Aunque la ley de amnistía catalana ni siquiera se ha aprobado, ya está provocado situaciones insólitas en el ámbito judicial, evidenciado por un incidente inusual en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Langreo, población a 25 km al sur de Oviedo, en el Principado de Asturias.
Un individuo arrestado bajo sospecha de violencia de género destrozó violentamente la cámara de seguridad instalada en su celda, lo cual derivó en un juicio rápido por los perjuicios causados a las instalaciones y, por lo tanto, al patrimonio de la Administración.
Al aceptar la sentencia de conformidad –por la que reconocía los hechos y obtenía una rebaja de la condena– el acusado causó estupor a todos los presentes y, de un modo especial, a su señoría, el magistrado Héctor Fernández, al pretender que se creyera que la razón por la que había provocado dichos daños había sido «por la independencia de Cataluña», según informa el periódico La Nueva España.
El acusado afirmó que «creyó estar» en una comisaría de los Mossos d’Esquadra. Literal.
No especificó cómo se había «trasladado» a 800 kilómetros de distancia. Si había tomado alguna droga que le hizo ver alucinaciones, si había visto muchos capítulos de «Star Trek», serie en la que los seres humanos se transportan desmaterializándose en un sitio y materializándose en otro y daba por hecho que esa era la realidad, o si había sido aducido previamente por extraterrestres, lo cual habría sido de interés para Iker Jiménez.
Tampoco nadie se lo preguntó.
A los presentes en la sala de vistas, y, especialmente, al magistrado, les quedó bastante claro que aquello era un ejercicio de picaresca. El
Nadie se tragó de que el destrozo que produjo en la cámara de televisión de circuito cerrado no fue «por la independencia de Cataluña».
Le habían detenido e internado en la celda acusado de un caso de supuesta violencia de género. La ira que sintió por verse entre esas cuatro paredes le llevó a emprender a golpes contra la cámara de circuito cerrado, valorada en 660.62 euros.
El magistrado Fernández lo condenó, precisamente a eso, a pagar los 660,62 euros a la Dirección General de la Policía. Además, le impuso una multa de cuatro meses. Una sanción leve.
No es la primera vez que alguien intenta escaquearse a cuenta de la ley de amnistía catalana. También ha ocurrido con la «ley trans», buscando lo mismo: atenuar las acusaciones y las sentencias por los delitos cometidos.
Al protagonista de esta historia se le informó que la ley de amnistía todavía no estaba vigente porque el Parlamento no la había aprobado. Así y todo insistió en que se incluyera su declaración. Por si podía colar.
Cuando redacte su sentencia, el magistrado Fernández tendrá que decidir si recoger la declaración del condenado de que lo hizo porque «se sentía» en una comisaría de los Mossos o si trataba de eludir la ley.
Sea como fuere, las palabras del condenado en esta causa no tendrán ninguna trascendencia jurídica.
Nadie se lo creyó.
