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Opinión | Interior rechaza recomendaciones Defensor del Pueblo para controlar uso material antidisturbios de la Policía Nacional
Guillermo Rocafort es profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid; licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.
19/1/2024 06:30
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Actualizado: 19/1/2024 08:24
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A partir del 6 de noviembre del pasado año y coincidiendo con las protestas masivas contra la Ley de Amnistía que promueve el actual Gobierno, hemos visto en la calle Ferraz el lanzamiento por la Policía Nacional contra los manifestantes todo tipo de material antidisturbios; pelotas de goma, bases lacrimógenos, humos fumígenos y hasta hemos visto blandir por policías de paisano porras extensibles de acero.
Más de cien detenciones, sin ninguna prisión provisional que haya ordenado un Juez hasta el momento entre los manifestantes, así como más de mil identificaciones, denotan un celo policial que sin duda ha sorprendido también al mundo judicial, tan colapsado e inoperante en otros ámbitos de la seguridad pública.
En cuanto al uso del gas lacrimógeno en Ferraz, ya está siendo objeto de una investigación penal mediante las oportunas diligencias por el Juzgado de instrucción nº 49 de Madrid gracias a la interposición de una acción penal por parte de una Asociación de la que soy secretario, acción penal muy bien documentada y acreditada con varios vídeos y con el respaldo y supervisión de eminentes juristas penales, en la que por supuesto he colaborado como testigo de unos hechos que todavía me tienen desconcertado por su violencia y falta de justificación.
Estamos trabajando intensamente para procurar descubrir el verdadero alcance de una violencia policial que ha sorprendido tanto a propios y extraños, y hasta a los propios sindicatos policiales que incluso han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid.
Sin duda el daño a la reputación de la Policía Nacional es evidente; una institución que siempre ha gozado del respaldo y aprobación de amplísimos sectores de la sociedad, ahora es vista cada vez más como una institución politizada más, que actúa bajos parámetros estrictamente políticos y no de seguridad ni de orden públicos.
Recomendaciones del Defensor del Pueblo rechazadas por el Ministerio del Interior
En total son tres las recomendaciones que han sido rechazadas, y todas son consultables en la página web del Defensor del Pueblo.
1.- El Expediente número 21004018 del año 2021 recomendaba “Elaborar una normativa complementaria a la existente sobre utilización del material antidisturbios, en la que se concreten de manera detallada los procedimientos de uso del mismo en los dispositivos de orden público que requieran su utilización, en la que se precisen aspectos hasta el momento no contemplados como son los mecanismos de control internos necesarios que eviten la incorrecta asignación de munición o la falta de identificación, tanto del responsable del operativo policial, como del agente actuante en cada caso concreto que pueda suponer eludir las responsabilidades en caso de existir daños a la integridad física de los ciudadanos”.
2.- El Expediente número 12015283 del año 2014 recomendaba “Establecer los mecanismos de información oportunos que permitan analizar y valorar las actuaciones policiales en todos aquellos casos en los que ha sido necesario recurrir al uso de la fuerza, con la finalidad de mejorar los procedimientos de trabajo y evitar la reiteración de consecuencias no deseadas para las personas o los bienes”.
3.- El Expediente número 12009172 del 2013 recomendaba “Proceder a la elaboración de una normativa, que regule la utilización de las armas destinadas a la impulsión y proyección de pelotas de caucho, con el contenido mínimo que se menciona en este escrito”.
Conclusiones de la Investigación
Es evidente, a mi juicio, que el Ministerio del Interior de forma deliberada mantiene a sus Unidades de Intervención Policial en la impunidad, y no es admisible el argumentar que el Estado necesita tener una fuerza policial de esta naturaleza, porque ya nos estaríamos saliendo del Estado de Derecho, y porque además ello acabará generando más desafeción hacia el Estado y su legitimidad para imponer el orden a cualquier precio.
Y que conste, y vaya por delante, que de esta situación son responsables los dos grandes partidos políticos, pues ambos no han hecho nada para evitarla, aunque es cierto que ahora el ojo del huracán se cierne sobre el actual Gobierno por los hechos de Ferraz.
Es evidente que no hay una normativa que regule al detalle los procedimientos de uso del material antidisturbio por la Policía Nacional, ni mecanismos de control interno, ni tampoco para identificar al policía que se extralimite (en la primera queja descrita se llevó a usar por la Policía un cartucho de postas contra los manifestantes); tampoco hay mecanismos de revisión internos de las actuaciones policiales antidisturbios, como se explica en la recomendación segunda, ni tampoco hay una normativa específica relacionada con el uso de las pelotas de goma.
Del lanzamiento de gases lacrimógenos contra miles de manifestantes en Ferraz ya hablaré en otro momento, pero simplemente señalar que este asunto lo hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo al objeto de que realice las oportunas investigaciones y recomendaciones al Ministerio del Interior, y aunque ya sabemos que serán también rechazadas, al menos servirá para que el día de mañana algún Gobierno con mayor responsabilidad sea capaz de regular este asunto tan desconcertante para el Estado de Derecho.
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