El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la medida cautelar pedida por VOX en la querella que ha presentado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez Castejón, y el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont i Casamajó, fugado de la Justicia, “al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”.
Así lo ha acordado la Sala de lo Penal en una providencia dictada hoy, en la que tiene por recibida la querella y designa ponente para conocer de la causa, conforme al turno previamente establecido, al magistrado Eduardo de Porres.
Asimismo, el Supremo da un plazo de cinco días a VOX para que aporte poder especial donde conste contra quien va dirigida la querella y el delito.
El tribunal se pronunciará en su momento sobre la admisión o no a trámite de la querella.
La providencia la firman los magistrados Manuel Marchena Gómez (presidente), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo Gomez de la Torre, Carmen Lamela Díaz y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
LA QUERELLA
VOX, asistido por los abogados Marta Castro Fuertes y Juan Cremades Gracia, se ha querellado contra Sánchez y Puigdemont, y contra todos y cada uno de quieres hayan intervenido directa o indirectamente en cualquier modalidad de participación en los hechos incluidos en esta querella, por presuntos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial, de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
Además, VOX reclama en relación al delito de cohecho la responsabilidad penal tanto del PSOE como de Junts.
El partido dirigido por Santiago Abascal explicó en la querella que “teniendo en cuenta las circunstancias de alarma social, la extrema gravedad y urgencia para la pervivencia de nuestro ordenamiento jurídico de los hechos denunciados y sus consecuencias jurídicas y políticas para el Estado social y democrático de Derecho surgido de la Constitución de 1978”, solicitaba la medida cautelar de inmediata suspensión de la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, anunciada para los días 15 y 16 de noviembre.
Asimismo, VOX acusa a Sánchez de ser un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de un partido político que “acepta, a cambio del voto a favor en su investidura de un determinado partido político, realizar por sí, y/o a través de su partido político, y/o del gobierno una vez investido con el voto de ese partido político, una serie de actos que atentan directa y definitivamente con la máxima gravedad la cláusula del Estado de Derecho (artículo 2 Tratado de la Unión Europea) y los valores superiores de nuestro ordenamiento Jurídico consagrados en el artículo 1 de la Constitución de 1978”.
A continuación, detalla cuáles son esos «ataques al Estado de Derecho y la Constitución» por parte del presidente del Gobierno en funciones: «fin de la separación de poderes y usurpación de la función constitucional de Jueces y Tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; ley de amnistía, inconstitucional, que discute por entero la legitimidad de nuestro orden jurídico, del ordenamiento penal y administrativo y del Poder Judicial; finiquitar la igualdad ante la Ley de los españoles y la prohibición constitucional de la discriminación por razón de la condición ideológica o partidista; y legitimar la comisión masiva de delitos contra el orden constitucional, las instituciones democráticas, las resoluciones judiciales, la autoridad judicial y policial, la debida gestión de los caudales públicos y la vida e integridad física y moral de los españoles».
También «violentar los principios de seguridad jurídica, legalidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3 CE); y señala, asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley recogidos en el artículo 24 de la Constitución y la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE, así como el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.
VOX entiende que Pedro Sánchez “está cometiendo un delito de cohecho, de forma flagrante y pública» y que merece el inmediato reproche penal del Poder Judicial a través del órgano judicial competente, que es el Tribunal Supremo.
En este sentido, explica que el delito de cohecho se ha realizado por diversos actos, entre ellos, “negociaciones prohibidas a autoridades como un presidente del gobierno en funciones, con abuso de sus facultades”. Además, asegura que con ese cohecho, “se colabora con el terrorismo, se encubre a delincuentes y se pretende usurpar funciones judiciales”.
VOX solicitó al Supremo adoptar las medidas oportunas a fin de “evitar con carácter cautelar la completa ejecución de los delitos objeto de la querella”, suspendiendo el acto de investidura. La querella indica que “no son admisibles espacios de impunidad, ni siquiera con amparo en una exigua mayoría parlamentaria que no puede legítima ni legalmente hacer legal lo ilegal, hacer impune lo delictivo”.
De esta manera, VOX alude a lo que la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha manifestado recientemente al señalar que “el Estado de Derecho exige el absoluto respeto a la división de poderes” y es “incompatible con la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional de otros poderes del Estado”.
Por otro lado, también dirige la querella contra el expresidente catalán y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. VOX subraya que los acuerdos firmados entre Sánchez y Puigdemont, es decir, entre PSOE y Junts, ya en fase de ejecución como lo demuestra la presentación de la proposición de ley orgánica de amnistía a todos los que participaron en actos delictivos desde las organizaciones y partidos separatistas en Cataluña, constituyen la «contraprestación» de Sánchez al voto favorable de Junts en la investidura convocada para los próximos 15 y 16 de noviembre de 2023.
Para VOX, dichos acuerdos en conjunto, y en concreto la citada amnistía, no solo determinan la desaparición en España de la separación de poderes y la violación de la función jurisdiccional del artículo 117 de la Constitución, sino que son una directa violación de los derechos y principio de igualdad, tutela judicial efectiva, legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ex artículos 9.1 y 9.3 de la Carta Magna.
Sostiene que estos acuerdos y, en concreto, la amnistía, suponen que “el futuro presidente del Gobierno ha decidido incumplir todos los deberes inherentes a su cargo y dejar de realizar los que le son propios; negando la validez a cuanto se ha realizado en defensa de la legalidad, el orden constitucional y los derechos y libertades en Cataluña ante la subversión del orden constitucional del gobierno, partidos y organizaciones separatistas desde 2012 ad infinitum”.
Se trata, expone VOX, de una enmienda total a nuestro sistema legal, jurídico y constitucional, algo que Sánchez ha hecho “exclusivamente a cambio del voto de un grupo político en la sesión de investidura”.
Otro de los aspectos que denuncia es la “toma del control» por el PSOE del Tribunal Constitucional.
“A la vista de la actual composición del TC, tras la toma de control por el PSOE y Sánchez en enero de 2023 con una ilegítima e ilegal proposición de ley que forzó la voluntad del CGPJ -como lo demuestra la reciente sentencia del TC que legitima el cercenamiento de las facultades constitucionales de gobierno del CGPJ-”, VOX entiende que “en estos momentos de máxima gravedad para nuestra democracia”, la salvaguarda de nuestro sistema legal se halla en el Tribunal Supremo.
Por todo ello, VOX solicitó al Supremo la suspensión de la investidura ya que, “investido el querellado como presidente con los votos de Junts, se habría consumado hasta su última expresión el pacto ilícito en que consiste el cohecho, quedando todo en manos del Tribunal Constitucional”.
VOX indicó que “practicadas las necesarias diligencias de averiguación”, la investidura puede desarrollarse, en su caso, hasta el 27 de noviembre y “de considerarse la existencia de motivos racionales de criminalidad por el instructor, la democracia y el Estado de Derecho quedan salvaguardados mediante la convocatoria de un nuevo proceso electoral en España” para dar la voz al pueblo español.
En definitiva, VOX argumenta que “la mayoría parlamentaria no convierte en legal lo delictivo igual que no convierte la mentira en verdad o el mal en bien”.
