El ministerio de Justicia parece no encontrar asesores expertos en Derecho de la Unión Europea. En concreto, la Dirección Adjunta de Medios Personales y Materiales de la Abogacía General del Estado. Y es que ha quedado desierta la licitación de un contrato para contar con un especialista en derecho internacional para la Abogacía del Estado.
Un contrato basado, según el Portal de Transparencia, en el “servicio de asesoramiento jurídico especializado y de la realización de informes sobre Derecho de la UE”. Y por el que el Ministerio de Justicia estaba dispuesto a pagar un total de 50.000 euros, como presupuesto base de licitación (sin impuestos).
Documentación y apoyo experto necesarios para la Abogacía General del Estado de cara a la defensa del Gobierno español en el proceso arbitral denominado Sevilla Beheer BV c. Reino de España.
“El 22 de mayo de 2023, el tribunal de arbitraje entre Sevilla Beheer y España emitió el laudo en el que condenó al Estado español a pagar 6.756.894 euros, más intereses, como indemnización por daños y perjuicios causados a su inversión resultantes de la violación del Tratado de la Carta de la Energía”, destaca el portal digital Ciar Global.
En concreto, por las reformas realizadas en 2010 y 2014 en políticas de incentivos a las energías renovables.
Derecho de la UE que se queda sin licitación desde Justicia
Un caso que comenzaba en febrero de 2022, y ante el que el Reino de España presentaba hasta dos solicitudes de reconsideración. Eso sí, sin resultado.
Y es que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), fallaba en contra de los intereses de España, a la que condenaba a pagar una indemnización de más de 6 millones de euros.
Contexto en el que desde Justicia se buscaba asesoramiento experto en Derecho de la UE para conseguir un resultado positivo en el procedimiento de anulación.
“El trabajo a realizar será el asesoramiento jurídico especializado y la elaboración de dos informes en Derecho de la Unión Europea en el procedimiento de anulación que sirvan para rebatir los argumentos aducidos por el Tribunal Arbitral en el Laudo dictado en el procedimiento arbitral Sevilla Beheer”, destaca la licitación oficial.
Un contrato en el que la administración se comprometía a diversas reuniones, así como a proporcionar la información necesaria y conveniente para el caso. Del mismo modo, el contrato también contemplaba el abono de los gastos de viaje y auxiliares. Eso sí, estipulándose que debían producirse en hoteles de tres o cuatro estrellas, uso de transporte público, o billetes en clase turista, que fuesen necesarios. Todo ello, durante tres años de duración del contrato.
Condiciones que, sin embargo, no han sido suficientes para contar con un adjudicatario.
Así pues, con un proceso de selección de apenas 15 días durante este mes de febrero, la licitación ha quedado desierta de candidatos. Algo que hace que, al menos de momento, la Abogacía General del Estado se quede sin expertos asesores para este caso abierto de arbitraje en la UE. Un caso que puede costar a las arcas públicas más de seis millones de euros.
