La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha dirigido una carta muy dura a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtiendo que el acuerdo suscrito por el PSOE con Junts para hacerse con el Gobierno pone en riesgo no solo la integridad del sistema político español sino también a la propia Unión Europea.
«La independencia judicial, el respeto a la Constitución y a los valores europeos y españoles son fundamentales para el funcionamiento democrático de cualquier Estado miembro y, por ende, para el bienestar de la Unión Europea en su conjunto, valores que, entendemos están hoy en riesgo», dice con toda rotundidad en la misiva que ya tiene la dirigente europea en sus manos.
«La vulneración de estos principios podría tener consecuencias negativas, no solo para la integridad del sistema político español, sino también para la estabilidad general de la Unión Europea, esencial para fortalecer la cohesión y la confianza entre los países miembros y en la Unión Europea», subraya la magistrada de la asociación mayoritaria de jueces y magistrados.
Del Barco le advierte, como se suele decir en el «suajii» administrativo, «a los efectos oportunos». Para que se de por enterada y mueva los resortes necesarios para asegurar el respeto a la independencia judicial y la separación de poderes, preservando así la integridad y estabilidad de la Unión Europea».
PREOCUPACIÓN ANTE LA LLEGADA DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA BOLAÑOS
La preocupación tiñe todas y cada una de las palabras. Preocupación que sugiere «temor» por la asunción por parte de Félix Bolaños, hasta ahora ministro de Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, del Ministerio de Justicia.
Porque esta «fusión de los tres ministerios, Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia, «suponen la confusión de los tres poderes del Estado para su control por el Ejecutivo».
Y no solo eso, recuerda que hace dos años, en una entrevista fechada el 21 de noviembre de 2021, Bolaños tachaba las exigencias de la Unión Europea en relación con el Estado de Derecho como antidemocráticas, manifestando su rotunda oposición a que, como sostiene la Unión Europea, los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, sean elegidos por los jueces, al no ser, -a su juicio-, propio de una democracia».
La APM viene reclamando, y tiene el apoyo del PP, que los 12 vocales jueces que conforman el Consejo General del Poder Judicial –que se complementa con 8 juristas de reconocido prestigio– sean elegidos por los 5.500 miembros de la carrera judicial por voto directo y secreto y no por el Parlamento, lo que perjudica al propio poder judicial por la politización de sus miembros. El PSOE sigue defendiendo que sean las dos cámaras parlamentarias las que lo sigan haciendo.
RECHAZO EN BLOQUE DE TODOS LOS OPERADORES LEGALES ESPAÑOLES A LA LEY DE AMNISTÍA
Del Barco le recuerda a Von der Layen el rechazo en bloque y público expresado por jueces, fiscales, abogados y demás operadores del mundo legal español, al acuerdo suscrito por el PSOE y la formación separatista Junts para contar con sus 7 votos en el Congreso de los Diputados y conseguir la investidura como presidente del Gobierno para Pedro Sánchez.
Un acuerdo que se ha sustanciado en un proyecto de ley de amnistía que «Pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo», por una parte.
Que «deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el equivocado mensaje de que los tribunalescondenan en España por delitos políticos» y «quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes. Tanto en su preparación –se formaliza como proposición de ley, si bien es presentada por un miembro del Poder Ejecutivo en funciones-, como en su contenido, al suponer la remoción de lo sentenciado por los Tribunales con arreglo a la Ley vigente al tiempo en que se dictaron».
Y, por último, vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad».
Una ley, en suma, que se torna «en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho».
