El Consejo General de la Abogacía Española y la Fiscalía General del Estado comenzarán a trabajar la semana que viene en las reformas necesarias para reforzar el protocolo de actuación para juicios de conformidad entre los profesionales de la abogacía y los miembros del Ministerio Fiscal.
El primer encuentro se producirá el próximo día 3 de abril y en él participarán representantes de ambas instituciones.
La celebración de estos encuentros y la reforma del protocolo es consecuencia de la declaración institucional en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad difundida el pasado 15 de marzo de 2024 por el Consejo General de la Abogacía Española.
La declaración fue motivada por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación y por el comunicado difundido por la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con la denuncia interpuesta por dicha Fiscalía contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En esa declaración, el CGAE, exigía investigar a fondo lo sucedido para para identificar al autor con el objetivo de «iniciar acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda», lo que son palabras palabras mayores pronunciadas por un órgano como este. Cosa que los 83 decanos, que representan a los 148.000 abogados, consideran «imprescindible».
Igualmente, señalaban que este tipo de actuaciones deben realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril, sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación o el Protocolo de conformidades que suscribieron el CGAE y la Fiscalía para impedir que se puedan revelare datos que perjudiquen la posición del investigado.
Lo cierto es que la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe.
La aludida declaración institucional contemplaba, además de la creación de una comisión mixta, la exigencia del máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones entre las partes como garantía del Estado de Derecho, así como que se adoptasen las medidas oportunas para evitar que se vuelvan a producir este tipo de actuaciones.
