Menos de 24 horas han tardado los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en responder a las palabras que se pronunciaron este martes en el Congreso de los Diputados.
En concreto, a las declaraciones de algunos diputados del Parlamento contra el Poder Judicial. Y especialmente, contra los jueces instructores Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, a los que tildaron de «prevaricadores».
«La Justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado« criticaba la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el pleno del Congreso.
Críticas que fueron repetidas por ERC, que aseguró que «los jueces prevaricadores» podrían ser los responsables del rechazo de la Ley. «Lo que falla es el primer principio, que los jueces apliquen la ley», aseguraba la republicana catalana Pilar Vallugera.
Unas manifestaciones pronunciadas en el pleno del Parlamento que han hecho reaccionar a nueve vocales del CGPJ, que han pedido una reunión extraordinaria urgente al presidente interino, Vicente Guilarte.
José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea se han pronunciado así contra estas declaraciones. Y en especial, contra «la aquiescencia y mutismo de la Señora Presidenta de las Cortes», Francina Armengol.
Una situación que los vocales han pedido que sean el punto en el orden del día de este pleno extraordinario solicitado al presidente del órgano judicial.
Los vocales del CGPJ se refuerzan en la Comisión permanente
Planteamiento en el que los vocales, además, han querido poner en relevancia la declaración institucional realizada por la Comisión Permanente el pasado 19 de enero.
Una declaración en la que se ponía de manifiesto que este tipo de manifestaciones «son contrarias al principio de lealtad institucional».
«La separación de poderes es imprescindible para hacer realidad el valor Justicia. Sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores propios del Estado de Derecho», destacaba el escrito.
«Esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia. También el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los que integran el Poder Judicial», estipulaba la Comisión el pasado día 19 de enero.
Unas palabras que ahora vuelven a cobrar importancia tras la sesión en el Congreso de este martes. Una sesión en la que no sólo parecía valorarse las enmiendas de la Ley de Amnistía, sino también el papel de la Justicia. Un papel que, para independentistas y sus aliados, es «prevaricador». Afirmaciones que, para los vocales del CGPJ, es toda una amenaza a la división de poderes, así como al Estado de Derecho.
Petición de pleno extraordinario que ahora deberá ser respondido por Vicente Guilarte, que se encuentra en un momento especialmente delicado. Más aún, después de mostrar su aparente intención de volver a la Universidad de Valladolid de no conseguir un acuerdo de renovación del CGPJ.
