La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha propuesto un «Plan de Choque» para la Administración de Justicia que actúe como «revulsivo» para afrontar sus «problemas estructurales» y «motivar» a los trabajadores de juzgados y tribunales, quienes desde hace años sufren una «sobrecarga endémica» de trabajo.
La situación actual de la Justicia se ha agravado con «conflictos sindicales», unida a la «falta de liderazgo» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que merece «merece una respuesta inmediata y firme» para «volver a ilusionar» a todos los que sirven a la Justicia, según su Secretariado.
«Proponemos, con esa finalidad, un ‘Plan de Choque’ que sirva de revulsivo, y que se base en mayor inversión, más eficiencia y una decidida voluntad de afrontar problemas estructurales de la administración de justicia, que tienen solución si se atacan con medios, inteligencia y cooperación», esgrime el texto difundido por JJpD.
«En definitiva, reclamamos del Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, Fiscalía General del Estado y Consejo General del Poder Judicial que se adopten urgentemente las siguientes medidas», que conforman el mencionado Plan de Choque:
PRIMERO
«Un incremento presupuestario significativo, que permita disponer de recursos para afrontar la sobrecarga de asuntos y las necesidades de Juzgados y Tribunales. Sólo con recursos suficientes podrán plantearse remedios eficaces a las carencias que padece la administración de justicia».
SEGUNDO
«Impulsar el plan de trabajo dentro de la Agenda Justicia 2030 con el fin de cumplir sus tres objetivos: acceso a derechos y libertades, eficiencia del servicio público de la justicia y contribución a la sostenibilidad y cohesión.
«Especialmente los relativos, por un lado, al acceso universal, lenguaje accesible y desarrollo de los planes de igualdad y conciliación.
«Y, por otro, a la mejora de la eficiencia de la administración de justicia, recuperando los proyectos de ley de eficiencia organizativa, digital y procesal, y en particular, los Tribunales de Instancia. En los proyectos citados se proponían medios alternativos de solución de conflictos, procedimientos testigo y extensión de efectos, que mejorarían la respuesta judicial a muchos litigios».
TERCERO
«Poner en marcha inmediatamente la tramitación del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modernice nuestro proceso penal y eleve sus garantías. Ya es hora de pasar de una regulación decimonónica a otra que se adecue a las necesidades del proceso penal en el siglo XXI».
CUARTO
«Incrementar el número de juzgados y tribunales, con el fin de alcanzar una distribución de asuntos asumible, que permita una dedicación suficiente a cada uno de ellos, y una respuesta rápida y de calidad. En particular reclamamos un especial esfuerzo para aumentar los recursos y el número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuya relevante función de protección a la mujer debe ser reforzada».
QUINTO
«Duplicar los recursos destinados a ampliar judicatura y fiscalía. Proponemos que cada año en lugar de 200 plazas para la judicatura y fiscalía se convoquen 400, con el fin de reponer las próximas jubilaciones e incrementar los efectivos para atender la carga de trabajo. Reclamamos, además, que el CGPJ cumpla con la legalidad y convoque las plazas de cuarto turno que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial».
SEXTO
«Elevar el número de becas públicas de los programas para la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal y a los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, con el fin de eliminar barreras socioeconómicas que puedan afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad».
SÉPTIMO
«Mejorar las condiciones laborales y retributivas de quienes prestan servicio en la administración de justicia, procurando unos niveles de trabajo razonables que no perjudiquen su salud laboral».
OCTAVO
«Aumentar los recursos y la remuneración dedicados a la abogacía de oficio, de forma que alcance unos niveles dignos para retribuir su dedicación y la calidad de su actividad profesional».
NOVENO
«Actualizar los umbrales para la concesión del derecho a litigar gratuitamente, con el fin de aumentar el número de personas y familias que accedan al mismo, evitando que la falta de recursos económicos pueda afectar o limitar sus derechos».
DÉCIMO
«Introducir una especialización en materia de familia, infancia y capacidad, con el fin de facilitar desde los tribunales una adecuada respuesta a las crisis que tiene que afrontar».
