Sobre estas líneas, los intervinientes en la clausura de este evento que se celebró en el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Barcelona. De izquierda a derecha, Encarna Orduna Pardo, Gerard Duelo Ferrer, Xavier Vilajoana Eduardo, Jesús M. Sánchez, Vicente García-Hinojal López, Raquel Iglesias Pajares, Lorenzo Viñas Periz y Pere Ribera Sellarés. Foto: ICAB.
El IV Congreso del Derecho Inmobiliario del ICAB constata la creciente inseguridad jurídica sobre la propiedad privada
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10/11/2023 08:30
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Actualizado: 10/11/2023 10:12
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Juristas y profesionales del ámbito inmobiliario alertan de la creciente inseguridad jurídica en relación con el derecho a la propiedad privada. Es la principal conclusión que ha emergido de la celebración del IV Congreso de Derecho Inmobiliario, organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y que tuvo lugar el pasado miércoles.
En el mismo se hizo un análisis exhaustivo y transversal sobre la materia con la participación de de una veintena de expertos procedentes del ámbito académico, registral, notarial, la abogacía, la procura, la economía, la magistratura, la administración de fincas, así como agentes inmobiliarios, promotores y constructores de viviendas.
Jesús M. Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB); Immaculada Barral Viñals, directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat de Cataluña y Cristina Vallejo Ros, abogada y coordinadora de formación del ICAB, inauguraron este IV Congreso, que tuvo lugar en el Palauet Casades, sede de la abogacía barcelonesa, y que contó con 400 presenciales y «online».
El decano del ICAB, durante su intervención, destacó «la necesidad urgente de abordar de forma transversal y profunda la problemática sobre el derecho a la vivienda y todos los aspectos derivados de la misma». E hizo especial hincapié «en que todos los profesionales del sector inmobiliario deben poder contribuir con su conocimiento y experiencia para aportar soluciones para afrontarlo».
Esa fue la tónica general durante toda la jornada.
SE ESTÁ PRODUCIENDO UNA REDEFINICIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA
Marta Legarreta, abogada y presidenta de la Sección de Derecho Civil del ICAB llamó la atención sobre lo que se está viviendo: «Es una situación que rompe la garantía de seguridad jurídica».
Según ella, «se está produciendo una redefinición del derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución Española por la afectación de la Ley en el derecho a la Vivienda en el ámbito de los arrendamientos urbanos».
Y, por otra parte, por la aprobación, por parte de la Generalitat de Cataluña, justamente el día anterior, el 7 de noviembre, de un decreto con el que se pretende reducir el número de viviendas de uso con fin turístico.
Fue en el marco de la mesa sobre «Celeridad y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.. Aspectos registrales de los apartamentos turísticos», en la que también tomaron parte Elena Massot Puey, vicepresidenta primera de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, y Esther Sais Re, Registradora y vocal de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda la Junta Autonómica de los Registradores de Cataluña.
El Congreso se inició con el análisis sobre «Los efectos de la regulación del mercado de alquiler; el impacto social y económico y las áreas tensionadas».
Los tres ponentes que intervinieron, Óscar Gorgues Griñán, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Carles Sala i Roca, director del área jurídica del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, y Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, subrayaron que la legislación actual y especialmente la ley de vivienda estatal va a contribuir a agravar los problemas de accesibilidad a pisos o inmuebles puesto que no contribuye al necesario equilibrio entre los derechos de los propietarios y los arrendatarios.
También porque contiene medidas de distinto tipo que afectan al comportamiento de los particulares, empresas privadas y fondos de inversión; entre ellas el establecimiento de límites a la actualización de las rentas de los alquileres.
OKUPACIÓN DELINCUENCIAL
«La ocupación delincuencial debería considerarse siempre un delito flagrante porque es un delito permanente«, afirmó el abogado penalista del ICAB, Emilio Zegri, que recordó que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución Española.
«Por lo tanto no debería considerarse que es flagrante solo cuando se denuncia dentro de las 24 horas posteriores a la okupación delincuencial del inmueble«. señaló Zegrí. «Hay que empeñarse en hacerlo constar de esta forma en las demandas y denuncias».
Fue una mesa que llevó por título «La ocupación es un delito. Consecuencias y su mirada normativa», en la que también intervinieron Neus Pujal Sánchez, fiscal provincial de Barcelona, Vicente Moliner Cabrera, juez del Juzgado Penal 1 de Terrassa, y Enrique Vendrell Santiveri, asesor jurídico de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida.
Un panel posterior, titulado «Recuperación y vulnerabilidad», se centró sobre cómo recuperar la posesión del bien inmueble.
Sus participantes, Eudald Vendrell Ferrer, abogado, Alberto Torres López, abogado, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, Roberto García Ceniceros, magistrado del Juzgado de Primera Instancia 30 de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, decano del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona y presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, y Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, pusieron de manifiesto que la okupación delincuencial no se trata de un conflicto en el que se contraponen el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, un planteamiento falaz, ya que la ocupación no es un título legítimo para poder poseer.
También se recordó que el ICAB presentó enmiendas al proyecto de Ley de Eficiencia Procesal para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proponiendo la incorporación de un nuevo artículo, el 544 sexies, y la modificación del artículo 13 para disponer de una medida cautelar inmediata que permita el desalojo de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, contra la voluntad del propietario. Sin tener en cuenta que sea una persona física o jurídica. Para contribuir a agilizar el proceso de recuperación de la posesión.
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, RECURSOS VÁLIDOS
Por otra parte, los sistemas de resolución alternativa de disputas, conocidos por sus siglas en inglés ADR («Alternative Dispute Resolution» o Resolución Alternativa de Disputas), entre ellos la mediación, también tuvieron su lugar en este IV Congreso Inmobiliario.
Los ponentes del. panel «Mediación y otros ADR» coincidieron en resaltar que los juzgados están totalmente colapsados por lo que los ADR, y de un modo especial, la mediación y el arbitraje pueden ser vías útiles y eficientes para resolver conflictos inmobiliarios.
En este sentido, Carles Garcia Roqueta, abogado y diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, destacó el papel de la abogacía como pacificador social y cómo la mediación puede ser una vía eficiente que las partes en conflicto tienen a su alcance para encontrar una solución a las discordias que se generan en este ámbito.
Una idea en la que estuvieron de acuerdo Jordi Domingo i Garcia-Milà, cónsul mayor del Consulado de Mar, Marta Martínez i Gelida, decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa y presidenta de la Comisión de Mediación y ADR del CICAC, María García-Valdecasas Alguacil, registradora y directora del Servicio de Mediación y Conciliación de los Registradores de Cataluña, Emma López Solé, abogada, mediadora y consultora del centro de mediación de los Administradores de Fincas, Elena Esperanza Romeo García, notaría y mediadora, Antoni Bosch Carrera, notario y vicepresidente de la Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona y Eugeni Martínez Caparrós, director de Actuaciones de Urgencia en Materia de Vivienda.
El Congreso fue posible gracias al esfuerzo con junto del ICAB, el Consell de l’Advocacia Catalana; el Colegio Notarial de Cataluña; la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona; los Registradores de Cataluña; la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona; el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida; y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, se ha estructurado en cinco mesas de análisis (se puede consultar el programa detallado en este enlace) y lo han seguido más de 400 participantes, entre presenciales y on-line.
En la clausura intervinieron Jesús M. Sánchez, decano del ICAB; Encarna Orduna Pardo, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC); Vicente García-Hinojal López, decano del Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña; Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE); Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña; Lorenzo Viñas Periz, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL); Gerard Duelo Ferrer, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (API) y Pere Ribera Sellarés, presidente del Consejo de Cámaras de la Propiedad de Catalunya.
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