La pandemia del Covid-19 se llevó la vida de más de 70.000 personas durante el año 2020. Pero, a la pérdida de estas miles de vidas, también se sumó una brutal crisis sanitaria, social, y económica.
Así pues, fueron miles las empresas que se vieron afectadas por las decisiones del Gobierno de España de cara a controlar el virus de Wuhan. Especialmente, en los primeros momentos de Estado de Alarma, con el cierre absoluto del país.
Un cierre que supuso la quiebra para muchas empresas. También la pérdida de empleo. Y, de cara a los negocios, miles de euros en pérdidas al no poder llevar a cabo su actividad comercial.
Empresas que llevaron hasta el Tribunal Supremo sus recursos de responsabilidad patrimonial contra el Estado por los efectos del Covid en sus negocios. Recursos que, sin embargo, acabaron en su totalidad con sentencias desestimatorias por parte del alto tribunal.
Algo que ahora tendrá su turno en el Tribunal Constitucional. En concreto, de la mano del grupo de abogados y auditores Acountax, que han presentado un recurso de amparo ante este tribunal en contra de la sentencia desestimatoria del Supremo hacia uno de sus clientes, un grupo hotelero.
Un recurso contra las «sentencias Covid» dividido en tres partes
Tal y como explica el abogado Manuel Lamela, socio director de la firma Accountax Asesores & Auditores a Confilegal, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se compone de tres apartados fundamentales.
En primer lugar, la cuestión «de fondo». Y es que, tal y como destaca el recurso, en la decisión del Supremo se vulneran algunos de los derechos más fundamentales recogidos en la Constitución, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
«La igualdad ante la Ley, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada», enumera el documento judicial.
También el derecho a la reparación de daños, así como el principio de proporcionalidad. Violaciones que se producen, entre otros, por las decisiones durante la pandemia del Covid que no afectaban por igual a las empresas en el territorio nacional. De cara, entre otros elementos, a la negativa del Supremo a que el Estado indemnice por los daños sufridos por todas empresas durante el Estado de Alarma.
Una cuestión que también pone en relieve el abogado de cara a la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el primer Estado de Alarma impuesto por el Gobierno. «Es una buena oportunidad para que se pronuncie sobre su propia sentencia», asegura Lamela.
Del mismo modo, y como segundo punto, el recurso de amparo plantea la indefensión de las empresas durante el procedimiento judicial.
«La Administración no resolvió por vía administrativa», explica el abogado. Una cuestión que llevó a las empresas ante los tribunales, y ante la que, posteriormente, la Abogacía del Estado aportó un informe para justificar el silencio administrativo. Un informe que «no es neutro», pero que ha sido la base para que el Supremo decida desestimar todas las peticiones de indemnización.
Las costas procesales, un elemento «disuasorio»
Sin embargo, son las costas procesales impuestas las que, para Lamela, suponen una «cuestión atroz». Y es que han sido 4.000 euros los que el Tribunal Supremo ha impuesto a las empresas en estos procesos. Algo que hacía que más de 100 empresas tomaran la decisión de no acudir ante el alto tribunal para buscar esta compensación tras el cierre obligatorio por Covid-19.
«No solo lo han desestimado todo, sino que encima han impuesto 4.000 euros de costas», lamenta el abogado a Confilegal.
Una cuestión que hace que, a pesar de que este proceso está dentro de la libertad ciudadana, las costas procesales se hayan convertido aparentemente para el Supremo en un «elemento disuasorio» para evitar tener que analizar más sentencias a este respecto.
Algo que, para Manuel Lamela, es profundamente preocupante. «Son unas circunstancias inéditas, sin jurisprudencia. Sin resolución administrativa», explica el abogado, que lamenta este aparente abusivo coste del proceso para las empresas. Más aún, teniendo en cuenta que, del otro lado, se encuentra el Estado.
Un planteamiento ante el que ahora se presenta este recurso ante el Tribunal Constitucional. Un paso que podría no ser el último, ya que los abogados de este caso parecen estar dispuestos a llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en busca de respuestas de esta responsabilidad patrimonial derivada del Covid-19.
lgo que, a día de hoy, sigue haciendo que centenares de empresas cierren sus puertas. Y en esta ocasión, sin regreso.
