La Fiscalía Provincial de Madrid pide la absolución de seis agentes de Policía que, a raíz de la orden dada por el jefe del grupo, abrieron con un ariete la puerta de una vivienda en la calle Lagasca de Madrid, donde se celebraba una fiesta durante el estado de alarma.
El representante del Ministerio Público imputa a los acusados un delito de allanamiento de morada, del artículo 202.2 y 204 del Código Penal, si bien a los cinco subordinados pide que les aplique la eximente completa de obrar en el cumplimiento de un deber.
En cuando al jefe del grupo entiende que en este caso concurre en el Código Penal un error vencible de tipo dado que no recoge la modalidad imprudente (que hubiera actuado en la creencia de que el acto era legal).
El juicio comenzará el próximo lunes, a las 10.00, en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª). El caso será juzgado por un jurado popular presidido por el magistrado Francisco Javier Teijeiro Dacal.
El abogado del morador es Juan Gonzalo Ospina, socio-director de la firma Ospina Abogados. Los abogados Juan Antonio Frago Amada -fiscal de delitos económicos en excedencia- y Verónica Suárez García, socios directores de Frago & Suárez Abogados Penalistas, llevan la defensa de dos de los agentes, uno de ellos el jefe del operativo.
Según relata la Fiscalía en su escrito, sobre las 00:50 horas del 21 de marzo 2021 se requirió la presencia policial en una vivienda de la calle Lagasca de Madrid cuando se estaba celebrando una fiesta que incumplía las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid.
Entre dichas restricciones, se encontraba la prohibición de reuniones de personas no convivientes en lugares privados.
Como consecuencia del aviso, se personaron en el inmueble cinco policías junto al jefe del operativo. Una vez allí, comprobaron cómo, efectivamente, se estaba celebrando una fiesta, “ya que el ruido de la música y las voces se oían desde las zonas comunes del edificio”.
Dicha vivienda, según la Fiscalía, tenía apariencia exterior de ser una vivienda turística “por las características del sistema de apertura con llave magnética”.
A continuación, el jefe del operativo requirió a las personas que se encontraban en el interior del inmueble para que salieran “a identificarse, al haber incurrido en una infracción de las restricciones establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma”.
Sin embargo, indica que se negaron durante aproximadamente unos 45 minutos tanto a abrir la puerta como a identificarse ante la Policía..
El representante del Ministerio Público expone que el propio jefe del operativo, “actuando en el pleno convencimiento de que estas personas se encontraban cometiendo un delito flagrante de desobediencia a la autoridad”, entendió que esta circunstancia le facultaba para acceder al interior del inmueble, pese a que una de las personas presentes le manifestó que era necesaria autorización judicial para acceder al interior.
Pese a ello, dio la orden de abrir la puerta a sus subordinados, que no fue cuestionada por ninguno de los acusados, “quienes consideraron que se trataba de una orden legal emanada de un superior jerárquico”.
Así procedieron a tratar de abrir la puerta mediante el método del resbalón, posteriormente mediante el desmontaje de la cerradura y, “dado el fracaso de estos dos intentos”, finalmente mediante el empleo de un ariete lograron abrir la puerta y acceder al interior, donde se produjo la detención de quienes estaban en el piso, “salvo de aquellos que manifestaron que querían abrir la puerta ante el requerimiento policial”.
