abarque, de forma específica, “todas las nuevas circunstancias que están detrás de los movimientos migratorios -entre ellas, la crisis climática o el ‘apartheid’ de género-, merecedoras de esos derechos”.
También reclama que se garantice el acceso a las personas migrantes a los procedimientos de solicitud de protección internacional, tanto en territorio español como en los puestos fronterizos, espacios de frontera, así como en los consulados y embajadas (a través del desarrollo del artículo 38 de la Ley de Asilo) con una adecuada dotación de presupuestos económicos, materiales y personales.
Además, exige que los mecanismos e instrumentos de control de fronteras sean respetuosos con los derechos humanos, tanto en las operaciones propias de España como en las relacionadas con los acuerdos con terceros países para el control de nuestras fronteras, acuerdos bilaterales de devolución y la financiación a terceros países para el control de fronteras.
Noticias Relacionadas:
